Noción de los fundamentos de hecho

Referencia bibliográfica: Casación Nº 2177-2007 La Libertad; vista el 16 de enero de 2008; reproducida en Agenda Magna el 21 de enero de 2009.


Sumilla: Los fundamentos de hecho de una resolución judicial, consisten en las razones y en la explicación de las valoraciones esenciales y determinantes que han llevado al juez, a la convicción de que los hechos que sustentan la pretensión se han verificado o no en la realidad; mientras que los fundamentos de derecho, en cambio, consisten en las razones esenciales que el juez ha tenido en cuenta para subsumir o no, un hecho dentro de un supuesto hipotético de la norma jurídica, para lo cual requiere hacer mención de la norma aplicable o no al caso sub litis.

CAS. Nº 2177-2007 LA LIBERTAD. Lima, dieciséis de enero del dos mil ocho.- La SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa en la fecha y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas trescientos ochentiséis por Inmobiliaria San Vicente Sociedad Anónima, contra la resolución de vista de fojas trescientos setentiocho, su fecha veinticinco de junio del dos mil siete, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que revocando el auto en el extremo apelado, declara fundada la excepción de caducidad propuesta por don Benito Marcelo Loyola, concluido el proceso, y dispone el archivamiento de los actuados; en los seguidos contra doña Sofía Reyes Mendoza y, otro, sobre nulidad de título de propiedad y otros. 2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante auto calificatorio del recurso de fecha veintidós de octubre del dos mil siete, obrante a fojas sesenticuatro del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal prevista en el inciso 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativa a la contravención de las normas que garantizan el derecho del debido proceso. 3.- CONSIDERANDO: Primero: La recurrente al proponer el presente medio impugnatorio, sostiene que no pueden aplicarse las normas de la Ley número 27584, para amparar la citada excepción, debido a que la obtención del título cuya nulidad se demanda, se ha realizado en mérito a lo establecido en el Decreto Legislativo número 667, que fue promulgado con anterioridad a la expedición de la ley acotada y de la Ley número 27444, debiendo tenerse en cuenta que en el trámite para la obtención del indicado documento no se han aplicado los principios del procedimiento administrativo ni los que sustentan la potestad sancionadora de la administración, como tampoco se han cumplido con los requisitos y formalidades de los actos administrativos, de lo que se concluye que se trata de un procedimiento especial normado en el citado Decreto Legislativo. Agrega, que si se aplica la Ley número 27584, la recurrente estaría en la imposibilidad de cumplir con el requisito de procedibilidad establecido en su artículo 18, referido al agotamiento de la vía administrativa, dado que, el proceso de titulación no se efectuó al amparo de lo previsto en la Ley número 27444. Finalmente, arguye que el título de propiedad materia de nulidad no ha sido expedido como consecuencia de resolución recaída en el procedimiento administrativo, sino que de conformidad con el trámite previsto en el indicado Decreto Legislativo, esto es, la inscripción del derecho de posesión y propiedad en el Registro correspondiente, que ostenta sobre los inmuebles sub litis el co-demandado don Benito Marcelo Loyola, infiriéndose de todo ello que se han contravenido las normas que garantizan el derecho de la impugnante a defender mediante la nulidad del acto jurídico propuesta, su condición de propietaria sobre las parcelas registradas a favor de dicho emplazado, circunstancia que transgrede los artículos 424 y 427 del Código Procesal Civil y el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Para reforzar sus argumentos invoca jurisprudencia expedida por diversos tribunales administrativos y solicita la aplicación de la función dikelógica del recurso de casación a la materia de autos. Segundo: Conforme al inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, es deber de los jueces consignar en los autos y sentencias, los fundamentos tanto de hecho como de derecho, bajo sanción de nulidad. Dicha obligación es tal, que por su trascendencia ha sido necesaria elevarla al rango de garantía constitucional, conforme al inciso 5 del artículo 139 de la Norma Fundamental, para preservar tanto el derecho de defensa, como la eficacia y validez de los actos procesales. Tercero: Los fundamentos de hecho de una resolución judicial, consisten en las razones y en la explicación de las valoraciones esenciales y determinantes que han llevado al juez, a la convicción de que los hechos que sustentan la pretensión se han verificado o no en la realidad; mientras que los fundamentos de derecho, en cambio, consisten en las razones esenciales que el juez ha tenido en cuenta para subsumir o no, un hecho dentro de un supuesto hipotético de la norma jurídica, para lo cual requiere hacer mención de la norma aplicable o no al caso sub litis. Cuarto: En el caso sub judice, la Sala Revisora al absolver el grado revocó el auto apelado, que declaró infundada la citada excepción y reformándolo la declaró fundada, considerando que como se advierte del petitorio de la demanda, lo que se está solicitando es la nulidad del título de propiedad inscrito a favor de los demandados que procede de un acto administrativo. Consecuentemente, es aplicable el artículo 17 inciso 5 de la Ley número 27584, al haber operado la caducidad de la presente acción, dado que ha sido interpuesta el treinta de enero del dos mil tres, esto es, después de tres meses de inscrito dicho título de propiedad, el que se obtuvo en mérito del artículo 22 del Decreto Legislativo número 667. Quinto: No obstante ello, conviene precisar que la pretensión de la recurrente es que en la vía del proceso ordinario civil, se declare la nulidad del los títulos de propiedad otorgados a favor de don Benito Marcelo Loyola y doña Sofía Reyes Mendoza, inscritos en la fichas registrales números SE013638 y SE013639 del Registro de Propiedad de la Oficina Registral de La Libertad, respecto a los siguientes lotes de terreno: a) El denominado “Espárrago” con unidad catastral número 08211 con un área de cuatro punto dieciséis hectáreas; y, b) El denominado “El Sauce” con unidad catastral número 08311 con un área de uno punto setentiocho hectáreas de extensión, ubicados en: la parcela “Espárrago”, en las fases independizadas números 19, 20 y 21, y la parcela “El Sauce”, en las fases independizadas números 24 y 25 de la proyectada Quinta Etapa de la Urbanización San Andrés, que forman parte del ex fundo “San Andrés” del distrito y provincia de Trujillo, de propiedad de la Inmobiliaria San Vicente Sociedad Anónima, debiéndose declarar también la nulidad de todo lo actuado en el expediente administrativo que originó la inscripción de la posesión y propiedad a favor de los demandados, como se advierte de los asientos C1 y C2 de las referidas fichas registrales. Accesoriamente, solicita la reivindicación de los citados lotes, su desocupación y entrega, así como el pago de los frutos y productos que deberán cancelar los emplazados por la explotación de tales inmuebles desde mil novecientos ochenticuatro hasta la fecha en que los desocupen. Sexto: Al respecto, debe precisarse que una vez que la autoridad competente inscribe en los Registros Públicos el derecho de propiedad del poseedor del predio, se agota el procedimiento administrativo especial de titulación de tierras previsto en el Decreto Legislativo número 667. Por tanto, dicha inscripción registral sólo puede anularse por mandato judicial, pudiendo las partes recurrir válidamente a la autoridad jurisdiccional en vía especial a través de la acción contencioso administrativa o comparecer en vía ordinaria mediante la acción de nulidad y cancelación de la inscripción registral, como ha ocurrido en el caso de autos, en que se pretende vía nulidad de títulos de propiedad, la cancelación de los asientos registrales y los actos jurídicos que lo contienen. Sétimo: Por tanto, advirtiéndose de autos que la demanda incoada contiene una pretensión civil ordinaria de nulidad de título de propiedad y otros y, no una de impugnación de acto administrativo, se arriba a la conclusión que no ha operado la caducidad, al no haber transcurrido el plazo previsto por el artículo 2001 inciso 1 del Código Civil, debiendo precisarse que es a mérito de lo que resolvieron las correspondientes instancias registrales, que la actora está haciendo uso de su derecho a impugnar dichos actos jurídicos e inscripciones, cuya anulación es atribución sólo del Poder Judicial, a través de sus órganos judiciales. Por lo que, la referida nulidad puede ser planteada en la vía del proceso de conocimiento como el presente. Octavo: Siendo eso así, al haberse constatado que la Sala Superior ha resuelto la litis en controversia, sin observar las disposiciones de orden procesal que garantizan el derecho al debido proceso, corresponde amparar el recurso, debiendo indicarse que tratándose de la causal prevista en el inciso 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, al declararse fundado el recurso debe reenviarse el proceso a la Sala de origen a fin de que emita nuevo pronunciamiento, conforme a lo previsto en el artículo 396 inciso 2.1 del Código Procesal Civil. Empero, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal contemplados en el artículo V del Título Preliminar del Código acotado, es menester resolver en sede de instancia sobre la excepción de caducidad en referencia y poner fin a la incidencia. 4.- DECISION: Por las consideraciones expuestas: A) Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos ochentiséis, por Inmobiliaria San Vicente Sociedad Anónima; en consecuencia: NULA la resolución de vista de fojas trescientos setentiocho, su fecha veinticinco de junio del dos mil siete. B) Actuando en sede de instancia: CONFIRMARON el auto en el extremo apelado, fotocopiado a fojas trescientos, su fecha dos de noviembre del dos mil seis, que declara INFUNDADA la excepción de caducidad deducida por don Benito Marcelo Loyola. ORDENARON que el A quo continúe con la tramitación del proceso, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente. C) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos contra doña Sofía Reyes Mendoza y, otro, sobre nulidad de título de propiedad y otros; y los devolvieron.- VOCAL PONENTE: SALAS MEDINA. SS. SIVINA HURTADO, GAZZOLO VILLATA, PACHAS AVALOS, FERREIRA VILDOZOLA, SALAS MEDINA

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