Prueba ilícita y prueba irregular

Un usuario de Agenda Magna hace una consulta sobre el tema Diferencias y similitudes entre prueba ilícita y prueba irregular:

  1. En un proceso, se violentó el proceso de recolección de las pruebas. Sin embargo, debido a que en el proceso la imputada hace uso del derecho de respuesta, la sala constitucional declara que no se violó el debido proceso.
  2. Asimismo, no se le notificó debidamente. El proceso disciplinario se inicia el 18 de agosto 2008 y es notificada oficialmente el 05 de febrero del 2009. Cuando es notificada, ya todo el proceso de recepción de prueba había sido realizado. Posteriormente, del ministerio de educación emana una resolución en su contra con fecha 19 de marzo de 2009. Considerando el tiempo de la notificación y la resolución por parte del ministerio de educación, a mi representada le fueron violentados sus derechos.
  3. Por otro lado, la procesada no contó con un representante legal, un abogado, el cual es el principio de legitimidad de la prueba.
  4. La educadora fue despedida ilegalmente y aparte de eso se le castigó por un periodo de tres años para trabajar en puestos cubiertos por el régimen de servicio civil.

1ª respuesta:

En Perú, luego del agotamiento de la vía administrativa, debe interponerse una demanda de nulidad de resolución o ineficacia de acto administrativo, al amparo del inciso 1 del artículo 5º de la Ley 27584 Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo y su TUO DS 013-2008-JUS. Mucho cuidado con los plazos, 15 días hábiles para impugnar administrativamente, contados a partir del día siguiente de notificada, 3 meses para la interposición de la demanda, si hay resolución, si no lo hay son 6 meses, también computados a partir del día siguiente de notificada o vencido los 30 días sin que haya resolución, sujeto como cuestión imprescindible a que la administrada haya agotado la vía administrativa ya sea por resolución firme o por resolución ficta.

Julio César Cachay del Águila

Email: jca_abogados@hotmail.com

2ª respuesta:

Sin mencionar en detalle las concepciones amplias y restringidas sobre lo que se debe entender por prueba ilìcita o prueba prohibida, entendemos por prueba ilícita o prohibida aquella que ha sido obtenida con lesión de derechos fundamentales. En este ámbito existe vulneración de derechos consagrados en la Constitución. Ejemplos claros son las evidencias obtenidas a partir de las escuchas telefónicas sin autorización judicial o las declaraciones arrancadas por tortura o graves amenazas. En el primer caso se lesiona el derecho constitucional al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, mientras que en el segundo se transgrede el derecho a la vida, a la integridad física, a la no autoincriminación. Este tipo de pruebas, como sabemos, no son admisibles ni valorables en cualquier clase de proceso y deben ser expulsadas del proceso o investigación (regla de exclusión).

La prueba irregular, en cambio, es aquella que ha sido obtenida o incorporada con vulneración de normas ordinarias o infraconstitucionales. En estos casos generalmente lo que se infracciona son normas de procedimiento o la forma regular en la que se debe actuar determinada prueba. Por ejemplo, en el proceso penal, prueba irregular sería una diligencia de reconocimiento para la identificación del autor del delito en la que el sospechoso no ha sido colocado con otras personas de similares características físicas y los identificadores han hecho el reconocimiento de manera conjunta y comunicándose entre si. En el ejemplo propuesto lo que ha sido vulnerado son las reglas de la práctica del reconocimiento en rueda, que no son normas constitucionales que reconozcan derechos fundamentales. En este caso, lo que se invalida es la diligencia, pero nada impide probar los hechos por otros medios situados en el mismo contexto o utilizar lo conocido en la diligencia como punto de partida para otras pruebas o diligencias o, en algunos casos, inclusive puede resultar convalidable. Piénsese, por ejemplo, en los supuestos de nulidad relativa regulados en los artículos 151 y 152 del Código Procesal Penal de 2004.

Queda claro, entonces, que la prueba irregular acarrea la nulidad del acto, pero es innegable que el resultado de vulnerar una norma que reconoce un derecho fundamental no puede ser equiparado al resultado de vulnerar otra que únicamente pertenece a la legalidad ordinaria.

Para mayor referencia, puede revisar mi libro La prueba ilícita en el proceso penal peruano, Jurista, Lima, 2009, pp. 71-74.

En el caso de la consulta, se cuestiona los defectos en la notificación que mas bien serían supuestos de nulidad no necesariamente asimilables a la prueba ilícita o prohibida.

Atentamente,

Hamilton Castro Trigoso

Email: hcatrigoso@hotmail.com

Nota. El próximo viernes 13 de agosto (de 6.00 a 8.30 pm.), Hamilton estará participando en el “Diplomado en precedentes y doctrina jurisprudencial vinculante en materia penal y procesal penal”, organizado por la Dirección Académica del Colegio de Abogados de Lima, con la ponencia “La prueba prohibida y la prueba irregular”. El evento se viene realizando en el Auditorio Galería San Lázaro, Av. Carlos Izaguirre N° 200-Independencia (Al costado del Poder Judicial, Corte Superior de Lima Norte).

3ª respuesta:

Hay ciertos datos que no contiene la consulta que son necesarios para tener una idea cabal de lo que se trata. Sin embargo, es de mencionar que toda denuncia por violacion del debido proceso, implica operativizar la denuncia en un hecho concreto que se encuentra dentro de ese continente llamado debido proceso. Lo que se aprecia es que se ha violado el derecho de defensa de la profesora, si es que no ha sido notificada con arreglo a ley del inicio del proceso administrativo. Prueba ilicita es aquella que ha sido obtenida en forma dolosa (una partida de nacimiento falsa, por ejemplo); en tanto que la prueba irregular es aquella que se ha incorporado al proceso, sin las formalidades que exige la ley y no se le ha permitido a las partes, contradecir dicha prueba. Finalmente, es de mencionar que la facultad de la administracion para iniciar un proceso administrativo cadua al año de producida la presunta irregularidad. no se aprecia en que consistio la irregulidad o acto que transgrede una norma administrativa (porque la separaron del cargo) ni la fecha en que se produjo.

Orlando Reyes La Shira


Si deseas absolver la consulta, puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje a fchicoc@gmail.com. Gracias

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