Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes

 

 

 

Referencia bibliográfica: Decreto Supremo Nº 007-2008-IN, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28950 – Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; publicado el 30 de noviembre de 2008; reproducido en Agenda Magna en la misma fecha. << Más información…

 


DECRETO SUPREMO
Nº 007-2008-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28950 – Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, establece en su Sexta Disposición Final que la misma será objeto de reglamentación;

Que, es necesario reglamentar la mencionada ley, a fin de contar con el marco normativo adecuado para afrontar la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, estableciendo las responsabilidades de las instituciones del Estado involucradas para promover y ejecutar medidas de prevención considerando el enfoque de Derechos Humanos y de grupos vulnerables; así como sus factores de riesgo, teniendo en cuenta la investigación, capacitación, información y difusión;

Que, el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas, constituido mediante Decreto Supremo Nº 002-2004-IN, de fecha 20 de febrero de 2004, ha alcanzado una propuesta de Reglamento de la norma a que se contrae el primer considerando;

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación.

Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 28950 – Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes que consta de Cuatro (04) Títulos, Cuatro (04) Capítulos, Treinta y siete (37) Artículos y Una (01) Disposición Final Única.

Artículo 2º.- Vigencia.

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3º.- Refrendo.

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Interior, la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministro de Salud, la Ministra de Justicia, el Ministro de Educación, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ, Presidente Constitucional de la República

REMIGIO HERNANI MELONI, Ministro del Interior

CARMEN AURORA VILDOSO CHIRINOS, Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

JORGE ELISBAN VILLASANTE ARANÍBAR, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y Encargado del Despacho del Ministerio de Salud

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA, Ministra de Justicia

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO, Ministro de Educación

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ, Ministra de Comercio Exterior y Turismo

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE, Ministro de Relaciones Exteriores

REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto.

El presente Reglamento precisa los alcances de la Ley Nº 28950, “Ley contra la Trata de personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes”, la que en adelante se denominará “la Ley”. Regula las medidas de prevención de estos delitos, sus factores de riesgo, la persecución de los agentes del delito, la protección y asistencia de víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus familiares directos dependientes, con el objeto de implementar y desarrollar por parte del Estado Peruano en coordinación con la sociedad civil y la cooperación internacional, las medidas previstas en la Ley.

Artículo 2º.- Principios.

La interpretación y aplicación del presente Reglamento, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política del Perú e instrumentos internacionales de derechos humanos, se orientará por los siguientes principios:

2.1 Primacía de los derechos humanos: Los derechos humanos de las víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, y sus familiares directos dependientes constituirá el centro de toda labor para prevenir, perseguir, proteger y asistir.

2.2 Perspectiva de género: Permite reconocer que en los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, las mujeres se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, explicando la alta incidencia del delito en contra de ellas.

2.3 Protección integral de la víctima de trata de personas: El Estado velará por la protección y asistencia integral de la víctima que incluya, como mínimo, la repatriación segura, alojamiento transitorio, asistencia médica, psicológica, social y legal, mecanismos de inserción social, y las demás medidas previstas en la Ley Nº 27378, Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada.

2.4 Interés superior del niño y adolescente: Estará consagrado a las acciones que adopten los organismos gubernamentales o no gubernamentales, priorizando el interés y derechos del niño y adolescente, en aquellos delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de los que sean víctimas.

2.5 Información a las víctimas sobre sus derechos y el proceso de asistencia: Las autoridades, funcionarios y servidores públicos, y los organismos no gubernamentales que brinden asistencia a las víctimas del delito de trata de personas, informarán a éstas acerca de los derechos que le corresponden, los alcances de la asistencia integral, los beneficios e implicancias de los procedimientos que deriven de su situación.

2.6 Reserva, confidencialidad y derecho a la privacidad: Bajo responsabilidad administrativa, civil o penal, se mantendrá en reserva y privacidad la identidad de la víctima y se preservará la confidencialidad de las actuaciones policiales, fiscales y judiciales relativas al caso; así como, el respeto a la información resultante de las entrevistas sociales, psicológicas o historias médicas que se generen, quedando prohibida la difusión de la identidad e imagen de la víctima a través de cualquier medio de difusión o comunicación.

Artículo 3º.- Definiciones.

Para efectos del presente Reglamento, así como para la aplicación de las disposiciones contenidas en el mismo, entiéndase por:

3.1 Asistencia: Acciones que el Estado directamente o en coordinación con otros Estados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, ejecutan a favor de la víctima del delito de trata de personas a fin de brindarle repatriación segura, alojamiento transitorio, asistencia médica, psicológica, social y legal; así como, mecanismos de inserción social.

3.2 Esclavitud: Estado o condición por el cual una persona queda sometida al dominio y voluntad de otra quedando despojado de ejercer sus derechos inherentes y su libertad.

3.3 Explotación: Utilizar de modo abusivo, en provecho propio o de terceros a una persona, induciéndola u obligándola a determinada conducta, aprovechando la ascendencia sobre ella.

3.4 Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescente: Actividad ilícita y delictiva consistente en someter y obligar a niños, niñas o adolescentes a situaciones sexuales, eróticas u actos análogos, en beneficio propio o de terceros.

3.5 Grupos vulnerables: Son aquellos que por cualquier condición (sexo, edad, religión, salud, situación social, económico, cultural, etc.), están expuestos a la violación de sus derechos y a la afectación de su dignidad.

3.6 Mendicidad: Práctica permanente o eventual que consiste en solicitar de alguien de modo persistente y humillante una dádiva o limosna. La mendicidad no genera transacción económica, prestación de servicios ni relación laboral alguna.

3.7 Migración: El movimiento o desplazamiento geográfico de una persona o grupo de personas por causas económicas y sociales, dentro del territorio nacional o fuera de él.

3.8 Prácticas análogas a la esclavitud o personas en condición de servidumbre: Toda práctica o condición por la cual un niño, niña o adolescente, es entregado por su padre o padres, tutor, u otra persona que tenga ascendencia sobre la víctima, a cambio de una contraprestación económica u otro beneficio, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño, de la niña o adolescente.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por la “Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud”, se entenderá por:

a. La servidumbre por deudas.- El estado o la condición de una persona que se compromete a prestar sus servicios, o los de un tercero sobre quien ejerce autoridad o ascendencia, como pago o garantía de una deuda, de manera indefinida en tiempo, modo y naturaleza, siendo que los servicios prestados por la víctima no guardan relación con la deuda.

b. La servidumbre de la gleba.- El estado o la condición de la persona que está obligada por ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta mediante remuneración o gratuitamente determinados servicios sin libertad para cambiar su condición.

3.9 Prestadores de servicios turísticos: Los contemplados en la Ley Nº 26961, Ley para el desarrollo de la actividad turística, así como demás normas que la modifiquen, deroguen o sustituyan.

3.10 Prevención: Acciones destinadas a reducir los factores de riesgo para evitar una situación de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

3.11 Protección: Conjunto de medidas destinadas a garantizar la integridad física y mental de las víctimas, colaboradores, testigos, peritos y familiares directos dependientes.

3.12 Trabajos o servicios forzados: Todo trabajo o servicio impuesto a un individuo víctima de trata de personas, bajo amenaza de un grave perjuicio a él o sus familiares directos dependientes.

3.13 Venta de niños: Toda actividad o transacciones ilegales por la que niños, niñas y adolescentes son transferidos por una persona o grupo de personas a otra a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución.

TÍTULO II
POLÍTICA INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Artículo 4º.- Atribuciones del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas.

Además de las funciones establecidas en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 002-2004-IN, el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas propondrá al Poder Ejecutivo los lineamientos, políticas, planes y estrategias integrales contra la trata de personas, encargará a través de su Secretaría Técnica el seguimiento para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Reglamento, en lo referente a la prevención de los delitos previstos y sus factores de riesgo; así como la persecución de los agentes del delito, la asistencia y protección de víctimas, familiares directos dependientes, colaboradores, testigos y peritos.

En este contexto, el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de personas establecerá una estrategia de difusión, comunicación y capacitación destinada a posicionar la lucha contra la trata de personas como política de Estado, coordinando la sistematización de información delictiva en el Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de personas y Afines (RETA).

Artículo 5º.- Coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales.

El Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas coordinará con los Gobiernos Regionales y Locales la promoción, constitución y funcionamiento de redes descentralizadas de lucha contra la trata de personas para cumplir la finalidad del presente Reglamento, así como la incorporación de políticas en los Planes de Desarrollo Regionales y Locales.

TÍTULO III
DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PERSECUCIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA

CAPÍTULO I
DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

Artículo 6º.- Entidades responsables.

En el marco de sus competencias, las siguientes entidades son responsables de la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes: Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio Público, Poder Judicial; así como los Gobiernos Regionales y Locales.

Artículo 7º.- Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes, desarrollará estrategias descentralizadas para la prevención contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en los siguientes aspectos:

a) Identificación de población educativa vulnerable.

b) Orientación y derivación de casos a las autoridades u organismos competentes.

c) Fortalecimiento de los mecanismos de protección institucionales.

d) Priorización de acciones de sensibilización a la comunidad educativa de zonas rurales de mayor vulnerabilidad a la problemática de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

e) Desarrollo de otras acciones propias del Sector destinadas a prevenir la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Artículo 8º.- Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a través de sus órganos competentes, desarrollará estrategias para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, para lo cual deberá:

a) Proponer los lineamientos de intervención para la protección de víctimas de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en todos los proyectos, programas y servicios del Sector.

b) Capacitación a los operadores de sus servicios institucionales, así como a los grupos vulnerables.

c) Coordinar y supervisar, en los ámbitos de su competencia, los servicios de atención afines, para la prevención del delito de trata de niñas, niños y adolescentes.

d) Coordinar estrategias conjuntas con las instancias descentralizadas del Sector, Gobiernos Regionales y Locales para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

e) Generar mecanismos de información para las agencias internacionales y nacionales de adopción, centros de atención residencial, padres biológicos y preadoptantes, sobre las implicancias del delito de trata de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 9º.- Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud, a través de sus órganos competentes, coordinará en el Sector, el desarrollo de estrategias para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Artículo 10º.- Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Sector, la Dirección General de Migraciones y Naturalización, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional del Perú, promoverá el desarrollo de estrategias para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de manera descentralizada, en los siguientes aspectos:

a) Capacitación al personal del Sector.

b) Capacitación al personal que desarrolla los programas preventivos promocionales de la Policía Nacional del Perú.

c) Diseño de una estrategia comunicacional de difusión de la normatividad de la trata de personas.

d) Difusión de la Línea contra la trata de personas 0800-2-3232.

e) Promoción de propuestas que incluya la presentación del Documento Nacional de Identidad del menor de edad para la expedición o revalidación de pasaportes de menores de edad, además de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

f) Vigilar que en el traslado de niñas, niños y adolescentes, éstos cuenten con el Documento Nacional de Identidad o partida de nacimiento, y de corresponder autorización de viaje de acuerdo a la legislación vigente.

g) Orientación sobre los riesgos de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes a los usuarios de los servicios de migraciones.

h) Promover investigaciones sobre la trata de personas en el ámbito académico policial que permita entre otros identificar las redes de trata de personas.

i) Otras que se derivan del presente reglamento y de las normas propias del sector.

Artículo 11º.- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en cumplimiento del Código Ético Mundial para el Turismo, promoverá el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de turismo y viajes, impulsando, entre otras, las siguientes acciones:

a) Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos para que se conviertan en operadores activos en la prevención de la trata de personas.

b) Promover la suscripción de instrumentos orientados a la prevención del delito de trata de personas principalmente de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo.

c) Promover la inclusión de la temática del delito de trata de personas en la currícula de las escuelas, institutos y facultades de formación en turismo.

Artículo 12º.- Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior y las Oficinas Consulares promoverá el desarrollo de estrategias para la prevención de los Delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en los siguientes aspectos:

a) Difusión de los servicios de orientación en las Oficinas a los nacionales en el extranjero.

b) Capacitación a funcionarios consulares sobre los alcances y riesgos de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Artículo 13º.- Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia, a través de sus Direcciones, promoverá el desarrollo de estrategias para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en los siguientes aspectos:

a) Difusión de los servicios de orientación y asistencia legal a las víctimas del delito de trata de personas.

b) Sistematización de la normatividad nacional e internacional sobre los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

c) Elaboración de propuestas normativas y otras que se requiera para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas.

Artículo 14º.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de sus Direcciones y Programas, colaborará con las autoridades competentes, en el desarrollo de políticas y acciones para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en el ámbito de su competencia y en los siguientes aspectos:

a) Capacitación a los funcionarios y servidores para la identificación de casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

b) Desarrollar Directivas a fin que los transportistas exijan la presentación del Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento y autorización de viaje de ser el caso, para la expedición de los boletos de viaje de menores de edad.

c) Desarrollar Directivas a fin que los transportistas estén obligados a prestar apoyo a las autoridades competentes para el control del cumplimiento de la identificación de los pasajeros en los medios de transportes terrestres, fluviales, aéreos y marítimos.

Artículo 15º.- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de sus Direcciones y Programas, promoverá el desarrollo de estrategias para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en los siguientes aspectos:

a) Capacitación a los funcionarios y servidores para la orientación e identificación de casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

b) Supervisión de centros de trabajo, domicilios, agencias de colocación de empleos y otros que hagan sus veces conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

c) Asesoramiento y charlas informativas a la población laboral.

d) Orientación a la población vulnerable que participa en los Programas de Capacitación e Inserción Laboral, sobre los riesgos de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Artículo 16º.- Ministerio Público.

El Ministerio Público promoverá el desarrollo de estrategias para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en los siguientes aspectos:

a) Capacitación a funcionarios y servidores para la identificación de casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes e implementación de medidas preventivas.

b) Promoción de la especialización del personal del Ministerio Público para el cumplimiento de la Ley Nº 28950 – Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Artículo 17º.- Poder Judicial.

El Poder Judicial, promoverá el desarrollo de estrategias para la prevención de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de migrantes, en los siguientes aspectos:

a) Capacitación del personal y funcionarios para la intervención de casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

b) Promoción de la especialización del personal jurisdiccional integrante de los Juzgados Especializados que se constituyan para el cumplimiento de la Ley Nº 28950 – Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

c) Sistematización y difusión de la estadística de los casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Artículo 18º.- Gobiernos Regionales y Locales.

Los Gobiernos Regionales y Locales, promoverán el desarrollo de estrategias para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; así como la atención a las víctimas y sus familiares directo dependientes en los siguientes aspectos:

a) Promoción y constitución de redes regionales y locales de lucha contra la trata de personas, conforme al artículo 10º, numeral 2, de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, referida a las competencias compartidas.

b) Coordinación y fortalecimiento de las redes regionales y locales de lucha contra la trata de personas.

c) Incorporación de las víctimas de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en los programas y servicios sociales regionales y locales como: seguridad ciudadana, Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente, Oficina Municipal para la atención a las personas con Discapacidad, Programa de Apoyo Alimentario, Comités Municipales por los Derechos del Niño y otros.

d) Identificación de población vulnerable a los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

e) Orientación y derivación de casos. La derivación se efectuará a la dependencia policial de la jurisdicción o al Ministerio Público.

f) Fortalecimiento de factores de protección.

[Continúa… el texto está en digitación]

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