Definición de pensión

 

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Referencia bibliográfica: Cas. Prev. Nº 2795-2006-Lambayeque; vista el 18 de octubre de 2007; reproducida en Agenda Magna el 4 de diciembre de 2008.

El derecho a la pensión se constituye en una manifestación de la garantía institucional de la seguridad social, pero como todo derecho fundamental prestacional no puede ser considerado como simples emanaciones de normas programáticas, si con ello pretende describírseles como atributos diferidos carentes de toda exigibilidad en el plano jurisdiccional, pues justamente su mínima satisfacción representa una garantía indispensable para la real vigencia de otros derechos fundamentales, y, en última instancia, para la defensa misma de la persona humana y el respeto de su dignidad.

CAS. PREV. Nº 2795-2006 LAMBAYEQUE

Lima, dieciocho de octubre del dos mil siete.-

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.

VISTA; la causa número dos mil setecientos noventa y cinco – dos mil seis; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Andrés Flores Chavesta mediante escrito de fojas ciento cuatro, contra la sentencia de vista corriente a fojas noventa y nueve su fecha nueve de agosto del dos mil seis, que confirma la sentencia apelada de fecha veinte de marzo del dos mil seis obrante a fojas setenta, que declara infundada la demanda sobre impugnación de resolución administrativa ficta referida al pago de intereses legales de las pensiones, formulada contra la Oficina de Normalización Previsional. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha veinte de abril del dos mil siete corriente a fojas catorce del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación del accionante por la causal de interpretación errónea del artículo 1333º del Código Civil.

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, los derechos fundamentales deben ser concebidos no sólo como derechos públicos subjetivos, esto es, libertades que garantizan sólo un status negativo oponible al Estado, sino también como verdaderos valores supremos que constituyen el componente estructural básico del orden constitucional en razón de ser su expresión jurídica que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política. Este sistema de valores, que encuentra su punto central en el libre desarrollo de la personalidad y en la dignidad del ser humano, vale como una decisión constitucional fundamental para todos los ámbitos del derecho: legislación, administración y jurisdicción, que reciben de ella sus líneas orientativas y su impulso, lo que significa que los derechos fundamentales no sólo demandan abstenciones o que se respete el ámbito de autonomía individual garantizado en su condición de derechos subjetivos, sino también verdaderos mandatos de actuación y deberes de protección especial de los poderes públicos.

Segundo.- Que, bajo este marco el derecho a la seguridad social y el derecho a la pensión son elementos esenciales que configuran el mínimo existencial necesario para garantizar una vida plena tanto en su aspecto formal, como en la dimensión o, en otras palabras, una vida digna. Por tal razón, una pensión constitucionalmente protegida sólo será aquella que se sustenta en el principio de dignidad de la persona humana.

Tercero.- Que, conforme con los artículos 10º y 11º de la Constitución Política del Estado, la seguridad social se instituye como una garantía institucional del derecho a la pensión, al posibilitar su vigencia según los parámetros correspondientes a un Estado social y democrático de derecho y se concreta en un complejo normativo estructurado al amparo de la doctrina de la contingencia y la calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un supuesto fáctico que condiciona el otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, regida por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del mantenimiento, sino en ‘la elevación de la calidad de vida’, pero que para poder operar directamente, a diferencia de un derecho fundamental clásico, requiere de configuración de rango legal.

Cuarto.- Que, así el derecho a la pensión se constituye en una manifestación de la garantía institucional de la seguridad social, pero como todo derecho fundamental prestacional no puede ser considerado como simples emanaciones de normas programáticas, si con ello pretende describírseles como atributos diferidos carentes de toda exigibilidad en el plano jurisdiccional, pues justamente su mínima satisfacción representa una garantía indispensable para la real vigencia de otros derechos fundamentales, y, en última instancia, para la defensa misma de la persona humana y el respeto de su dignidad.

Quinto.- Que, justamente a fin de cautelar la plena satisfacción y cautela del derecho a la pensión inescindiblemente vinculado al derecho a la vida y al principio de dignidad humana la Segunda Disposición Transitoria de la Constitución Política del Perú señala que el Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional. Esta disposición impone expresamente al Estado su deber de pagar las pensiones que administra, que por principio general deben reunir las características de: a) Identidad entre lo ejecutado y lo debido; b) Integridad del pago, esto es, que la prestación se haya ejecutado totalmente; c) Indivisibilidad del pago, es decir, la prestación no puede ser cumplida en forma parcial; y d) Oportunidad, esto es, dentro del plazo legal contemplado.

Sexto.- Que, obviamente cuando la Administración Pública incumple con su deber de pagar una pensión o lo hace en forma inoportuna o diminuta no sólo transgrede este deber particular, sino que esta conducta resulta pluriofensiva al importar a su vez la infracción a su deber especial de protección de los derechos fundamentales habida cuenta que se ven lesionados también los derechos fundamentales a la pensión lo que comporta la vulneración del derecho a la seguridad social y finalmente una agresión al respecto del derecho a la dignidad humana.

Séptimo.- Que, en ese sentido es necesario tener presente que la pensión de jubilación está destinada a cubrir las contingencias económicas que se producen como consecuencia del cese en la vida laboral, siendo su monto predeterminado por criterios de cálculo estrictamente legales de aplicación obligatoria para la Administración. La determinación judicial de un error en la Administración, cometido al momento de otorgar la pensión, significa que el pensionista no ha recibido el monto que resulta de la aplicación de dichos criterios que predetermina la Ley.

Octavo.- Que, este error legal de la Administración causa un daño manifiesto al pensionista, el cual debe ser necesariamente resarcido, lo cual implica entonces el resarcimiento efectivo de un derecho constitucional. No se trata de la restitución del derecho que tiene naturaleza preventiva de daños futuros y que es ordenada por el juez en un proceso de amparo, sino de la naturaleza estrictamente indemnizatoria de orden patrimonial. Tratándose de una deuda dineraria pagada de manera extemporánea, el mecanismo pertinente para la indemnización es el interés moratorio, conforme lo establece el artículo 1242º del Código Civil que establece propiamente dicha naturaleza indemnizatoria.

Noveno.- Que, el resarcimiento efectivo de un derecho constitucional con contenido patrimonial, exige que el pago del interés se realice desde el momento efectivo en que se debió pagar la pensión en su integridad. Este momento es determinado por la Administración de acuerdo con las normas pertinentes de orden administrativo, que establecen el deber de pagar la pensión desde el momento en que habiendo cesado el actor en sus labores se produce la contingencia en la que ocurren una edad determinada y años de aportación.

Décimo.- Que, el artículo 1333º del Código Civil que regula la mora automática y la mora con intimación no resulta de aplicación inmediata al presente caso, en tanto la obligación de pagar los intereses moratorios por los daños producidos por el retardo en el pago surge de la propia naturaleza del derecho constitucional afectado; sin embargo, de autos se advierte que las sentencias de mérito aplican al presente caso el artículo 1333º primer párrafo y el inciso 4) del mismo artículo del Código Civil, por ende realizaron una interpretación errónea del artículo 1333º del Código Civil; en consecuencia, conforme a los argumentos precedentes corresponde declarar fundado el recurso de casación.

Undécimo.- Que, la relación de deuda dineraria entre el Estado y el pensionista admite que sea aplicada la naturaleza indemnizatoria de los intereses moratorios que propiamente es de orden general, pero no la regla específica civil respecto a las reglas del momento en que surge la obligación de pagar intereses moratorios, pues la naturaleza del daño es de orden distinto y superior; es decir, de rango constitucional, siendo necesario que el momento en que se inicia la obligación de pagar el resarcimiento sea acorde con la finalidad del Estado respecto de las agresiones sufridas por derechos constitucionales.

Duodécimo.- Que, ya habiendo quedado definida en jurisprudencia vinculante previa que las deudas previsionales si generan intereses moratorios, queda establecido mediante la presente resolución que dichos intereses se generan desde producida la contingencia y en concordancia con cada uno de los considerandos precedentes.

FALLO:

Por estas consideraciones; declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento cuatro por Andrés Flores Chavesta; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas noventa y nueve de fecha nueve de agosto del dos mil seis; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de primera instancia de fecha veinte de marzo del dos mil seis corriente a fojas setenta, que declara infundada la demanda de pago de intereses de las pensiones devengadas; REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda sobre pago de intereses legales de las pensiones devengadas del período veintitrés de marzo del dos mil al treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro; en consecuencia, NULAS las resoluciones fictas denegatorias de su solicitud de pago de intereses legales de las pensiones devengadas; ORDENARON que la Oficina de Normalización Previsional expida resolución administrativa disponiendo el pago de los intereses de las pensiones devengadas a partir de fecha de la contingencia, esto es, treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos contra la Oficina de Normalización Previsional sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y los devolvieron.- Interviniendo como vocal ponente el señor Rodríguez Mendoza.-

SS. RODRIGUEZ MENDOZA, VILLACORTA RAMIREZ, ACEVEDO MENA, HUAMANI LLAMAS, ESTRELLA CAMA


Información solicitada por:

  • Fernando R. Velezmoro Pinto, Jefe del Área de Derecho Constitucional de las publicaciones Jus y Coordinador General de la Revista Jus-Constitucional.
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Comentarios

  • daniel cordova  On octubre 5, 2011 at 5:02 pm

    POR todo lo que he leido acerca de estos casos de procedencia o no procedencia `por medio de resoluciones de tipo administrativo o judiciales presentados ante la o.n.p. he concluido que pertenecen a años anteriores yo quisiera informarme de casos mas actuales llamese años 2010 por citar un ejemplo y los acuerdos aque se han tomado recientemente sobre esste tema de pago de devengados. Esperando porderle haber dado mi punto de vista QUEDO de vds. muy atte. julio daniel cordova bobbio D.N.i 02600915

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