Evolución en los criterios de individualización de la pena

Referencia bibliográfica: Montero Hernanz, Tomás: «La evolución en los criterios de individualización de la pena: la sentencia 57/2008 del Tribunal Constitucional», en Actualidad Jurídica. Website (España); septiembre 30, 2008; reproducido en Agenda Magna; la misma fecha.


Por D. Tomás Montero Hernanz. Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. N. de R.: Véase, a propósito de este Comentario de Jurisprudencia, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 2008, que reseñamos en este mismo número (Ref. 759/2)

I. Introducción: la determinación y la individualización de la pena

La exigencia de que las penas previstas para los delitos se recogieran de forma cierta en las normas penales es una consecuencia del principio de legalidad, consagrándose el sistema de determinación legal de la pena, que, sin embargo, no se traduce en el establecimiento de una pena fija e invariable para cada conducta, sino en el señalamiento de una horquilla que determina un límite máximo y un límite mínimo, dentro de los cuales los jueces y tribunales deberán adecuar la pena a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho (1). Es lo que doctrinalmente se ha denominado el sistema de determinación legal relativo, y que supone una posición intermedia entre la inexistencia legal de límites («indeterminación legal absoluta») (2) y la fijación de penas exactas en la ley («determinación legal absoluta»).

Éste es el caso de nuestro sistema penal, donde el legislador ha previsto para cada delito una «pena abstracta», limitada por un máximo y un mínimo, estableciendo en el libro primero del Código Penal (artículos 61 y ss.) una serie de reglas que concretan esa pena abstracta en un marco más reducido, dentro del cual el juzgador determinará en la sentencia la pena concreta a imponer.

Entre el marco previsto por el legislador y la pena efectiva que el penado cumplirá hay un camino progresivo de concreción, conocido como «individualización de la pena», y en la que se pueden diferenciar en tres fases: la individualización legal, la individualización judicial y la tradicionalmente conocida como individualización penitenciaria, hoy día mayoritariamente denominada individualización ejecutiva, ya que la actividad penitenciaria se encuentra sometida control judicial mediante la figura del juez de vigilancia.

II. La individualización ejecutiva y la evolución en los criterios

La sentencia 57/2008, de 28 de abril, del Tribunal Constitucional, viene a suponer un importante cambio de criterio en relación con los postulados y prácticas seguidos hasta la fecha.

El problema no es nuevo, y múltiples son los cambios de criterio que consecuencia de las diferentes reformas legales se van produciendo o de la interpretación que en un momento puntual pueda hacerse de la norma. Algunos ejemplos encontramos en nuestra historia reciente y que han supuesto una importante modificación en la duración de la privación de libertad que el penado acabará cumpliendo. De todos ellos, quizá el más significativo fue la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la redención de penas por el trabajo en los supuestos de revisión de sentencias prevista en las disposiciones transitorias del Código Penal de 1995 y que obligó a plantear una «segunda» revisión de las causas revisadas, la cual suscitaba importantes problemas de índole procesal. (3)

No podemos olvidar la doctrina del Tribunal Supremo en el «caso Parot» (4), quien, al resolver el recurso planteado contra la resolución de la Audiencia Nacional sobre la acumulación de condenas, vino a introducir un cambio profundo en la práctica anterior, que contaba con refrendo del propio Tribunal Supremo (5). Así, conforme a la doctrina tradicionalmente mantenida, el límite máximo de cumplimiento acordado operaba como una pena nueva, resultante y autónoma, y a ella debían referirse los beneficios otorgados por la Ley, como son la libertad condicional y la redención de penas (6). Sin embargo, la sentencia del «caso Parot» se aparta de este criterio, estableciendo que «una interpretación conjunta de las reglas primera y segunda del mencionado art. 70 del Código Penal, texto refundido de 1973, nos lleva a considerar que el límite de treinta años no se convierte en una nueva pena, distinta de las sucesivamente impuestas al reo, ni, por consiguiente, en otra resultante de todas las anteriores, sino que tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario…

Por todo ello, teniendo en cuenta que, como surge del escrito del recurso, el ahora recurrente fue puesto en prisión en 1990, deberá cumplir las penas que se le impusieron en los distintos procesos en forma sucesiva, computándosele los beneficios penitenciarios respecto de cada una de ellas individualmente, con un máximo de ejecución de treinta años, que se extenderá hasta el año 2020.»

Otro ejemplo de cambio de criterio, con importantes repercusiones en orden a la libertad de un interno, es la formulación de las fechas de cumplimiento de repercusión penitenciaria que establecía la Instrucción 19/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y el establecido en la vigente Instrucción 1/2005, de 1 de febrero.

Muchos más serían los ejemplos que podríamos apuntar, unos motivados por cambios de criterio jurisprudencial, otros por cambios de criterio administrativo (7), facilitados por la facultad de la administración penitenciaria de dictar circulares, instrucciones y órdenes de servicio (8).

III. La nueva doctrina del Tribunal Constitucional sobre el abono de prisión preventiva

La STC 57/2008 declara la vulneración del derecho a la libertad personal, en un supuesto en que la liquidación de condena practicada judicialmente no abona a un interno el tiempo en el que simultáneamente a la prisión provisional sufrida en la causa ha estado privado de libertad como penado en cumplimiento de la condena impuesta en otra causa distinta.

El amparo solicitado tenía por objeto la impugnación de los autos de la Audiencia Provincial de Las Palmas por los que se aprobó y confirmó, respectivamente, la liquidación de la condena de privación de libertad practicada, a los que imputaba la vulneración del derecho a la libertad (artículo 17.1 CE), al no habérsele abonado en su totalidad el tiempo pasado en prisión provisional para el cumplimiento de la pena impuesta en la misma causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.1 CP, ya que no se le había abonado el tiempo en el que simultáneamente a la prisión provisional sufrida en dicha causa estuvo privado de libertad como penado para el cumplimiento de la condena impuesta en otra causa distinta.

El fundamento de la decisión parte de que no es posible identificar el significado de la prisión provisional y de la pena de prisión. La primera es una medida cautelar de naturaleza personal, cuya finalidad primordial es asegurar la disponibilidad física del imputado con miras al cumplimiento de la sentencia condenatoria que eventualmente pueda ser dictada en su contra, impidiendo así que pueda sustraerse de la acción de la justicia, no siendo en modo alguno una especie de pena anticipada. La distinta funcionalidad de la prisión provisional y de la pena permite que un mismo hecho (la privación de libertad) cumpla materialmente una doble función, sin que por ello pueda negarse la realidad material de la prisión preventiva, ni alterarse la normal aplicación de su límite temporal. Afirma el Tribunal que no puede negarse la funcionalidad y la realidad material de la prisión provisional como medida cautelar de privación de libertad en una causa porque coincida simultáneamente con una privación de libertad para el cumplimiento de una pena impuesta en otra causa distinta.

Destaca que el artículo 58.1 CP, tanto en la redacción anterior a la dada por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, como en la vigente, dispone el abono en su totalidad del tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente en una causa para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la misma causa, sin que exista cobertura legal para la exclusión del periodo de tiempo en el que simultáneamente a la situación de prisión provisional en una causa concurre la situación de penado por otra.

Añade que la situación de coincidencia entre la prisión provisional en una causa y la situación de penado en otra, por su frecuencia en la realidad, no es un supuesto que, lógicamente, pudiera haber pasado inadvertido al legislador, al regular el abono del tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente para el cumplimiento de la pena o pena impuestas en la misma causa (artículo 58.1 CP), lo que, desde la obligada pauta de la interpretación en el sentido de la mayor efectividad del derecho fundamental y de la correlativa interpretación restrictiva de sus límites, permite entender que, si el legislador no incluyó ninguna previsión respecto a dicha situación en el artículo 58.1 CP, y, en concreto, el no abono del tiempo en el que simultáneamente han coincidido las situaciones de prisión provisional en una causa y de penado en otra, fue sencillamente porque no quiso hacerlo y, por lo tanto, no resulta constitucionalmente adecuada una interpretación en virtud de la cual pueda llegarse a una consecuencia sobre el abono del tiempo de prisión provisional en una causa para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la misma, regulado en el artículo 58.1 CP, basada en un dato ausente de éste.

También desestima el argumento de que dos penas privativas de libertad no pueden ser cumplidas simultáneamente, debiendo cumplirse de forma sucesiva según su gravedad, conforme a lo establecido en el artículo 75 CP, pues en el presente caso el debate no se centra en el cumplimiento de dos penas, sino en la determinación del tiempo de abono de la privación de libertad sufrida provisionalmente en una causa para el cumplimiento de las penas impuestas en la misma.

Por último, el alto Tribunal entiende que no puede considerarse que en la situación de coincidencia temporal de las situaciones de prisión provisional por una causa y de ejecución de pena de prisión por otra la prisión provisional no afecte realmente a la libertad, pues es preciso tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en la normativa penitenciaria, el cumplimiento en calidad de penado se ve directa y perjudicialmente afectado por el hecho de coincidir con una situación de prisión provisional decretada, pues el penado que se encuentra con causas pendientes en situación de prisión provisional no puede acceder a ningún régimen de semilibertad, no puede obtener permisos ordinarios, ni puede obtener la libertad condicional. Por ello, dice que no puede sostenerse que el preso preventivo, que cumple a la vez condena, no está «materialmente» en situación de prisión preventiva.

Todas estas consideraciones conducen al Tribunal Constitucional a otorgar el amparo solicitado, puesto que la decisión de no abonar al recurrente en su totalidad el tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta en la misma causa carece de cobertura legal, lo que supone un alargamiento ilegítimo de su situación de privación de libertad, lesivo del artículo 17.1 CE, declarando la nulidad de las resoluciones judiciales recurridas y retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su pronunciamiento a fin de que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

IV. El tratamiento legal de los denominados «penados mixtos»

Antes de entrar a analizar los efectos que de la nueva doctrina del Tribunal Constitucional puedan derivarse, creo necesario hacer una breve descripción de cómo están regulados estos casos en la actualidad.

La existencia de internos sujetos a varias responsabilidades, unas preventivas y otras penadas, es una realidad muy habitual en los centros penitenciarios, y su tratamiento legal no es del todo satisfactorio, pues, en primer lugar, se trata de una situación no prevista en la LOGP, y es el RP, en su artículo 104, el que viene a consolidar normativamente una categoría nueva de privados de libertad, tradicionalmente conocida como «penados mixtos», cuyo tratamiento, desde el punto de vista penitenciario, es el mismo que el de los preventivos, tal y como se desprende de los números 1 y 2 del artículo citado: «1. Cuando un penado tuviese además pendiente una o varias causas en situación de preventivo, no se formulará propuesta de clasificación inicial mientras dure esta situación procesal.

2. Si un penado estuviese ya clasificado y le fuera decretada prisión preventiva por otra u otras causas, quedará sin efecto dicha clasificación, dando cuenta al centro directivo.»

Este tratamiento ha modificado el existente en el RP de 1981, donde, si bien la regla general era la no clasificación de estos internos, se admitía la misma en determinados supuestos y con algunas limitaciones: «Artículo 252. Si un interno penado tiene además pendiente una o varias causas en situación preventiva, no se hará la propuesta de clasificación correspondiente hasta que haya sido condenado o absuelto en la última de las mismas. No obstante, se podrán excluir los casos en que la causa o causas ya penadas lo hayan sido a penas graves y los delitos imputados en las causas preventivas tengan legalmente atribuidas penas inferiores.

En ningún caso se podrá proponer a un interno para tercer grado si le quedan causas en situación preventiva.»

El artículo 104 trata de dar solución lógica a un supuesto que, siendo habitual en los centros penitenciarios, como el propio Tribunal Constitucional reconoce en su sentencia, no tiene regulación alguna ni en legislación procesal ni en la penitenciaria.

Evidentemente, en tanto confluyan en el tiempo una situación de prisión provisional con una situación de penado, la primera dejaría sin contenido material a la segunda, al menos en relación con aquellas figuras jurídicas que puedan suponer una excarcelación durante el cumplimiento de la condena, tales como permisos de salida, régimen abierto o libertad condicional, pues en ningún caso el interno podría abandonar el centro en tanto se mantuviera la medida cautelar.

Para evitar este contrasentido, el RP opta por una solución lógica que haga posible la finalidad de la prisión decretada, si bien puede entrar en contradicción con la previsión contenida en el artículo 64.2 de la LOGP (9).

Otras soluciones podrían haber pasado por dar preferencia a la situación de penado sobre la de preventivo, algo que excedería del alcance de una norma de rango reglamentario, o por establecer una normativa específica respecto a los clasificados que tuvieran causas en situación preventiva, pero que materialmente no aportaría nada a la situación personal del interno.

V. Los efectos de la nueva doctrina

La nueva doctrina del Tribunal Constitucional viene a dejar sin efecto la práctica consolidada hasta la fecha, y que partía de la premisa de que un día de privación de libertad sólo podía servir para el cumplimiento de una causa, encontrando su fundamento en la regla del cumplimiento sucesivo establecida en el artículo 75 del CP.

Para conocer el alcance que el criterio establecido por esta sentencia puede tener, podemos hacer una primera aproximación cuantitativa a partir de los datos de la estadística general de población penitenciaria dependiente de la Administración General del Estado correspondientes al mes de marzo de 2008, elaborados por el Servicio de Planificación y Seguimiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Según el citado informe, a 31 de marzo de 2008 había en los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado (10) un total de 58.397 internos, de los cuales 42.828 cumplían penas de prisión, y, de éstos, 695 (1,62 %) tenían al mismo tiempo alguna causa en situación de prisión provisional.

Si extrapolamos esta situación a la totalidad del territorio nacional (11), sobre una población penada de 50.170 internos, unas 813 personas podrían encontrarse a último día de marzo en la situación denominada de «penado mixto», es decir, susceptibles de que en su día les fuera aplicada la nueva doctrina del Tribunal Constitucional y, en consecuencia, de ver reducida, en ocasiones de forma considerable, su tiempo de estancia en prisión.

Pero este número sería mayor si tenemos en cuenta que entre el resto de «penados puros» (aquéllos que se encuentran clasificados o pendientes de clasificar) es posible que en su día hayan estado durante un cierto periodo de tiempo simultaneando su situación de penado con la situación de preventivo, o incluso que durante algún tiempo hayan tenido decretadas dos situaciones de prisión provisional que hayan corrido total o parcialmente de forma simultánea en el tiempo.

Y aún podría tener un efecto mayor si consideramos aquellos casos de penados que ya hayan extinguido sus condenas y que en su momento la liquidación practicada en la causa en que había sufrido prisión preventiva descontó el tiempo de privación de libertad en que simultáneamente cumplía una condena firme.

En estos casos, si el sujeto reingresara para el cumplimiento de otra causa cuyos hechos hubieran sido cometidos en un momento anterior al de la medida cautelar sufrida, el tiempo no abonado en su momento podría ser abonado ahora, pudiéndose dar el caso de que ni siquiera tuviera que llegar a ingresar en prisión (12).

VI. La aplicación de la sentencia

Sobre los efectos de las sentencias de amparo se generan algunas dudas, pues aunque en principio sólo tienen efectos inter partes, y al estar limitadas a la estimación de un derecho individual carece de los efectos «frente a todos», efectos que en cambio sí poseen las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de tal y las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, lo cierto es que en la práctica, y por la vía del artículo 5.1 de la LOPJ, se convierten en la suprema fuente del ordenamiento. (13)

Admitido que la sentencia puede tener efectos más allá del caso concreto, el paso siguiente debería ser que la propia Administración penitenciaria procediera, de oficio, a la revisión de todas las liquidaciones de condena de todos aquellos penados que actualmente cumplen condena y que durante algún tiempo hayan estado en una situación de hecho como la que motivó el recurso de amparo.

Lógicamente, además de la posibilidad de una actuación de oficio por parte de la Administración penitenciaria, siempre estaría abierta la posibilidad de que fueran los propios internos afectados los que solicitaran una nueva liquidación de condena.

La existencia de liquidaciones firmes no recurridas en tiempo y forma no debería ser un obstáculo al respecto. Dos argumentos deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, porque no nos encontramos ante una resolución judicial de la que pudiéramos predicar su intangibilidad, pues por su propia naturaleza las liquidaciones de condena están sometidas a las alteraciones que pueda producir el tiempo, como, por ejemplo, el quebrantamiento de la condena, la concesión de indultos o el abono de tiempo de prisión preventiva sufrida en otra causa en los casos previstos en el artículo 58.3 CP. Un segundo argumento podríamos encontrarlo en la forma en que habitualmente se procede a la formulación de la liquidación de condena por el secretario judicial. Tal trámite no se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El único referente legal lo encontramos en el artículo 349 de la LO 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar (14), que también deja algunas lagunas en cuanto a su tramitación. La ausencia de procedimiento establecido normativamente hace que los juzgados y tribunales actúen de forma autónoma, existiendo criterios distintos. Generalmente la liquidación se confecciona por el secretario judicial, dándose traslado de la misma al Ministerio Fiscal para que informe (excepcionalmente algunos juzgados la comunican al penado a través de su procurador). Una vez devueltas las actuaciones al órgano judicial, se aprueba mediante auto (aunque en algunos juzgados la aprobación se lleva a cabo mediante providencia) y se remite al centro penitenciario. En la práctica, la liquidación se lleva a cabo sin ser oído el penado y en la mayoría de los casos no se le notifica, circunstancia esta que podría facilitar su impugnación, por lo que fácilmente podría ser declarada nula y retrotraerse lo actuado a un momento en el que pudiera ser oído el condenado.

Otra alternativa para hacer efectivo el criterio del Tribunal Constitucional podría ser el momento de la formulación de la propuesta de licenciamiento definitivo que realizan los establecimientos penitenciarios (15), si bien en estos casos podrían darse algunas dificultades de plazos en aquellos supuestos en que se tratara del abono de prisión preventiva sufrida en otras causas que exigiría la previa aprobación del juez de vigilancia penitenciaria (artículo 58.2 CP), o en los casos en que a ese periodo le pudiera corresponder abonos por redención de penas, pues la misma exigiría igualmente la previa aprobación del juzgado de vigilancia penitenciaria (artículo 76.2.c LOGP).

VII. La responsabilidad de la Administración penitenciaria y de los jueces y tribunales sentenciadores

El papel de la Administración penitenciaria en la formulación de las liquidaciones de condena es inequívoco, pues no en vano son los centros penitenciarios los que informan a los jueces y tribunales sentenciadores de los periodos de tiempo abonables, excluyendo, hasta ahora, los días abonados para el cumplimiento de sentencias firmes. Y este papel activo que en la práctica de las liquidaciones de condena asumen los establecimientos penitenciarios hace imprescindible que desde los centros directivos (16) se dicten de forma inmediata las oportunas instrucciones, adecuando la práctica a la nueva doctrina.

En caso contrario, la reiteración de prácticas antiguas que pudieran suponer prolongaciones de la privación de libertad más allá del tiempo establecido en las sentencias debería dar lugar a la correspondiente responsabilidad, especialmente en aquellos supuestos en que se formulen propuestas de licenciamiento definitivo sin tener en cuenta las modificaciones que la liquidación practicada en su momento pueda experimentar consecuencia de la doctrina del Tribunal Constitucional. En estos casos habría que analizar también la responsabilidad de los jueces y tribunales sentenciadores que aprueben licenciamientos definitivos sin comprobar el correcto abono del tiempo sufrido de prisión preventiva.

Junto con las responsabilidades personales que pudieran derivarse y exigirse, los penados que hubieran visto alargada su privación de libertad más tiempo del acordado en la sentencia judicial tendrían abierta la posibilidad de la reclamación patrimonial (17).

Por otro lado, y como antes ya se ha expuesto, el periodo de prisión preventiva no abonada al cumplimiento de la condena podría ser abonada para el cumplimiento de otras penas impuestas por hechos anteriores a la medida cautelar sufrida, circunstancia que debería ser tenida en cuenta de oficio por la Administración penitenciaria, revisando no sólo las liquidaciones de condena actualmente en cumplimiento, sino también condenas anteriores donde no se haya abonado íntegramente la prisión preventiva sufrida.

VIII. La revisión de la normativa vigente

El Tribunal Constitucional, en la sentencia objeto del presente trabajo, afirma que «la situación de coincidencia entre la prisión provisional en una causa y la situación de penado en otra, por su frecuencia en la realidad, no es un supuesto que, lógicamente, pudiera haber pasado inadvertido al legislador, […] lo que […] permite entender que, si el legislador no incluyó ninguna previsión respecto a dicha situación en el art. 58.1 CP, y, en concreto, el no abono del tiempo en el que simultáneamente han coincidido las situaciones de prisión provisional en una causa y de penado en otra, fue sencillamente porque no quiso hacerlo». Conociendo al legislador español, y si me permiten la ironía, es mucho presuponer.

Lo cierto es que la situación ahora planteada parecía tener solución en la interpretación que jueces y tribunales venían haciendo de la legislación vigente, y que la ausencia de una regulación específica parece obedecer más al convencimiento de que no existía un problema que a una voluntad del legislador de que los periodos de prisión preventiva se abonaran siempre en su integridad a las condenas impuestas en la causa en que fue acordada, al margen de que en dicho periodo pudieran confluir con el cumplimiento de penas privativas de libertad.

A partir de este momento se hace necesaria una reforma urgente, que evite que se puedan perpetuar en el futuro situaciones injustas que difícilmente pueden explicarse a los ciudadanos, pues, al igual que a mediados de los años noventa se planteaba que habría que poner en libertad en poco tiempo a personas condenadas a cientos de años por la interpretación que se venía haciendo del artículo 70 del CP de 1973, y que hasta que tal circunstancia no se visualizó socialmente, por afectar a condenados por delitos de terrorismo, no se arbitraron reformas legales y no se modificó la interpretación jurisprudencial de la norma, es factible que esta doctrina pueda sacar a la luz pública algún caso especialmente sensible socialmente. Desconociendo la situación actual del caso y jugando a las especulaciones, el caso de la niña Mari Luz podría ser uno de ellos. Si la condena que su presunto asesino tenía pendiente de cumplir se estuviera cumpliendo en estos momentos, resultaría que el tiempo en que coincidieran prisión preventiva y pena firme sería tiempo que se abonaría al cumplimento no sólo de la pena firme, sino también, si así sucediera, a la condena que se le impusiera por la muerte de Mari Luz.

La situación producida por la sentencia quiebra la línea impuesta en los últimos años por el legislador, marcada por la tolerancia cero hacia el delito, y que una de sus principales consecuencias es el cumplimiento íntegro de condenas, favoreciendo únicamente a los sujetos multirreincidentes que pueden ver en su compleja y profusa situación procesal una grieta por la que escapar al rigor de la ley.

Ciertamente la redacción del artículo 58 del CP es taxativa y no encontramos en la legislación otro argumento que el del artículo 75 de la misma norma, argumento desestimado en esta sentencia, para evitar que un día de privación de libertad pueda ser imputado al cumplimiento de dos causas diferentes. Por otro lado, la solución que a mi modo de ver parece más adecuada, como es suspender el inicio del cumplimiento de la condena hasta que la situación de prisión provisional quedara sin efecto (para lo cual sería aconsejable una mejor redacción del artículo 134 del CP en relación con el cómputo de los plazos de prescripción de las penas que evitara algún problema interpretativo), encuentra en estos momentos dificultades en el artículo 988 de la LECrim, que establece que, declarada firme una sentencia, se procederá a su ejecución «aunque el reo esté sometido a otra causa».

Hasta ahora sólo se ha planteado la confluencia de una responsabilidad penada con otra en situación de prisión provisional, pero nos podríamos encontrar con dos o más autos de prisión preventiva, dictados en diferentes procedimientos y que corrieran conjuntamente en el tiempo, situaciones que deberían ser objeto de tratamiento legal.

IX. Conclusiones

La doctrina del Tribunal Constitucional emanada de la sentencia 57/2008 hace necesario llevar a cabo una reforma legal que dé cumplida respuesta a la situación planteada, evitando que un día de privación de libertad pueda servir, de facto, para el cumplimiento de varias penas que conforme al artículo 75 del CP deberían cumplirse de forma sucesiva.

Las reformas legales demandadas deben abordar igualmente la situación que se produce cuando coinciden en el tiempo dos o más resoluciones decretando prisión preventiva sobre una persona, de forma que, con independencia de los cómputos a efectos de tiempo máximo de duración de la medida cautelar acordada, en ningún caso pueda abonarse el mismo tiempo de privación de libertad al cumplimiento de dos penas de esta naturaleza.

En el caso de confluencia en el tiempo de resoluciones de prisión preventiva con penas firmes, la solución debe venir porque el inicio del cumplimiento de la condena se suspenda hasta que quede sin efecto la situación cautelar. La misma solución debiera adoptarse en los casos en que se acuerde la prisión provisional una vez iniciado el cumplimiento de una condena. De esta forma, la ejecución de la pena privativa de libertad no quedaría afectada como ocurre en el momento actual, al amparo del artículo 104 del RP.

El tratamiento penitenciario de los tradicionalmente denominados en el lenguaje penitenciario como «penados mixtos» debería regularse en la LOGP y no en el RP.

En tanto en cuanto no se lleven a cabo las oportunas reformas legales, la Administración penitenciaria debería proceder de oficio a aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional, solicitando las modificaciones que procedan de las liquidaciones de condena aprobadas y particularmente ajustando las propuestas de licenciamiento definitivo a los criterios establecidos por el alto Tribunal.

En esta aplicación de oficio deberían informar a los juzgados de vigilancia penitenciaria de los periodos de tiempo no abonados en causas ya cumplidas y susceptibles de abono en las causas en cumplimiento, cuando los hechos sean anteriores a las prisión provisional sufrida, al objeto de que de oficio puedan proceder al abono de estos periodos, al amparo del artículo 58.2 del CP.

(1) La regla 6ª del artículo 66.1 del CP establece que cuando no concurran atenuantes ni agravantes, los jueces y tribunales aplicarán la pena establecida por la Ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

(2) La muerte de la niña onubense Mari Luz, de 5 años de edad, que tras haber desaparecido el pasado mes enero, apareció su cadáver el día 7 de marzo en la ría de Huelva, ha abierto el debate sobre la posibilidad de introducir la cadena perpetua en nuestro sistema penal. Al respecto resulta de interés el artículo «¿Es viable en nuestro ordenamiento jurídico la pena de «cadena perpetua» como solución para determinado tipo de delincuentes difícilmente reinsertables?», de Javier NISTAL, publicado en Actualidad Jurídica Aranzadi nº 753, de 5 de junio de 2008.

(3) El Tribunal Supremo, por sentencias de 18 de julio y 13 de noviembre de 1996, admitió la compatibilidad de la redención obtenida antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal y las penas impuestas al amparo del mismo, lo que motivó la Circular 3/96 de la Fiscalía General del Estado, sobre el criterio jurisprudencial relativo a la redención de penas por el trabajo y la revisión de sentencias conforme al nuevo Código Penal, adaptando en este punto la Circular 1/96 a la consolidada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esta circular intentaba agotar cuantos recursos técnicos posibilitaran un desenlace respetuoso con el derecho a la libertad, intentando buscar argumentos que respaldaran la posibilidad de aplicar este criterio jurisprudencial incluso a sentencias ya revisadas.

(4) Sentencia nº 197/2006, de 28 de febrero, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

(5) Sentencia 529/1994, de 8 de marzo, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

(6) Véase, por ejemplo, fel undamento jurídico quinto de la STS 529/1994, antes citada.

(7) En relación con esto último, resulta de interés el artículo «El principio constitucional de «seguridad jurídica». Su posible desconocimiento por el actual sistema de ejecución penal», de Javier NISTAL, publicado en el Actualidad Jurídica Aranzadi nº 743, de 17 de enero de 2008.

(8) El nº 5 del artículo 3 del RP establece que los órganos directivos de la Administración penitenciaria podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio. Este artículo está en consonancia con el artículo 21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que prevé que los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

(9) El citado artículo dice que «una vez recaída sentencia condenatoria, se completará la información anterior con un estudio científico de la personalidad del observado, formulando en base a dichos estudios e informaciones una determinación del tipo criminológico, un diagnóstico de capacidad criminal y de adaptabilidad social y la propuesta razonada de grado de tratamiento y de destino al tipo de establecimiento que corresponda».

(10) No se incluirían aquí los datos correspondientes a los centros penitenciarios dependientes de la Generalitat de Cataluña.

(11) Se incluirían los 7.342 penados que a 31 de marzo se encontraban en centros penitenciarios de Cataluña.

(12) En relación con esta posibilidad, resulta de interés la sentencia del TC 322/2005, de 12 de diciembre, que otorgó el amparo solitido al estimar que no era necesario el ingreso en prisión del demandante para que le pudieran ser aprobadas las redenciones de pena ordinarias y extraordinarias a las que pudiera tener derecho, pues el ingreso no venía impuesto ni justificado por imperativo legal alguno.

(13) Artículo 5.1 LOPJ: «La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.»

(14) Artículo 349. «En todos los casos en que la pena impuesta sea de privación de libertad, se practicará por el secretario del tribunal, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se reciba el procedimiento, una liquidación de condena que comprenderá los siguientes extremos:
a) Fecha en que el reo fue detenido o constituido en prisión.

b) Fecha en que se hizo ejecutoria la sentencia.
c) Tiempo que le fuera de abono por haber estado en prisión preventiva o atenuada, detenido o arrestado por los mismos hechos.
d) Duración de la condena.
e) Tiempo que le fuera de abono, en su caso, por indulto.
f) Tiempo que le restare por cumplir, después de deducido el abono, y día en que dejase extinguida su condena, con indicación, si es militar, de si ha de volver o no al Ejército. Si tuviere que cumplir previamente otras condenas, no se señalará el día de extinción.

Se hará el cómputo de fechas con expresión de años, meses y días y se observarán las reglas siguientes:

1. Cuando la pena sea de un número de meses completos se contarán de treinta días.

2. Cuando sea de años completos se contarán de trescientos sesenta y cinco días.»

(15) El artículo 24 del RP establece que con una antelación mínima de dos meses al cumplimiento de la condena, el director del establecimiento formulará al tribunal sentenciador una propuesta de libertad definitiva para el día en que el penado deje previsiblemente extinguida su condena, con arreglo a la liquidación practicada en la sentencia.

(16) Ministerio del Interior y Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

(17) Conforme al artículo 292 de la LOPJ, los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor.

2 comentarios en “Evolución en los criterios de individualización de la pena

  1. La aplicación de esta doctrina puede tener una importante influencia en cuanto al tiempo que una persona pueda permanecer en prisión.
    Todos los letrados que asesoren a internos deberían conocer esta sentencia e iniciar de inmediato una revisión de la situación jurídica de sus clientes e instar de los tribunales sentenciadores las correspondientes liquidaciones de condenas.

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