Prescripción de la matanza en centro penitenciario por naturaleza de delito común

Referencia bibliográfica: «El Tribunal Constitucional reafirma la prescripción de la matanza de El Frontón en 1986»; publicado en El Comercio website el 15 de diciembre de 2008; reproducido en Agenda Magna en la misma fecha.


Según el Tribunal Constitucional, la matanza en la cárcel de El Frontón no fue un crimen de lesa humanidad, y por tanto tiene períodos de prescripción que ya se cumplieron, con lo que le da la razón al marino Teodorico Bernabé.

El Tribunal Constitucional (TC) del Perú declaró hoy prescrito el caso de la matanza de más de 200 presos en una cárcel de Lima en 1986, proceso al que estaban ligados como testigos el presidente Alan García y el vicepresidente Luis Giampietri.

El TC, cuyos fallos son inapelables, tomó la decisión por cuatro votos contra tres en medio de un ambiente de dudas por denuncias sobre supuestas maniobras oficialistas para poner a García y Giampietri a salvo de cualquier giro que pudiera tomar el caso en el futuro.

Según el Tribunal, la matanza en la cárcel insular El Frontón no fue un crimen de lesa humanidad, y por tanto tiene períodos de prescripción que ya se cumplieron, con lo que le dio la razón al marino Teodorico Bernabé, uno de los involucrados y quien había presentado una acción en tal sentido.

La matanza ocurrió en los primeros meses del primer gobierno de García (1985-1990), cuando efectivos militares, especialmente de la Marina, controlaron a sangre y fuego un motín liderado por presos por terrorismo, operación militar que tuvo entre sus líderes al vicealmirante Giampietri, hoy en situación de retiro.

El proceso respectivo se postergó año tras año pese al impulso de organismos de derechos humanos que buscaron que se incluyera entre los procesados a García y Giampietri, quienes sin embargo hasta el final sólo fueron mencionados como potenciales testigos.

Los siete miembros del TC no ocultaron su división sobre el tema, la que generó choques internos. Hasta la semana pasada, según versiones periodísticas, la correlación era de cuatro a tres a favor de la no prescripción. Empero, uno de los magistrados que defendía supuestamente que siguiera el proceso, Ernesto Álvarez, cambió de posición en momentos en que medios como el diario «La Primera» decían que era sometiendo a presiones con un caso de acoso sexual.

Álvarez votó por la prescripción, junto con el presidente del TC, Juan Vergara, y de los apristas Carlos Mesía y Fernando Calle. En el sentido contrario votaron César Landa, Ricardo Beaumont y Gerardo Eto.

Los deudos de quienes murieron en el motín -en la mayoría de casos reconocidos miembros del grupo ultraizquierdista armado Sendero Luminoso-, anunciaron que ante la decisión del TC acudirán al sistema interamericano de derechos humanos.

Treinta y cuatro marinos que intervinieron en la represión del motín, incluido Bernabé, eran investigados por la Fiscalía por el caso.

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