Tortura

Por Carlos Rivera Paz,
del Instituto de Defensa Legal

La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) ha informado con singular preocupación, que la Sala Penal Nacional (SPN) ha emitido una sentencia en la que condena a un efectivo policial por la comisión del delito de lesiones, cometidas en agravio de Juan Fidel Zamudio Bocangel, quien dentro de la Comisaría de La Pascana fue sometido a torturas el 19 de febrero del 2005.

¿Cuál es la razón de la preocupación de COMISEDH si finalmente el policía ha sido condenado? La razón es que César Chavez Aguilar, el 15 de febrero del 2008, ya había sido condenado por la misma Sala Penal Nacional como autor del delito de tortura agravada, pero el 1 de setiembre del 2008, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de dicha sentencia condenatoria y ordenó la realización de un nuevo juicio oral.

En el primer proceso judicial, para el tribunal de la SPN quedó demostrado que los hechos perpetrados por el condenado Chávez Aguilar eran constitutivos del delito de tortura agravada, regulado en el artículo 321º del Código Penal. Pero la Corte Suprema consideró otra cosa bastante diferente.

¿Cuál ha sido el criterio o fundamento para declarar la nulidad de la sentencia condenatoria? Uno que acusa de grave incomprensión, de parte de los magistrados que suscriben la sentencia, del derecho internacional y de la naturaleza jurídica del propio delito de tortura. La sentencia de la suprema señala respecto de éste que “…este tipo penal se refiere a uno que tutela `los crímenes contra la humanidad`, por tal motivo para su configuración, además de sus elementos objetivos se requiere tener presente, como criterio político criminal, que se trata de un crimen internacional perpetrado en un contexto político conflictivo, a tenor del artículo cuatro numeral dos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que el ámbito de tutela es la dignidad de la persona, como sujeto de derechos fundamentales, cuyo agravio ofende a la humanidad en su conjunto, y a la comunidad de naciones comprometidas con la vigencia de un derecho penal humanitario y de los derechos humanos…”

La compleja elaboración del argumento nos obliga a realizar un análisis minucioso del mismo para lograr comprender la postulación de quienes suscriben la sentencia.

Ciertamente, el delito de tortura fue introducido a nuestra legislación penal en febrero de 1991 por la ley N° 26926, como parte del Título denominado “Delitos Contra la Humanidad” (desaparición forzada, tortura, genocidio, discriminación, etc). Este hecho significó la incorporación a nuestra legislación como tipos penales, delitos que el derecho internacional considera como crímenes internacionales. Así, el delito de tortura quedó tipificado de la siguiente manera:

“Artículo 321. El funcionario o servidor público o cualquier persona, con el consentimiento o aquiescencia de aquél, que inflija a otro dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, o lo someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción psíquica, con el fin de obtener de la víctima o de un tercero una confesión o información, o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o de coaccionarla, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. Si la tortura causa la muerte del agraviado o le produce lesión grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será respectivamente no menor de ocho ni mayor de veinte años, ni menor de seis ni mayor de doce años”.

Pero aquel reconocimiento que el delito de tortura es también un crimen internacional no supone, como considera la sentencia de la Corte Suprema atendiendo a un criterio político criminal, que sea un delito posible de perpetrarse sólo “en un contexto político conflictivo” (el que debemos entender seguramente como conflicto armado interno o internacional). Esto, porque lo que se tiene que verificar para la constatación de la comisión de un delito es, sobre todo, los elementos objetivos que exige la norma penal, entre los cuales definitivamente no se encuentra la existencia de un contexto político conflictivo.

Según podemos apreciar del artículo 321º, lo que se exige para calificar a un acto como tortura es que el funcionario público inflija dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, para obtener una confesión, para castigar a una persona por algo que ha cometido, para intimidarla o para coaccionarla. Otra cosa diferente es que la práctica de este delito se haya materializado, principalmente, en situaciones de conflicto armado interno como la que vivió el Perú en los años 80 y 90, y que bajo ese contexto político se haya producido una práctica sistemática o generalizada que determine que estamos ante un crimen de lesa humanidad.

Por lo tanto, el delito de tortura se puede perpetrar inclusive en situaciones de normalidad constitucional y, en esos casos, lo que hay que verificar es si los elementos objetivos del tipo penal se han ejecutado.

La sentencia de la suprema, además, sostiene que este fundamento se postula a tenor del artículo 4º, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 4º se refiere a la autorización para que los Estados partes suspendan algunas obligaciones contraídas en el Pacto, y el numeral invocado señala que “La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.”  Justamente el artículo 7º del Pacto consagra que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.

En realidad, no logramos establecer cuál es la articulación jurídico penal relevante entre el argumento de que la tortura sólo es posible de perpetrarse en un contexto político conflictivo, y las disposiciones contenidas en un instrumento internacional de protección a los derechos humanos que, como mecanismo de protección, consagra una clara y explícita prohibición internacional de practicar la tortura. Es más, instrumentos internacionales como el Pacto han significado el punto de partida normativo para generar una obligación internacional de incorporar la tipificación y sanción al delito de tortura en las legislaciones penales nacionales. De otro lado, no se sostiene o siquiera se insinúa en este tratado que esa prohibición sólo proceda cuando hay un contexto político conflictivo.

Finalmente, el hecho de destacar que con este delito se agravia a la humanidad en su conjunto, sólo nos da cuenta que entre quienes han elaborado y firmado la sentencia suprema ha existido una notable confusión, al pretender equiparar cualquier delito de tortura con un crimen de lesa humanidad. En este punto, tanto la doctrina y la jurisprudencia internacional (y también nacional) señalan, con mucha claridad, que en la calificación de crimen de lesa humanidad o delitos contra la humanidad debe existir necesariamente la posibilidad de demostrar que tal delito ha sido perpetrado de manera sistemática (bajo un plan) o generalizada (en una gran cantidad).

Todo parece indicar que el desconocimiento y falta de manejo normativo, de parte de los magistrados de la suprema que suscriben la resolución de setiembre del 2008, sobre elementales instituciones y normas de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional, ha terminado generando un muy grave retroceso a nivel de la jurisprudencia nacional en materia de derechos humanos con una sentencia que aspira a precedente por lo que se dispone en la parte final de tal resolución. En ella, se establece que el nuevo tribunal que juzgue el caso debe tomar en cuenta los fundamentos de esta decisión.

Ahora bien, justamente uno de los tribunales de la Sala Penal Nacional constituido por las magistradas Clotilde Cavero Nalvarte, Enma Benavides Vargas y Rosa Amaya Saldarriaga, ha emitido la nueva sentencia dictada el día 11 de agosto del presente, tomando en consideración los inconsistentes fundamentos de la resolución suprema que ha condenado a César Chávez Aguilar a solo 4 años de pena privativa de libertad (suspendida), como autor del delito de lesiones en agravio de Juan Fidel Zamudio Bocangel.

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