Los justicieros del mundo

Son 18. Cada uno procede de un rincón distinto del planeta. Y representan el máximo exponente de la justicia universal. Son los 18 miembros de la Corte Penal Internacional de La Haya, creada en 2002 con la vocación de abrir una nueva era en la que ningún crimen quede impune. Las potencias -EE UU, China, Rusia, India- boicotean su trabajo, pero saben que cuentan con el apoyo de millones de corazones en el mundo. ¿Quiénes son, qué hacen? Hemos hablado con cinco de ellos.

Por Gabriela Cañas.

La guerra convirtió al pequeño Sang-hyun Song en el salvador de la familia. Su cuerpo menudo y su corta edad le permitían moverse por entre las trincheras y bajo la lluvia de las bombas sin ser capturado y movilizado por el Ejército norcoreano. Cada día, durante aquel verano de 1953 que nunca olvidará, hacía 10 kilómetros a pie hasta su ciudad natal para aprovisionarse de los víveres que sus amigos y familiares pudieran prestarle, y desandaba el camino de vuelta a casa a veces con el macuto vacío. Otras, con pobres provisiones con las que subsistir. La familia Song sobrevivió y vio cómo aquel mismo verano las fuerzas aliadas liberaban a Corea del Sur de su larga historia de opresión y colonialismo. Aún ve Song nítidamente a su padre llorar cuando escuchó por la radio las palabras del entonces secretario de Estado de EE UU, John Foster Dulles, proclamando: “Corea no está sola”.

Con el tiempo, Song se convirtió en un estudiante de Derecho que aprendió leyes en su país, pero también en Estados Unidos, en Francia, en Australia y Nueva Zelanda. Trabajó por los derechos de la infancia y terminó siendo profesor y juez en una Corea, la del Sur, un país pleno de oportunidades. Cuando su Gobierno le propuso en 2003 ser juez en la Corte Penal Internacional, Song reflexionó: “Corea es un pequeño país rodeado de grandes potencias; un país siempre invadido que nunca agredió a otros. Puede ser una buena idea participar en la Corte y prevenir cualquier otra invasión hacia nosotros”.

En marzo de este año, Sang-hyun Song fue nombrado presidente de la Corte Penal Internacional y rememora su historia desde su acristalado despacho, en la cumbre del moderno edificio de La Haya. Pero sus expectativas no están colmadas. El llamado “crimen de agresión” del que Corea fue víctima varias veces no está recogido en los estatutos de la Corte, de modo que esta institución no podría juzgar una invasión de un país a otro como no pudo pronunciarse en 2003 contra la invasión de Irak.

Pero la paciencia de los jueces parece tan oriental como el propio Song: “Hay problemas todavía para ponerse de acuerdo e incorporar este crimen en los estatutos, pero estoy seguro de que algún día se conseguirá”, afirma este juez surcoreano. Vive solo en La Haya. Es un tributo que tiene que pagar por trabajar para este gran proyecto estable de justicia universal heredero directo del Tribunal de Núremberg, aunque éste ha nacido torpedeado por las grandes potencias del mundo (Estados Unidos, Rusia, China e India), pero sostenido por 108 países y el crucial empuje de Europa.

Sin embargo, el gran motor de esta institución es el empeño que palpita en los corazones de millones de personas (muchas de ellas de Estados Unidos y otros países que se han quedado al margen) que sueñan con el fin de la impunidad para los crímenes más terribles. Song nació en plena Guerra Mundial, cuando Corea era parte del imperio japonés. Su abuelo era un líder independentista que en 1919 fue detenido por los japoneses. Sus captores lo desnudaron, lo ataron a un poste y animaron a los perros adiestrados a que atacaran sus genitales. “En aquel tiempo”, dice su nieto, “había mucha tortura en mi país. Mi abuelo perdió su capacidad reproductiva”, pero siguió luchando y fundó un periódico y a punto estuvo de convertirse en el primer presidente de su país de no ser por que murió asesinado el último día de 1945.

Torturas sistemáticas, genocidios, violaciones masivas… La Corte Penal Internacional está ahora ahí para perseguir este tipo de crímenes. Su jurisdicción es limitada. No podrá perseguir, por ejemplo, a genocidas de países que no han suscrito su estatuto. Tampoco puede juzgar con carácter retroactivo. Sólo (y nada menos) los crímenes cometidos desde julio de 2002. Es, en definitiva, el embrión de la justicia universal que ha llegado con el nuevo siglo y el nuevo milenio.

Cuatro son los grandes casos que ya tiene entre manos. Son cuatro catástrofes humanas ocurridas todas ellas en África en los albores del nuevo siglo: en Uganda, en la República Democrática de Congo y en la República Centroafricana. Los tres han pedido ayuda a la Corte. El cuarto caso, el de Darfur, tiene características especiales. En una decisión trascendental e inédita, el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde en 2005 al fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, para investigar los crímenes cometidos en esta zona de Sudán. Cuatro años más tarde, el pasado mes de marzo, la Corte lanzó la orden de arresto de Omar al Bachir, el presidente de Sudán, la primera contra un mandatario en ejercicio.

La orden estaba firmada por la juez letona Anita Usacka, la ghanesa Akua Kuenyehia y la brasileña Sylvia Steiner. Al Bachir no se ha entregado, pero Le Monde le advertía en un editorial: “La justicia internacional es paciente y terca: el presidente serbio, Slobodan Milosevic, y el de Liberia, Charles Taylor, lo han aprendido en sus carnes”. Usacka fue una de las jueces que pidió, sin éxito, la calificación más dura contra Al Bashir, la de genocidio. Hoy los ojos se le humedecen al recordar cómo la convencieron para ser juez de esta Corte.

“Mi sueño era ser juez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Yo creía que este sitio no era para mí porque apenas había visto casos penales. Soy, sobre todo, constitucionalista, pero mi amiga la juez Navanetehm Pillay [magistrada del tribunal para Ruanda y de la Corte Penal Internacional, y ahora comisaria de la ONU para los Derechos Humanos] quería convencerme. Finalmente, fui a un seminario en Budapest y ahí la juez suiza Barbara Ott, que había llevado un caso ruandés en Suiza, contó las dificultades que afrontó para celebrar el juicio. Explicó que tuvieron que llevar a los testigos a Suiza, conseguirles pasaportes, incluso ropa, comida y calzado, porque no tenían. Cuando llegaron al aeropuerto de Zúrich estaban desorientados. Nunca habían visto una escalera mecánica y se caían al suelo. Todo eso me conmovió tanto…”, dice emocionada Anita Usacka.

Ella nació, como Song, en un país de identidad amenazada. Letonia era en los años cincuenta parte de la Unión Soviética, y Usacka completó su doctorado en Derecho en Moscú. Pero también dio el salto a Estados Unidos antes de volver a Riga y participar, a partir de 1990, en el electrizante proceso de recuperar la identidad, la independencia y la plena soberanía de su pequeño país. Esta juez participó por aquellos años en diversos proyectos de transición a la democracia de países centroeuropeos y colaboró en la redacción de la nueva Constitución de Letonia. El texto de 1922 quedó intacto. Sólo se añadió un capítulo importante: el de los derechos humanos. Ahora se siente satisfecha de su Carta Magna.

A Anita Usacka le gustaría que las cosas fueran un poco más rápidas en la justicia en general y en la Corte Penal Internacional, en particular. “Sólo tenemos una vida”, repite, “y hay gente en África, en todos los rincones, que necesita una actuación urgente de la justicia”. Pero también pide calma. “Todo el mundo critica, pero aquí hay que investigar, producir pruebas, tomar decisiones, contar con intérpretes…”.

El presidente de Sudán recibió desafiante la orden de arresto de la Corte Penal viajando más que nunca: a Eritrea, a Egipto, a Libia, a Qatar. La institución nada puede hacer para evitar tal afrenta, salvo apelar a la colaboración decidida de la comunidad internacional. Usacka, muy implicada en la lucha contra la violencia doméstica y el tráfico de mujeres, rechaza las críticas contra la Corte con números en la mano y compara las cifras astronómicas que mueven el negocio de la trata de mujeres (entre los 5.000 y los 7.000 millones de dólares anuales) y el de las armas (1,16 billones de dólares en 2006) con el humilde presupuesto de la CPI: “20,6 millones de euros”.

Ella ha intervenido como juez en uno de los más graves conflictos africanos, el del Congo. Ni Usacka ni los otros cuatro jueces entrevistados para este reportaje pueden hablar públicamente de los casos que llevan entre manos. Cualquier comentario podría ser aprovechado por alguna de las partes. Pero lo cierto es que la Corte Penal lleva este caso, el primero que acometió, muy avanzado. El primer juicio ya ha comenzado.

Es el juez británico Adrian Fulford el que ha tenido la fortuna de presidirlo. Este abogado de larga experiencia en casos de terrorismo y crímenes sexuales en su país, considera que aquel primer día del juicio contra el congoleño Thomas Lubanga, el 26 de enero pasado, ha sido el momento más interesante de su actual ocupación. “Finalmente, después de tanto tiempo, pude visualizar lo que habíamos creado, ver lo que éramos capaces de hacer”.

Fulford no ha podido aprovechar su experiencia antiterrorista en la Corte Penal, pero sí tratar asuntos sobre los que confiesa tener un alto grado de sensibilidad: los abusos sexuales. Los crímenes de los que se acusa a Lubanga tienen mucho que ver. Por La Haya han pasado ya varios testigos, algunos de ellos, niños forzados en su momento a matar y torturar por orden de líderes guerrilleros como Lubanga. Jóvenes, hoy en día, que han producido escalofríos al relatar cómo mataban a cientos de personas y cómo las niñas y las jóvenes sufrían violaciones y torturas sistemáticas. “Creo que mi experiencia anterior me ha servido de ayuda para generar aquí el ambiente adecuado para las víctimas”, dice Fulford.

Adrian es el único Fulford de la familia que se ha dedicado al Derecho en una saga entregada casi por entero a la agricultura en su país. Abogado primero, juez después, Adrian Fulford se manifiesta satisfecho de su oficio, que le obliga a buscar una solución a los problemas que se le plantean. “Si la buscas, siempre hay una solución”, dice. “Me paso la vida intentando encontrar el veredicto correcto y buscando dónde está la línea de la verdad, de la justicia y la respuesta correcta. Es un privilegio”.

La prensa británica le destaca por ser el primer juez que ha confesado públicamente su homosexualidad, y también en este punto se siente un privilegiado; especialmente cuando se le recuerda que la homosexualidad es un crimen en casi 80 países y que en Latinoamérica se asesina a un homosexual cada dos días. “Son cifras tremendas y es muy importante que no olvidemos lo que ocurre en otros lugares. Yo tuve mucha suerte. Manifesté mi homosexualidad cuando ya se había producido el movimiento gay de liberación, y no sufrí la presión social que han vivido otras generaciones. Lo hice porque no estaba preparado para ser deshonesto y mentir a la gente sobre quién soy yo”.

Adrian Fulford, que exhibe un extraordinario y británico sentido del humor, no parece desmayar ante los sinsabores que produce una Corte Penal de jurisdicción limitada que lleva apenas seis años inventándose a sí misma. Confía en la justicia, aunque ésta sea lenta. “Siempre he dicho sobre este tribunal internacional que aquí se juega una partida larga y que, si no vemos inmediatamente ante los jueces a quien debiera estar, hay que tener confianza porque cuando el tiempo pase y las circunstancias cambien, entonces actuará la justicia. No podemos obsesionarnos con la ausencia de resultados inmediatos”.

Pero para que los tiranos y los señores de la guerra dejen de dormir tranquilos y, en cambio, las víctimas se animen a denunciar y a colaborar con la justicia, la Corte Penal Internacional necesita contar al mundo su labor, de forma muy especial en los lugares en los que puede llegar a creerse que la impunidad es la norma. La CPI es una empresa de apenas 700 trabajadores, y algunos de ellos recorren los escenarios de los más dramáticos conflictos del siglo XXI relatando como pueden los avances producidos en los casos de Uganda, Darfur, Congo y República Centroafricana. “A veces, nuestros enviados deben tomar nota por teléfono de lo que está ocurriendo en La Haya para luego contarlo a la gente, a las ONG o a los periodistas locales, pues en muchos de estos sitios no hay acceso a Internet”, explican en la Corte.

Para la juez ghanesa Akua Kuenyehia, esta labor es fundamental para generar en la gente la confianza de que los crímenes más atroces no siempre quedan impunes. Kuenyehia es uno de los tres jueces que firmaron la orden de arresto del presidente de Sudán. Dice que su familia era una privilegiada. En primer lugar, porque su madre era profesora en un país en el que se consideraba una pérdida de tiempo enviar a las jóvenes a la escuela. En segundo lugar, porque su padre era comerciante adinerado que tenía dos coches y chófer, una circunstancia que le produce risa cuando la recuerda ahora. Su padre murió joven y un tío dilapidó prácticamente la fortuna familiar, pero el oficio de su madre fue suficiente para salir adelante y dar estudios a la joven Kuenyehia, que creyó que sólo las mujeres africanas estaban discriminadas hasta que empezó a viajar fuera del continente.

Ahora es juez en La Haya de este primer tribunal penal estable de la historia, tras haber estudiado leyes y haber realizado un largo trabajo a favor de las mujeres, sobre todo en África. “Cuando recorría con abogadas las zonas rurales de mi país, muchas mujeres venían y me preguntaban si sus hijas también tenían la opción de convertirse en abogadas. Yo les decía que sí y que las enviasen a la escuela; que ése era el mejor apoyo”. Esta mujer confía ciegamente en la educación para salir adelante; especialmente, en la educación de las mujeres, porque sabe que de ellas depende que sus familias mejoren sus condiciones de vida. Ella amadrinaba cada tres años a una niña hasta ofrecerle educación superior. Ahora sus hijas han tomado el testigo y realizan una labor similar, pero más organizada, a través de la Fundación Akua Kuenyehia, a la que le gustaría dedicarse por entero el día que abandone La Haya.

Kuenyehia representa a África en la Corte Penal, donde las cuotas por sexo y zona geográfica se cumplen escrupulosamente. Sylvia Steiner representa a América, pero también, quizá, a las ONG, tan importantes para la creación de la Corte como la ONU o los 108 Gobiernos que han ratificado su estatuto (el de Roma, en 1998).

Steiner sabe que ella no era la candidata de su Gobierno para trabajar en La Haya. Esta fiscal de São Paulo se implicó en la creación de la Corte desde la organización Women Caucus for Gender Justice. Cuando vio que su Gobierno no era muy activo le pidió seguir trabajando como representante oficial. Más adelante, cuando se abrió el plazo de presentación de candidaturas para ser juez en La Haya, el Gobierno brasileño, que barajaba otro candidato, tuvo que rendirse ante la batalla planteada por la Comisión Justicia y Paz, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, Tortura Nunca Más y otras organizaciones, que querían a la luchadora Steiner en la Corte Penal.

“La presión fue grande y al final fui la candidata oficial. Fue bonito porque se trató de una victoria de la sociedad civil tras una larga disputa”, cuenta ahora Sylvia Steiner en el castellano que aprendió leyendo libros de leyes en español. Rodeada de las fotos de sus cuatro nietos, Sylvia Steiner asegura que la Corte Penal Internacional nunca eligió África como campo de operaciones. “Son los países como Uganda o Congo los que han acudido a nosotros porque sus instituciones están destruidas. Esta Corte no puede sustituir a las jurisdicciones nacionales que tienen capacidad para acometer un proceso”.

Steiner sigue preocupada por el retroceso de los derechos humanos a favor de la seguridad y la lucha antiterrorista, aunque ahora está más esperanzada que hace cinco años. “El debate es más abierto y creo que es saludable. Se habla más que antes de las torturas y las desapariciones forzadas, sobre todo en América Latina, así como de las leyes de amnistía”.

Su sacrificio personal consiste en vivir fuera de su hogar y sola, lo que no había hecho hasta ahora. Es algo de lo que se quejan también Song y Usacka. Su gratificación, formar parte de la historia de esta Corte en la que las víctimas participan como nunca. Ni siquiera en los tribunales creados ad-hoc para la antigua Yugoslavia o Ruanda. Aquí, a La Haya, han llegado muchas víctimas descalzas, sin la ropa adecuada, que nunca supieron hasta ahora cómo era un hotel.

Son circunstancias que conmueven a Steiner, Anita Usacka, Adrian Fulford… Ellos han hablado con El País Semanal mientras los trabajadores de esta institución gestionaban en secreto la llegada a La Haya de uno de los acusados del conflicto de Darfur, Bahr Idriss Abu Garda. El rebelde sudanés está acusado de crímenes de guerra cometidos contra cascos azules en septiembre de 2007. Declaró el 18 de mayo y tendrá que regresar en octubre. Es el primero que acude aquí voluntariamente. La orden de detención del presidente sudanés ha irritado a la Unión Africana, pero lo cierto es que la comparecencia de Abu Garda ha sido posible gracias a la colaboración de varios países africanos como Chad, Senegal, Nigeria, Mali y Gambia.

Conflicto de Uganda

Akua Kuenyehia trabaja en la sala de apelaciones, donde entran todos los casos, como los crímenes cometidos en el norte de Uganda por el Ejército de Resistencia del Señor (ERS), que ha secuestrado a 25.000 niños y atacaba aldeas y poblados sembrando el terror. La Corte ha lanzado cinco órdenes de arresto contra cinco presuntos jefes rebeldes, Cuatro están en fuga, y el quinto, muerto.

Terror en la República Centroafricana

Sang-hyun Song, también como juez de la sala de apelaciones, atiende casos como el de la República Centroafricana, el último que ha entrado en la Corte. Los crímenes de los rebeldes de 2002 y 2003 son especialmente crueles, con violaciones y matanzas sistemáticas. Gracias a la colaboración belga, el acusado Jean Pierre Bemba está encarcelado en La Haya desde 2008 y podrá ser juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Las atrocidades del Congo

Anita Usacka firmó la orden de arresto de dos señores de la guerra de la República Democrática del Congo. La devastadora violencia en la provincia de Ituri, rica en minas de oro, se saldó entre 1998 y 2003 con tres millones de muertos. Fue el primer caso de la Corte Penal y el que más avanzado está. Se han lanzado otras dos órdenes de arresto. Tres de los acusados están ya encarcelados en La Haya y un cuarto sigue huido.

La guerra de Darfur

Sylvia Steiner es una de las firmantes de la orden de arresto más polémica: la lanzada el pasado mes de marzo contra el presidente de Sudán, Omar Hasan Ahmad al Bashir, por la guerra en la provincia sudanesa de Darfur, que ha dejado 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados. Es la primera orden de detención de esta Corte contra un mandatario en ejercicio, lo que ha motivado la protesta de la Unión Africana. La Corte investiga la guerra de Darfur a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU y ha lanzado ya otras tres órdenes de arresto contra sendos acusados.

Juicio a Thomas Lubanga

Adrian Fulford preside el tribunal del primer juicio que se celebra en la Corte desde su creación en 2003. Es el de Thomas Lubanga, ex líder guerrillero. Se le acusa de reclutar forzadamente a niños menores de 15 años para guerrear en el conflicto que devastó la República Democrática del Congo. Lubanga, según la acusación fiscal, utilizó a centenares de niños. Ellos eran violados, y ellas, convertidas en esclavas sexuales.

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