El control del plazo en el nuevo Código Procesal Penal

 

  Referencia bibliográfica: Burgos Alfaro, José: El control del plazo en el nuevo Código Procesal Penal; publicado en Estafeta jurídica el 4 de septiembre de 2008; reproducido en Agenda Magna el 6 de enero de 2009.

Por José Burgos Alfaro.

Introducción

Conforme a la Casatoria N° 02-2008-Trujillo de fecha tres de junio del presente año, se resolvió el recurso de casación por inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal; debido proceso y el principio de legalidad[1][1] contra el auto que declara fundado el control del plazo y ordena la conclusión de la investigación preparatoria disponiendo que los autos se devuelvan al Juez de la Investigación Preparatoria a fin de que continúe con el plazo de ley; en el proceso seguido contra José Luís Montero Saldaña y otro, por el delito de hurto agravado, en agravio de Segundo Ernesto Guarniz Supo.

En el distrito judicial de Huaura, conforme al cuaderno 170-25-2008 de control del plazo de las investigaciones preliminares creado ante el Juzgado Penal de la Investigación Preparatoria Transitorio, a solicitud de la defensoría de oficio, se admite la apelación que interpuso, por cuanto dicha instancia había declarado carecer sin objeto pronunciarse sobre dicha solicitud al haber cumplido el Ministerio Público la formalización de la investigación preparatoria. Al elevarse el cuaderno a instancia superior, la Sala Penal de Apelaciones califica el recurso [resolución número seis, fecha: 23/06/2008] y declara nulo el consesorio al advertir que el abogado impugnante no indicó cuál era el dispositivo que le autorizaba formular apelación contra la resolución materia de grado.

He deseado empezar el comentario de la Casación 02-2008-Trujillo haciendo una comparación con el cuaderno de control del plazo 170-25-2008-Huaura, donde el Juez de primera instancia decide elevar el cuaderno al Superior Jerárquico y éste, al calificarlo lo declara nulo, porque considera que estos autos emitidos en primera instancia no son apelables.

Cabe indicar que el articulo 416°.1 del Código Procesal Penal, señala que: “El recurso de apelación procederá contra a).- las sentencias, b).- los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o a la instancia, c).- los autos que revoquen la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio o la conversión de la penal, d).- los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva, y e).- los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable.” Asimismo el artículo 404°.1 del Código Adjetivo: “las resoluciones judiciales son impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la Ley”.

Es de tenerse presente que el articulo 405°.3 del Código Procesal Penal, establece que el Juez que deba conocer la impugnación, aún de oficio, podrá controlar la admisibilidad del recurso y, en su caso, podrá anular el concesorio, por lo que la Sala Penal de Apelaciones del distrito judicial de Huaura, ha establecido, en mayoría, que puede declarar nulo el concesorio e inadmisible el recurso de apelación directamente antes de conferir el traslado de la apelación al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días, tal como establece el artículo 420°.1 de la nueva norma procesal penal. Aunque la norma expresamente señala que esta inadmisibilidad lo hace el “Juez” entendiéndose como un órgano monocromático mas no como Tribunal que es la naturaleza de la que está compuesta la Sala Penal de Apelaciones, osea, conformada por tres miembros.

La elevación y la no elevación del auto que resuelve un control del plazo hacen que exista un criterio diferente y quizás confuso, tomado por la Sala Penal de Apelaciones de Trujillo, como la Sala Penal de Apelaciones de Huaura, y es que el articulo 416°.1 en su literal e) del Código Procesal Penal, denota que el recurso de apelación procederá contra los autos que causen gravamen irreparable, dejando así este inciso, a criterio tanto del Juez de primera instancia, como de la Instancia Superior quien también califica el recurso para admitir o no admitir una apelación.

Investigación Preliminar vs Investigación Preparatoria

El Control del Plazo, no es otra cosa que el control procesal, constituido por mecanismos procesales para controlar la actividad persecutoria del Ministerio Público, especialmente cuando afecten derechos fundamentales[2][2]. En el caso de la Casación que nos ocupa, el abogado defensor del imputado solicita al Juzgado que se dé por concluida la investigación preparatoria, al considerar que ha excedido en el límite que permite el artículo 343° del Código Procesal Penal donde indica que :

“1. Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta Disposición se notificará al denunciante y al denunciado.

            2. El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo 3°, es de veinte días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la Disposición que corresponda. Si el Fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al Juez de la Investigación Preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El Juez resolverá previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante. (…)”

El Juez de la Investigación Preparatoria declara infundada dicha solicitud en audiencia. El abogado defensor interpone recurso de apelación. La audiencia de apelación de auto que declara infundada la solicitud de control del plazo revoca lo apelado y declara fundado el control del plazo ordenando la conclusión de la investigación preparatoria y dispone devolver el incidente al Juez de la Investigación Preparatoria para que continúe con el plazo de ley; fundamentando que el nuevo Código Procesal Penal existe sólo una fase de investigación que es la Investigación Preparatoria a cargo del Ministerio Público conforme lo establece el artículo 337° de la ley procesal en que refiere:

“2.- Las diligencias preliminares forman parte de la Investigación Preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la investigación. (…)”

Debemos de considerar que el Fiscal debe de calificar la denuncia[3][3], que no sólo es dentro de un carácter formal, sino debe tener un plazo razonable para obtener evidencias de las que le servirán para poder formalizar; por lo que, primero, debe de tener presente que, si este hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, ordenando su archivamiento[4][4]; pero si no fuese así, el Código Procesal Penal otorga este plazo de veinte días para obtener los indicios reveladores de la existencia de un delito, que haya advertido que la acción penal no ha prescrito, y haya podido individualizar al imputado. Si considera que no existen estas posibilidades de archivamiento y al obtener información positiva de sus diligencias preliminares tendrá que continuar con la otra sub etapa que es la investigación preparatoria propiamente dicha, quien previamente tendrá que satisfacer los requisitos que le exige su formalización, como son[5][5]: a) el nombre completo del imputado; b) los hechos como la tipificación penal; c) el nombre del agraviado, si fuera posible; y, d) las diligencias que de inmediato deban actuarse.

Todos estos requisitos son exigidos en la disposición fiscal de formalización que deberá comunicarla al Juez de la Investigación Preparatoria, como a los demás intervinientes[6][6].

Otra diferencia son las mismas diligencias preliminares con los actos de la investigación preparatoria. El artículo 330°.2 del Código Procesal Penal nos ilustra que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente. Esta etapa tiene carácter secreto, por lo que el Fiscal en ningún momento puede dar publicidad o comunicar por cualquier medios sobre estas diligencias salvo a las personas interesadas. En cambio, las diligencias de la investigación preparatoria propiamente dicha, el Fiscal puede[7][7]: a) disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de las demás personas que se encuentren en posibilidad de informar sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación. Estas personas y los peritos están obligados a comparecer ante la Fiscalía, y a manifestarse sobre los hechos objeto de investigación o emitir dictamen. Su inasistencia injustificada determinará su conducción compulsiva; b) exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso. Asimismo, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitarle al Fiscal diligencias que ellos consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, solicitud que no podrá ser atendida dentro de las diligencias preliminares. Es por eso que el Código indica que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria porque será de estas diligencias lo que el Fiscal se basará para formalizar y judicializar el proceso, pero de ninguna manera considerar que el plazo de los veinte días que ofrece el artículo 334°.2 estén dentro o sean parte de los ciento veinte días que indica el artículo 342°[8][8] del Código Procesal Penal.

Además, si el Fiscal al recoger indicios o elementos de convicción suficientes en la etapa preliminar, puede decidir ya no formalizar y saltarse esta etapa acusando directamente. Si se considerara que estas dos sub etapas que integran la investigación preparatoria sean sólo una, le quitarían esa facultad de prescindir de la formalización y estar en la obligación de formalizar y esperar ciento veinte días más para acusar, siendo para él innecesario, al considerar que ya ha obtenido todos los elementos suficientes para sindicar al imputado como autor del hecho delictivo[9][9].

También existen recojo de pruebas, como la prueba anticipada y la preconstituida, que a pesar que en la doctrina muchas veces se entrecrucen sus conceptos, existirá un gran contraste entre ellos; y eso lo da justamente la diferenciación de estas dos sub etapas de investigación fiscal, pues la prueba preconstituida se dará en las diligencias preliminares y la prueba anticipada en la investigación preparatoria, aunque el término prueba en si no sería el más adecuado, pues para que sea considerada como tal debe de existir inmediación y contradicción por lo que deberá ser ofrecida y admitida en una audiencia preliminar que se llevará a cabo en la fase intermedia cuando el Fiscal presente su requerimiento luego de concluir su investigación[10][10], o en otros casos excepcionales que establece la misma norma procesal.

El articulo 338°.4 del Código Procesal Penal indica que cuando el Fiscal, salvo las excepciones previstas en la Ley, deba requerir la intervención judicial[11][11] para la práctica de determinadas diligencias, la actuación de prueba anticipada o la imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar la investigación, a menos que lo hubiese realizado previamente. En este párrafo también nos indica la diferencia de estas dos sub etapas, porque la actuación de la prueba anticipada será dentro de la formalización de la investigación y no en las diligencias preliminares y estas actuaciones para que tengan validez deberá de tener un pronunciamiento jurisdiccional, en este caso, del Juez de la Investigación Preparatoria[12][12]; pero existen otros actos en las que sí interviene el Juez de la Investigación Preparatoria en la etapa preliminar pero no para confirmar un acto de investigación sino para garantizar este acto. Si sabemos que el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, pareciera que sería innecesario que un Juez intervenga dentro de sus investigaciones por ser éste el director de sus propias diligencias[13][13]. Es como si en una orquesta de músicos el dueño del hemiciclo le diga al director de esta orquesta que detenga la canción porque le parece muy extensa, o porque cree que unos de sus músicos no está tocando como debiere; y es que no se debe de pensar que el Juez de la Investigación Preparatoria interviene para interrumpir o entorpecer la dirección de la investigación que tiene el Fiscal como facultad, siendo además el defensor de la legalidad; sino que el Juez de la Investigación Preparatoria será el garante de esa legalidad; es por eso que también se le conoce como Juez de Garantía, que no es otra cosa que garantizar los actos de investigación que realice el Fiscal que deben estar dentro de un marco constitucional. Claro que no es indispensable que garantice todos los actos, sino sólo los que pueda presumirse que se está atentando contra los derechos del imputado, como por ejemplo cuando el imputado considere que no se ha dado cumplimiento a conocer de sus derechos que estipula el articulo 71°[14][14] o porque considera que existe un excesivo tiempo sobre el recojo de las diligencias preliminares.

Esta dirección establecida tanto por el Código Procesal Penal, como por la Constitución, representa el único momento en que el Fiscal puede desplegar su actuación como autoridad, que luego es perdida en las posteriores etapas del proceso – intermedia y del juicio oral – de la que luego es sometido a la autoridad de los jueces o colegiado[15][15]. Esta intervención del Juez de la Investigación Preparatoria no es considerada como una judicialización del proceso, sino que será el garante sobre la legalidad de los actos de investigación fiscal sobre la aplicación correcta de la ley; es por ello que su intervención en estos dos casos no le impide al Fiscal archivar unilateralmente la denuncia sin pronunciamiento judicial al concluir dentro de su calificación que el hecho no podrá judicializarse al tener defectos formales.

A lo expuesto, podemos decir que otra diferencia de los actos de investigación preliminar a los de la investigación preparatoria es que llega a obtener dos efectos procesales: la primera, que la formalización de la investigación suspende el curso de la prescripción de la acción penal; y, segundo, que el Fiscal pierde la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial.[16][16]

Otra diferencia, es lo que la misma norma procesal nos ofrece, y son los artículos 342°.2 y 344°.2 del Código Procesal Penal. El artículo 342°.2 indica lo siguiente: “Si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior el Fiscal no dé por concluida la Investigación Preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al Juez de la Investigación Preparatoria. Para estos efectos el Juez citará al Fiscal y a las demás partes a una audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda. (…)”

El artículo 344°.2 nos señala que: “El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo 3°, es de veinte días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la Disposición que corresponda. Si el Fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al Juez de la Investigación Preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El Juez resolverá previa audiencia, con la participación del Fiscal y del solicitante. (…)”

Los dos controles del plazo separados por normas diferentes, claramente indica que existe diferenciación sobre ellas tanto en su naturaleza formal como procesal. Porque el primer control, – exceso de duración de las diligencias preliminares o plazo irrazonable, llamado así por el Reglamento de Audiencias – es para que el imputado sepa si va a existir una investigación formal en su contra, teniendo aún calidad de “citado”. En cambio, en la etapa de la investigación preparatoria, sabe que está siendo investigado formalmente por un delito específico y en agravio de alguien. Sabe formalmente que la investigación se ha judicializado conforme al artículo 3°[17][17] del Código Procesal Penal, al ser comunicada esta disposición de la formalización al Juez de la Investigación Preparatoria; sabe qué diligencias realizará el Fiscal conforme al artículo 336°.2 literal d) y; sabe que puede presentar excepciones y medios de defensa[18][18] ante el órgano jurisdiccional anticipando la conclusión que obtenga el Fiscal al finalizar su investigación.

La Casación 02-2008-Trujillo

A pesar que en el quinto considerando de la casación declara bien concedido el recurso en conformidad con el artículo 427°[19][19], también considera necesario el pronunciamiento para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, en este caso, respecto del control del plazo de la Investigación Preparatoria.

El sexto considerando indica que la doctrina hace alusión a tres clases de plazos, como son:

a) El plazo legal (establecido por la ley)[20][20];

b) el plazo convencional (establecido por mutuo acuerdo de las partes)[21][21];

c) el plazo judicial (señalado por el Juez en uso de sus facultades discrecionales).[22][22]

El Sétimo considerando señalar lo siguiente:

a) Que el inciso 337°.2 del Código Procesal Penal, establece que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, y ésta a su vez tiene un plazo de ciento veinte días naturales, prorrogables por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales, conforme al artículo 334°.1;

b) En ese orden de ideas, la etapa de la investigación preparatoria presenta a su vez dos sub etapas: la primera correspondiente a las diligencias preliminares y la segunda que corresponde a la investigación preparatoria propiamente dicha. En ese contexto, la fase de diligencias preliminares tiene un plazo distinto, el mismo que está sujeto a control conforme dispone el inciso segundo del numeral ciento cuarenta y cuatro del Código Procesal Penal; control que tiene fundamental importancia para una tramitación adecuada y eficiente del proceso.

El octavo y noveno considerando detalla que, el plazo establecido en el artículo 342°.1 del Código Procesal Penal, debe computarse a partir de su comunicación en virtud a los establecido en el artículo inciso 143°.2[23][23], señalándose además, que, esa es la razón por la cual en cada una de esas fases, diligencias preliminares e investigación preparatoria, el Código Procesal Penal prevé la posibilidad de que los justiciables y fundamentalmente el imputado pueda promover mecanismos de control del plazo de la investigación, que se regula de manera diferenciada tanto para la fase de las diligencias preliminares como para la investigación preparatoria propiamente dicha.

Que, la formalización de la investigación preparatoria tiene como una de sus finalidades trascendentes la legitimación de los sujetos procesales, de manera que es recién a partir de dicho acto procesal que los mismos pueden constituirse y ser como tales en el proceso para el efectivo ejercicio de sus pretensiones, debiendo tenerse en cuenta, además, que según dispone el artículo 321°[24][24], la investigación preparatoria tiene como finalidad reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo.

La Casación concluye que, los plazos para las diligencias preliminares de veinte días naturales y el que se concede al Fiscal para fijar uno distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación son diferentes y no se hallan comprendidos en los ciento veinte días naturales más la prórroga a la que alude la norma pertinente que corresponden a la investigación preparatoria propiamente dicha.

Finalmente, precisa que si bien los plazos referidos son distintos, es fundamental que el plazo de las denominadas diligencias preliminares y fundamentalmente el plazo adicional al de los veinte días que el artículo 334° le autoriza al Fiscal en casos que por sus características revistan complejidad, no debe ser ilimitado y, si bien en cierto, en este extremo de la norma no se precisa de manera cuantitativa cual es su límite temporal, también es verdad que ello no puede afectar el derecho al plazo razonable que constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso; que por lo demás, deben entenderse como excepcionales, ponderándose el plazo máximo de duración atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo tenerse siempre presente que las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables conforme lo dispone el artículo 330° de la ley procesal penal y que por estas consideraciones la fase de las diligencias preliminares no podría en la hipótesis extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el articulo 342° de la ley procesal penal.

Conclusión

El plazo de las diligencias preliminares de los veinte días naturales y el que se concede al Fiscal para fijar uno distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación son diferentes y no se hallan comprendidos en los ciento veinte días naturales más la prórroga a la que alude la norma pertinente, que corresponden a la investigación preparatoria propiamente dicha.

Esta jurisprudencia podría resolver los casos en que el Fiscal aplique el Principio de Oportunidad. Sabemos que el Ministerio Público posee la facultad de prescindir del principio de legalidad por motivos de utilidad social o por política-criminal para descongestionar la Administración Pública por tener mínima afectación al interés público, entre otros criterios que adopta el Fiscal como excepción a la regla general de perseguir el delito[25][25].

La aplicación del Principio de Oportunidad dentro de la etapa preliminar puede disponer un periodo extendido para su ejecución difiriendo sobre los veinte días que establece la norma procesal, por ser su naturaleza reparadora del daño causado, buscando que el imputado resarce el daño dentro de un determinado tiempo. Si el Fiscal aplicara el articulo 334°.2 y fija un plazo distinto – motivado por la aplicación del Principio de Oportunidad – según a las circunstancias de los hechos objeto de investigación, esta ampliación del plazo de los veinte días, no podrá exceder al plazo máximo de la investigación preparatoria, por lo que se podría considerar que la ejecución de un Principio de Oportunidad en la etapa preliminar no puede excederse por más de ciento ochenta días naturales (ciento veinte días, mas la prórroga de los sesenta días que establece la norma procesal). El Fiscal deberá de señalar en el acta el pago que se realizará utilizando estos extremos de las diligencias preliminares sin excederse del plazo máximo que regula el artículo 342°.

El sentido procesal que quiso dar el legislador en considerar que las diligencias preliminares es parte de la investigación preparatoria no fue para unir los plazos que eran distintos, sino para otorgarle la facultad al Juez de la Investigación Preparatoria ser el garante de la legalidad de los actos de investigación fiscal y no dejar al Fiscal solo en la etapa preliminar sin que exista un debido control en casos en que algún citado o interviniente se sienta que se le está vulnerando sus derechos por una excesiva duración de estas diligencias o cuando considere que no se le han hecho saber sus derechos fundamentales que la Constitución y el Código Procesal Penal le conceden.

Las audiencias de Control del Plazo no se realizan en el acto, sino conforme al cronograma de audiencias, porque su instalación podría demorar días o quizás semanas. Si la etapa de la Investigación preparatoria de los ciento veinte días concluyó y el investigado solicita control del plazo, su solicitud aun demorará en resolverse, y si se declara fundada, al Fiscal se le otorga mayor tiempo – entre el vencimiento de los ciento veinte días hasta el día de realizada la audiencia – para que se pronuncie y solicite sobreseimiento, o, en todo caso, formule acusación[26][26]. Por lo que considero que este párrafo del artículo 343°.3 de la norma procesal penal debe de modificarse en el extremo de que el Fiscal deberá de pronunciarse en un plazo de cuarenta y ocho horas al término de la audiencia de Control del Plazo para que solicite sobreseimiento o formule acusación.

Esperamos que las demás audiencias de control establecidas en el nuevo Código Procesal Penal se realicen en la práctica para seguir debatiendo y uniformizando criterios que van a colaborar a una mejor implementación de la norma procesal en nuestro país que muchas veces se acelera y, otras, se desacelera, en cuanto a la vigencia total que debe ir acorde con la responsabilidad y seriedad que atiende este cambio procesal y sin utilizarse para fines populistas o políticos.

 


Publicado en la Estafeta Jurídica Virtual, el tenor del contenido del mismo es de exclusiva responsabilidad de su autor.

 


 [1][1] HORVITZ LENNON/LOPEZ MASLE. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo 1. Editorial Jurídica de Chile. 2002. Pag 46-47: “El principio de legalidad enuncia que el ministerio público está obligado a iniciar y sostener la persecución penal de todo delito que llegue a su conocimiento, sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacerla cesar a su mero arbitrio. El principio de legalidad resulta, entonces, de la suma de dos principios menores, como son el principio de promoción necesaria (deber de promover la persecución penal ante la noticia de un hecho punible) y el principio de irrectractabilidad (prohibición de suspender, interrumpir o hacer cesar la persecución ya iniciada)”

(*) Asistente Jurisdiccional del Módulo Penal del distrito judicial de Huaura. Egresado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Cursando Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales.

 [2][2] HORVITZ LENNON/LOPEZ MASLE. Ob. Cit. Pag. 135.
 [3][3] CACERES/IPARRAGUIRRE. Código Procesal Penal Comentado. Jurista Editores. 2005. Pag. 381: “la calificación de la denuncia es sumamente importante, no sólo porque mediante ella se puede evitar dar inicio a todo un proceso de investigación, para aquellos supuestos en los que la veracidad de la denuncia puede ser desvirtuada fácilmente, sino que además, la facultad del Fiscal de archivar los actuados sólo se puede dar hasta antes de la formalización de la investigación preparatoria”
 [4][4] Artículo 334°.1 Código Procesal Penal.
 [5][5] Artículo 336° del Código Procesal Penal.
 [6][6] GALVEZ/RABANAL/CASTRO. El Código Procesal Penal. Jurista Editores. 2008. Pag. 652: “La preliminar es separada de la preparatoria justamente para que forme parte de esta ultima a fin de que no se repita los mismos actos una vez formalizada (337°.2)”
 [7][7] Artículo 337°.3 Código Procesal Penal.
 [8][8] Artículo 342°.1.- El plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales.
 [9][9]Artículo 336°.4.- El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación.
 [10][10] Artículo 343°.1.- El Fiscal dará por concluida la Investigación Preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo. Artículo 344.1: Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, de conformidad con el numeral 1) de articulo 343, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa.
 [11][11] CESAR SAN MARTIN, Castro. Acerca de <:PersonName ProductID=”la Función”>la Función del Juez de <:PersonName ProductID=”la Investigación Preparatoria.”><:PersonName ProductID=”la Investigación”>la Investigación Preparatoria. Actualidad Jurídica. N° 146. pag 282: ” [El Juez de la Investigación Preparatoria] Es la primera autoridad jurisdiccional a la cual acuden los participantes en la investigación”
 [12][12] Articulo IV.3.- Los actos de investigación que practica el Ministerio Publico o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición.
 [13][13] Articulo IV.1.- El Ministerio Público es titular de ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio. Artículo 60.2: El Fiscal conduce desde su inicio la Investigación del delito. Con tal propósito la Policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
 [14][14] Articulo 71°.4.- Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes.
 [15][15] ANGULO ARANA, Pedro. La función del Fiscal. Jurista Editores. 2007 pag. 575
 [16][16] Artículo 339° Código Procesal Penal.
 [17][17] El Ministerio Publico comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar con las investigaciones preparatorias.
 [18][18] Articulo 7°.1.- “La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el Fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias (…)”
 [19][19] Articulo 427°.- “1.- El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores. (…)”
 [20][20] Como el tema que nos ocupa.
 [21][21] Como la renuncia de los mismos desarrollado en el artículo 147 del Código Procesal Penal, o el plazo del pago de la reparación civil en cuotas o armadas en sentencias de terminación o conclusiones anticipadas, como principios de oportunidad.
 [22][22] Artículo 146°.- El Fiscal o el Juez podrán fijar plazos a falta de previsión legal o por autorización de ésta.
 [23][23] Articulo 143°.2.- Los plazos se computarán: Cuando son por días, a partir del día siguiente hábil de conocido el mandato o de notificado con él.
 [24][24] Articulo 321°.1.- La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación.
 [25][25] Artículo 2° Código Procesal Penal.
 [26][26] Articulo 343°.3.- Si el Juez ordena la conclusión de la Investigación Preparatoria, el Fiscal en el plazo de diez días debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando acusación, según corresponda. Su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria en el Fiscal.
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Comentarios

  • Franco Chico  On agosto 22, 2013 at 4:13 pm

    Gracias, Gerar. Dónde resides?

  • gerar antoni angeles de la cruz  On agosto 22, 2013 at 1:07 pm

    esta muy interesante el comentario sobre control de plazo, sigue ilustrando como profesional y sigue adelante ilustrando los conocimientos del derecho procesal penal.

  • Jessica Ch V  On julio 26, 2013 at 2:30 pm

    Muy atinados sus comentarios.

  • César Augusto  On agosto 10, 2012 at 7:07 pm

    Es muy interesante y sirve de guia profesional, por que en la jurisdiccion del Distrito de Huaura desde el año 2006 se implemento el NCPP, y por ende todo litigante debe conocer al revez y al derecho los plazos a seguir, por lo tanto a mi me gunta este tema

  • César Augusto  On agosto 10, 2012 at 7:00 pm

    Es muy interesante y sirve de guia profesional, por que en la jurisdiccion del Distrto de Huaura desde el año 2006 de implimento el NCPP, y por ede todo litigante debe conocer al reves y al derecho los plazos a seguir por lo tanto a mi me gusta este tema

  • willy rolando nieves bazan  On mayo 29, 2012 at 6:07 am

    Muy ilustrativo, sigua investigando,gracias.

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