Ley del servicio de defensa pública

Jueves, 14 de mayo de 2009

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley del servicio de defensa pública

LEY Nº 29360

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto de la Ley La presente Ley regula el marco jurídico del Servicio de Defensa Pública en los aspectos referentes a la finalidad, principios, funciones, modalidades, condiciones de prestación, organización y acceso al Servicio.

Artículo 2.- Finalidad del Servicio El Servicio de Defensa Pública tiene la finalidad de asegurar el derecho de defensa proporcionando asistencia y asesoría técnico legal gratuita, en las materias expresamente establecidas, a las personas que no cuenten con recursos económicos y en los demás casos en que la ley expresamente así lo establezca.

Artículo 3.- Principios generales El Servicio de Defensa Pública se presta en condiciones de efectividad, eficacia y calidad a favor de los usuarios y se rige por los siguientes principios:

a) Probidad El defensor público actúa a favor de los intereses del usuario, cumpliendo y exigiendo el cumplimiento, en todo momento, de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales, especialmente los referidos a la protección de los derechos humanos. Deben, además, desempeñar su labor de manera eficaz, permanente, continua y técnica.

b) Independencia funcional La defensa pública es ejercida con libertad y autonomía. En el ejercicio de sus funciones, el defensor público actúa según su criterio técnico, no pudiendo recibir presiones o instrucciones particulares para un caso.

Las instrucciones generales que dicte la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia se imparten únicamente con el propósito de lograr mayor eficacia en el acceso a la justicia y mejor organización del sistema de defensa.

c) Confidencialidad El defensor público debe guardar reserva o secreto de la información revelada por los usuarios o por terceros con ocasión del ejercicio de la defensa. La información así obtenida solo puede revelarla con el consentimiento previo de quien se la confió. Excepcionalmente, puede revelar aquella información que permita prevenir un acto delictuoso o proteger a personas en peligro.

d) Unidad de actuación El defensor público presta su servicio de manera continua y sin interrupciones, desde el inicio del caso hasta su conclusión definitiva, salvo razones de fuerza mayor. Cuando hubiera conflicto de intereses en la defensa en un mismo proceso o desavenencia con el usuario, este o el defensor público pueden solicitar el cambio de designación.

e) Gratuidad La defensa pública es un servicio que se presta en forma gratuita para quienes acrediten que no cuentan con recursos económicos y en los demás casos que la Constitución Política del Perú y la ley lo establezcan.

f) Desconcentración El Servicio de Defensa Pública se organiza de manera desconcentrada, manteniendo una visión sistémica e integral.

g) Diversidad cultural El Servicio de Defensa Pública se brinda respetando la naturaleza multiétnica y pluricultural de la Nación peruana.

Artículo 4.- Deber de colaboración Las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú prestan la colaboración requerida para el cumplimiento de las funciones del Servicio de Defensa Pública.

Las instituciones públicas están obligadas a prestar atención a los pedidos de informes y antecedentes que formulen los defensores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Capítulo II
Funciones y organización del Servicio de Defensa Pública

Artículo 5.- Funciones del Servicio Las funciones del Servicio de Defensa Pública son las siguientes:

a) Brindar asesoría y defensa gratuita a quienes no cuenten con recursos para contratar una defensa privada.

b) Establecer los mecanismos de verificación de la capacidad socioeconómica de los usuarios del Servicio.

c) Diseñar y mantener programas de información al público sobre los derechos de las personas y las garantías constitucionales, así como las condiciones y modos para acceder al Servicio.

d) Organizar el sistema de selección y designación de los defensores públicos y defensores públicos adscritos.

e) Las demás que deriven de la naturaleza de sus funciones, establecidas en el reglamento de la presente Ley.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Defensa Pública, promueve la celebración de convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas.

Artículo 6.- Organización del Servicio El Servicio de Defensa Pública se presta en todo el territorio nacional de manera desconcentrada. Está a cargo de la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia.

La Dirección General de Defensa Pública está a cargo de un director general y se organiza de acuerdo con los criterios de corporativización, especialización y separación de tareas administrativas y funcionales.

La Dirección General de Defensa Pública se encarga de proponer y ejecutar las políticas, programas y proyectos en el ámbito de su competencia, así como las demás que se establezcan en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 7.- De las direcciones distritales La Dirección General de Defensa Pública cuenta con una dirección distrital en cada distrito judicial, cuyas funciones, organización y ámbito de competencia se regulan en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 8.- Servicios de la defensa pública La Dirección General de Defensa Pública brinda los siguientes servicios:

a) La defensa penal pública, que brinda asesoría y patrocinio legal a las personas investigadas, denunciadas, detenidas, inculpadas, acusadas o condenadas en procesos penales, incluyendo a los adolescentes infractores de la ley penal.

b) Los consultorios jurídicos populares, que brindan asesoría y patrocinio legal a las víctimas de violencia familiar, violencia sexual, abandono moral y material, y a favor de los niños, niñas, adolescentes, ancianos y ancianas que resulten agraviados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y la familia; y a las personas de escasos recursos económicos en materia de Derecho Civil y Familia, según las condiciones establecidas en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 9.- Prestadores del Servicio El Servicio de Defensa Pública es prestado por las siguientes personas:

a) Defensores públicos, integrantes de la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia.

b) Defensores públicos adscritos, quienes son abogados colegiados que se incorporan al Servicio en virtud de convenios de cooperación celebrados con colegios profesionales y universidades. Estos no tienen relación laboral con el Ministerio de Justicia y se inscriben en un registro a cargo de este.

Artículo 10.- Requisitos para ser defensor público Para ser defensor público se requiere lo siguiente:

a) Ser abogado con colegiatura hábil.

b) Tener experiencia profesional no menor de dos (2) años, contados desde su colegiatura.

c) No encontrarse incurso en ninguna incompatibilidad para ejercer la función pública.

d) Hablar, en las zonas donde predominen, quechua, aymara o las demás lenguas aborígenes, según la ley.

e) No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

f) No contar con antecedentes penales.

g) Las demás que sean inherentes al cargo y que estén establecidas en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 11.- Derechos del defensor público Los derechos del defensor público son los siguientes:

a) Ejercer su labor con independencia y sin presiones de ninguna clase. La autoridad competente proporciona protección a los defensores públicos cuya seguridad personal sea amenazada.

b) Permanecer en el servicio mientras tenga buen desempeño.

c) Recibir capacitación adecuada para el óptimo desempeño de sus funciones.

d) Las demás que sean inherentes a su función y que estén establecidas en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 12.- Deberes del defensor público Los deberes del defensor público son los siguientes:

a) Ejercer la defensa de manera técnica, idónea y oportuna.

b) Asumir inmediatamente, con atención y diligencia, la representación legal encargada y no abandonarla hasta que se asegure un reemplazante.

c) Coadyuvar a la defensa de los derechos fundamentales y garantías procesales de sus representados e interponer los recursos y acciones de garantía que estime pertinentes, dando cuenta a la Dirección General de Defensa Pública.

d) Guardar la reserva o el secreto profesional.

e) Orientar al usuario en el ejercicio de su defensa material.

f) Fundamentar técnicamente los recursos, acciones o informes que presente a favor de los usuarios.

g) Mantener permanentemente informados a sus patrocinados sobre todas las circunstancias del proceso.

h) Observar en todo momento una conducta recta, guiada por los principios de probidad, lealtad y buena fe.

i) Las demás que sean inherentes a su función y que estén establecidas en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 13.- Régimen disciplinario, faltas y sanciones El régimen disciplinario tiene la finalidad de garantizar la adecuada prestación del Servicio y la idoneidad en el cargo.

Se consideran faltas de los defensores públicos las siguientes:

a) La defensa negligente.

b) El incumplimiento de sus deberes y obligaciones de acuerdo a ley.

c) Las inconductas éticas.

Las faltas pueden ser leves y graves, conforme a lo establecido en el reglamento de la presente Ley.

La sanción aplicada debe ser proporcional a la falta cometida y adecuada a su naturaleza, gravedad y grado de responsabilidad, según lo establecido en el reglamento de la presente Ley.

Estas pueden ser las siguientes:

1. Amonestación verbal.

2. Amonestación escrita.

3. Suspensión hasta por treinta (30) días sin goce de haber.

4. Cese hasta por doce (12) meses sin goce de haber.

5. Destitución.

Las sanciones disciplinarias las aplican el director general o el director distrital, conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la presente Ley.

Capítulo III
Beneficiarios del Servicio

Artículo 14.- Beneficiarios El Servicio de Defensa Pública se presta a favor de las personas de escasos recursos económicos que requieran defensa o asistencia jurídica, en los supuestos del artículo 8.

También se presta en los supuestos de defensa necesaria regulados por las normas procesales cuando el procesado no cuente con abogado o haya renunciado a la defensa y lo requiera el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público.

Artículo 15.- Gratuidad El Servicio de Defensa Pública es gratuito para las personas de escasos recursos económicos, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14. Para tal efecto, se entiende que una persona tiene escasos recursos económicos cuando no puede pagar los servicios de un abogado privado sin poner en peligro su subsistencia o la de su familia.

Se presume que una persona tiene escasos recursos económicos cuando:

a) Se encuentra desempleada o no tiene empleo o trabajo conocido.

b) Percibe, por cualquier concepto o modalidad, ingresos mensuales inferiores a una remuneración mínima vital.

Dicha presunción no es aplicable cuando del análisis de su situación económica se desprende que cuenta con patrimonio suficiente para solventar los costos de una defensa privada.

Las acciones, demandas o recursos que presentan los defensores públicos a favor de los usuarios se encuentran exonerados del pago de cualquier tasa o pago de arancel.

Artículo 16.- Verificación de la situación socioeconómica del usuario Para verificar la condición socioeconómica del beneficiario, es suficiente la presentación de la constancia expedida gratuitamente por las entidades públicas y privadas dedicadas a programas sociales, asistencia social o defensa de los derechos fundamentales, sin perjuicio de mecanismos de verificación aleatoria y fiscalización posterior que establezca el Ministerio de Justicia.

Sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo, el Servicio de Defensa Pública se presta de forma inmediata, sin esperar los resultados de la verificación.

Artículo 17.- Pérdida del beneficio de gratuidad El beneficio de gratuidad se pierde cuando:

a) Se compruebe que el usuario no cumple los requisitos para acceder a la gratuidad. En este caso, se le comunica que debe nombrar un defensor privado o pagar el costo del Servicio.

b) El beneficiario incurre en falsedad de la información proporcionada sobre su situación socioeconómica. En este caso, el usuario está obligado al pago del costo del Servicio.

c) Desaparecen las causas socioeconómicas que dieron origen al beneficio.

d) El usuario contrata o recibe el servicio de un defensor privado.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, mediante decreto supremo con refrendo del Ministro de Justicia, se aprueba un arancel del Servicio.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Arancel Mediante decreto supremo, con refrendo del Ministro de Justicia, se aprueba el arancel de derechos por el Servicio de Defensa Pública a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley, dentro de los noventa (90) días posteriores a su publicación.

SEGUNDA.- Régimen de contratación El vínculo entre el Ministerio de Justicia y los defensores públicos se rige por las siguientes disposiciones:

a) Los defensores de oficio que vienen prestando servicios a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley se denominan defensores públicos, quienes se sujetan a sus disposiciones.

b) Los defensores públicos bajo el régimen laboral de la actividad pública mantienen dicho régimen laboral.

c) Los defensores públicos que no se encuentren en el supuesto previsto en el literal b) se vinculan al Ministerio de Justicia mediante el régimen de Contratación Administrativa de Servicios.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Derogación

Deróganse la Ley Nº 27019, Ley que crea el Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, y los artículos 67, 68, 69, 70, 71 y el inciso 2 del artículo 229 del Código de Procedimientos Penales.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Vigencia La presente Ley entra en vigencia el 1 de enero de 2010, salvo lo dispuesto por la primera disposición complementaria y la presente disposición final, las cuales entran en vigencia al día siguiente de su publicación.

En el proceso de formulación presupuestaria para el Año Fiscal 2010, se deben prever los recursos necesarios en el Pliego Ministerio de Justicia a fin de ejecutar las disposiciones de esta Ley.

SEGUNDA.- Reglamento El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Justicia, expide el reglamento de la presente Ley dentro de los noventa (90) días posteriores a su publicación.

El reglamento establece la naturaleza, las funciones, las atribuciones, las obligaciones y los requisitos que deben cumplir el director general de defensa pública y los directores distritales.

Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintiún días del mes de abril de dos mil nueve.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN, Presidente del Congreso de la República

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENTO, Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de mayo del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ, Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO Presidente del Consejo de Ministros

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