El plazo de caducidad en los procedimientos administrativos

Referencia bibliográfica: Casación Nº 240- 2005 ICA; publicado en Sentencias en casación el 30 de noviembre de 2007; reproducido en Agenda Magna el 12 de marzo de 2009.


 “al considerar que el demandante no ha demostrado que en la oportunidad legal correspondiente haya interpuesto algún medio impugnatorio administrativo o haya acudido al órgano jurisdiccional impugnando la resolución directoral anotada, por lo cual la decisión administrativa ha quedado firme, causando estado, debiéndole considerar como cosa decidida, la misma que no puede ser cuestionada en forma extemporánea, toda vez que los actos administrativos tiene un plazo de caducidad breve”.

CAS. Nº 240- 2005 ICA. Lima, veinticuatro de Agosto del dos mil seis.- LA SALA TRANSITORIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA: Con los acompañados; la causa número doscientos cuarenta -dos mil cinco; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, producida la votación con arreglo a Ley, y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas doscientos veintidós por don Teodoro Crecencio Aquije Leiva contra la sentencia de vista obrante a fojas doscientos doce, su fecha veintiuno de Junio del dos mil cuatro que confirmando la sentencia apelada de fojas ciento setenta y dos, fechada el diez de Octubre del dos mil tres, declara improcedente la demanda; con lo demás que contiene. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante Ejecutoria Suprema, obrante a fojas cuarenta y cinco de fecha diecisiete de Octubre del dos mil cinco, el recurso de casación ha sido declarado PROCEDENTE por la causal de aplicación indebida del artículo cuatrocientos veintisiete, inciso seis del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Primero: Que, el petitorio de la demanda incoada con fecha veintiuno de Febrero del dos mil tres, vía proceso contencioso administrativo, tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional declare: a) la ineficacia de la Resolución Ejecutiva Regional número cero cero veintiuno – dos mil tres – Region Ica/ PR del catorce de Enero del dos mil tres en cuanto declara improcedente el recurso de apelación de la demandante interpuesto contra las Resoluciones Directorales número cuatrocientos ochenta y dos – dos mil dos – DRSI/OPER del ocho de agosto del dos mil dos, número doscientos cincuenta ( debiendo ser quinientos veinte) del veintisiete de agosto del dos mil dos y número quinientos treinta y siete del once de Setiembre del dos mil dos; b) la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral número doscientos veinticuatro – noventa y tres -DRSI/OPER del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres y cero cero cincuenta y tres – noventa y cuatro-GSR-ICA/G; c) Se le otorgue el pago de los incentivos o se le reincorpore a su centro de labores; y d) Se le pague los reintegros de lo pagado de menos de su haber mensual, además de intereses legales y compensatorios más el pago de costas y costos del proceso. Segundo: Que, a la fecha de interposición de la demanda el proceso contencioso administrativo se encontraba ya regulado en forma especial por la Ley número veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro, Ley del Proceso Contencioso Administrativo vigente a partir del dieciséis de abril del dos mil dos que en sus incisos uno y dos de su Primera Disposición Derogatoria que deroga los artículos quinientos cuarenta y quinientos cuarenta y cinco del Código Procesal Civil, promulgado por el Decreto Legislativo número setecientos sesenta y ocho y artículos setenta y nueve al ochenta y siete de la Ley número veintiséis mil seiscientos treinta y seis, Ley Procesal del Trabajo que regulaban dicho proceso. Tercero: Que, las pretensiones enunciadas en el primer considerando se encuentran reguladas en los artículos cuarto y quinto de la Ley número veintisiete mil quinientos ochenta y cuatro, cumpliéndose además dicha acumulación con los requisitos de conexidad necesarios para garantizar el principio de economía procesal, no existiendo argumento relevante que permita determinar alguna causal de improcedencia de la demanda. Cuarto: Que, la sentencia de primera instancia invoca indebidamente el artículo cuatrocientos veintisiete, inciso sexto del Código Procesal Civil, ha determinado que la pretensión referida a la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral número doscientos veinticuatro – noventa y tres – DSRSI/OPER del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres y de la Resolución Gerencial número cero cero cincuenta y tres – noventa y cuatro – GSR – ICA/G del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, resulta improcedente, al considerar que el demandante no ha demostrado que en la oportunidad legal correspondiente haya interpuesto algún medio impugnatorio administrativo o haya acudido al órgano jurisdiccional impugnando la resolución directoral anotada, por lo cual la decisión administrativa ha quedado firme, causando estado, debiéndole considerar como cosa decidida, la misma que no puede ser cuestionada en forma extemporánea, toda vez que los actos administrativos tiene un plazo de caducidad breve. Quinto: Que, sin embargo, es de anotar que la Sala Superior omitió considerar que el cómputo del plazo de caducidad se inicia en la fecha en que ocurre la notificación de las resoluciones administrativas y no en la fecha de su expedición conforme a lo previsto en el artículo cuarenta del Decreto Supremo número cero cero dos – noventicuatro – JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo dieciséis de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, Ley de Procedimiento Administrativo General en vigencia. Sexto: Que, en ese sentido, si bien la Resolución Directoral número doscientos veinticuatro – noventa y tres – DSRSI/OPER y la Resolución Gerencial número cero cero cincuenta y tres – noventa y cuatro – GSR – ICA/G fueron expedidas respectivamente en los años mil novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente, el demandante recién tuvo conocimiento de ellas cuando recibió respuesta a su solicitud de pago de incentivos mediante la Resolución Directoral número cuatrocientos ochenta y dos – dos mil dos – DRSI/OPER de fecha ocho de agosto del dos mil dos y Resolución Ejecutiva Regional número cero cero veintiuno – dos mil tres – REGIÓN ICA/PR de fecha catorce de enero del dos mil tres, notificada con fecha quince de enero del mismo año, no existiendo en autos medio de prueba, que indique una fecha distinta a la notificación, correspondiendo asumir la carga de la prueba, la parte demandada. Sétimo: Que, entonces, es erróneo el argumento contenido en la Resolución Ejecutiva Regional número cero cero veintiuno – dos mil uno – REGIÓN ICA/PR que se sustenta en la supuesta autoridad de cosa decidida de la Resolución Directoral número doscientos veinticuatro – noventa y tres -DSRSI/OPER y Resolución de Gerencia número cero cero cincuenta y seis – noventa y cuatro -GSR-ICA/G. Octavo: Que, pese a que la Sala Superior acogió el argumento de la cosa decidida, examinó la validez y eficacia de la Resolución Ejecutiva Regional número cero cero veintiuno – dos mil tres – REGIÓN ICA/PE, lo que resulta contradictorio y afecta el deber de motivación suficiente. Noveno: Que, en tal virtud, conforme se señaló en la calificación del recurso, la aplicación indebida del artículo cuatrocientos veintisiete, inciso sexto del Código Procesal Civil, tiene trascendencia de orden material para el presente proceso, lo cual implica que una vez casada o anulada la sentencia de la Sala Superior, este Colegiado tiene el deber de constituirse en sede de instancia y en consecuencia revocar, confirmar o ejercer su potestad nulificante respecto de la sentencia apelada, de conformidad con el artículo ciento veintiuno del Código Procesal Civil. Décimo: Que, la sentencia apelada contiene vicios idénticos a los cometidos por la Sala Superior, respecto a la pretensión de nulidad de la Resolución Directoral número doscientos veinticuatro – noventa y tres – DSRSI/OPER del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres y de la Resolución Gerencial número cero cero cincuenta y tres – noventa y cuatro – GSR – ICA/G del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en ese sentido transgrede garantías elementales del debido proceso que ameritan su anulación, teniendo en cuenta que de acuerdo con el principio de extensión de la nulidad recogido en el artículo ciento setenta y tres del Código Procesal Civil, el vicio se extiende a todos los extremos de la sentencia apelada, incluyendo al extremo referido a la pretensión de nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional número cero veintiuno – dos mil tres-REGION ICA/PR, sobre la cual no puede existir pronunciamiento válido si previamente no se resuelve adecuadamente la primera pretensión. Undécimo: Que, es de ver de este Supremo Colegiado, declarar que no existen vicios adicionales que impidan considerar que existe una relación procesal válida, de manera que una vez devuelto el expediente al Juzgado, este debe pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones propuestas en autos. RESOLUCIÓN: Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos veintidós por don Teodoro Crecencio Aquije Leiva; en consecuencia CASARON la sentencia de vista obrante a fojas doscientos doce, su fecha veintiuno de Junio del dos mil cuatro; y actuando en sede de instancia: declararon NULA la sentencia apelada de fojas ciento setenta y dos, fechada el diez de Octubre del dos mil tres, en todos sus extremos; ORDENARON que el Juez de la causa se pronuncie sobre el fondo de las pretensiones propuestas en la demanda; en los seguidos con la Dirección Regional de Salud de Ica y otros sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y estando a que la presente resolución sienta precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley: ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.- S.S. VILLA STEIN, VILLACORTA RAMIREZ, ACEVEDO MENA, ESTRELLA CAMA, ROJAS MARAVI

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