Reglas para la práctica de la prueba documental y documentada

Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República

I. BASE LEGAL Y ALCANCE

1º.     Artículo 262º CPP -texto establecido por el Decreto Legislativo número 595-. Este artículo estipula explícitamente que la denominada prueba documental e, implícitamente, la prueba documentada -se trata de las «actas» que contienen diligencias procesales diversas, también denominadas «actuaciones documentadas»- debe ser practicada en el juicio oral. La forma de actuación o ejecución es la «oralización» de los documentos y actas, y su ulterior debate procesal.

El apartado primero prescribe, en efecto, que la práctica de esta prueba consiste en la lectura pública o, en su caso, la reproducción mediante audición o visualización de la parte pertinente del documento o acta. Este último supuesto comprende documentos contenidos en soportes de reproducción de la palabra, sonido o imagen. El apartado quinto estatuye que leídos o reproducidos los documentos o actuaciones documentadas, se procederá al debate procesal correspondiente.

A.     Por un lado, la norma incluye la prueba documental en sentido estricto. Se refiere:

(1)     A la prueba que consta en documento escrito. Se trataría de: escrituras públicas, certificaciones y actas notariales; informes y manuales oficiales; oficios y comunicaciones de la autoridad pública; periódicos, revistas y libros; croquis, planos, dibujos y radiografías; papeles privados en general; y, comunicaciones o informaciones de autoridades extranjeras que consten en archivos.

(2)     A la prueba documental audiográfica y videográfica, que incluye soportes informáticos en general.

B.     Por otro lado, al hacer mención a las «actas», la norma se refiere a las que son levantadas como consecuencia de determinadas actuaciones o diligencias realizadas por las autoridades públicas, con contenido informativo oficial cierto y de carácter objetivo, y que en todo caso, bajo determinados requisitos específicos, están en condiciones de constituir excepciones a la denominada prueba plenaria.

El ámbito de la excepción y su consideración de prueba preconstituida debe ser objeto de examen y, en su caso, de cuestionamiento en la estación pertinente de la ejecución de dicha prueba. Rige la última frase del tercer apartado del artículo 262º CPP.

Las actas en mención, contienen las siguientes diligencias:

(1)     Inspecciones o reconstrucciones judiciales;

(2)     Control de comunicaciones e intervenciones visuales, postales o corporales realizadas en sede judicial;

(3)     Registros -o pesquisas- judiciales, tanto domiciliarios, en centros laborales o en instituciones públicas y privadas en general, como personales;

(4)     Exhibiciones e incautaciones judiciales;

(5)     Reconocimientos judiciales de personas, cosas, voces, sonidos u otros; y,

(6)     Actas levantadas por: i) la autoridad policial y fiscal en el ejercicio de sus funciones de investigación del delito referidas tanto a la prueba material y pesquisas en general, así como, por imperio de los artículos 62º y 72º CPP -con arreglo a las modificaciones establecidas por el Decreto Legislativo número 126 y la Ley número 24388-, a las manifestaciones policiales actuadas con la intervención del Fiscal y/o Abogado; y, ii) las actuaciones realizadas en sede de antejuicio o acusación constitucional.

2º.     Artículo 253º CPP -texto establecido por el Decreto Legislativo número 126-. Este artículo autoriza la lectura y debate de las declaraciones de los testigos, que incluyen las confrontaciones o careos, prestadas en sede sumarial, en tres supuestos: 1) testigos citados al acto oral que no asistan a la audiencia y sobre cuya concurrencia no insista el Tribunal; 2) testigos que declararon en la instrucción y no citados al juicio, que el Tribunal considere necesaria -prueba de oficio-; 3) testigos que declararon en la instrucción, no citados al juicio, que lo soliciten el Fiscal, el defensor del acusado y la defensa de la parte civil.

3º.     Artículo 259º in fine CPP. Este artículo permite la lectura de los dictámenes periciales y, en su caso, las actas de ratificación pericial, levantadas en ambos casos en la etapa de instrucción, ya sea cuando los peritos no fueron convocados al juicio oral o cuando no asistieron pese a haber sido debidamente emplazados.

4º.     Artículo 261º CPP -texto establecido por el Decreto Legislativo número 983-. Este artículo tiene por objeto las pruebas actuadas en otro proceso: prueba trasladada. Los requisitos para su actuación comprenden aspectos comunes y específicos. El primer requisito es de carácter común; involucra todos los supuestos de prueba trasladada: debe tratarse de causas seguidas contra encausados a quienes se les atribuya ser miembros de una organización criminal o de una asociación ilícita para delinquir. El segundo requisito es de carácter específico, y está dirigido a la prueba personal, en particular a las testificales y a los exámenes -o ‘ratificaciones’- periciales; en este caso la lectura de las actas está condicionada a que la presencia de los mismos en el acto oral sea de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdidas de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba. El tercer requisito también es de carácter específico; se circunscribe a los dictámenes periciales oficiales, informes y prueba documental, en cuyo caso su lectura no tiene los límites de la prueba personal (riesgo de pérdidas de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba).

5º.     Artículo 261º, in fine, CPP -texto establecido por el Decreto Legislativo número 983-. Este párrafo contiene un supuesto de «hecho notorio judicial». Así, se podrán leer las sentencias firmes que tengan por acreditada la existencia o naturaleza de una organización delictiva o asociación ilícita para delinquir determinada, o que demuestren un patrón de actuación en la comisión de hechos delictivos o los resultados o daños derivados de los mismos.

6º.     El artículo 253º CPP, modificado por el Decreto Legislativo número 126º, ya citado, sólo contempla el caso de declaraciones de testigos que, por uno u otra situación procesal, no concurrieron al acto oral. Sin embargo, como consecuencia del derecho al silencio, consagrado en el artículo 8º.2.g) de la Convención Americana de Derechos Humanos, varios testigos impropios se abstuvieron de declarar total o parcialmente, sin embargo lo hicieron en otra sede procesal, en función a los mismos hechos. En tal virtud, es del caso aplicar analógicamente la regla del artículo 245º CPP, modificada por la Ley número 28117, y posibilitar la lectura de esas declaraciones en esta fase del juicio.

7º.     Se da el tratamiento de prueba documentada al conjunto de declaraciones prestadas por una misma persona en otra sede, siempre que tengan relación con el proceso. De igual manera, otros fallos y transcripciones de vídeos realizadas en cualquier otra sede oficial. El control de legalidad, pertinencia y utilidad es inherente a esas pruebas en el acto del presente juicio oral.

 

Sigue:

II. REGLAS GENERALES

III. REGLAS ESPECÍFICAS PARA EL BUEN ORDEN DEL DEBATE

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