Jurisprudencia del procedimiento administrativo

La Jurisprudencia administrativa es el resultado formal de la función del Derecho consistente en la interpretación de las reglas jurídico-administrativas, que se produce en su aplicación al caso concreto. Es expedida por los jueces o por las autoridades que resuelven una controversia o un conflicto de intereses dentro del ámbito del Derecho administrativo.

Es indiscutible la creciente importancia de la jurisprudencia como fuente del Derecho en general y del Derecho administrativo en particular. Siguiendo a Kelsen, no sólo la legislación genera el Derecho, debido a que la creación jurídica viene a ser el resultado de un proceso continuo de actos de concreción e individualización de las normas a un caso dado[1]. De allí es que, si bien en otro tiempo se ha dudado sobre el valor de fuente de la jurisprudencia, ahora ya no cabe discusión sobre el particular[2]. Para el Derecho administrativo, la jurisprudencia es una fuente de innegable trascendencia, que ha estado ligada desde siempre a su desarrollo. Ejemplo histórico y actual de esta íntima relación lo constituye el tribunal administrativo francés: Consejo de Estado.

Siguiendo a Iribarren, podemos apreciar las siguientes funciones de la jurisprudencia administrativa: (a) aclara el sentido del proceso legal oscuro o dudoso; (b) adapta el derecho escrito a las circunstancias de la realidad administrativa, y (c) contribuye a la sistematización del Derecho administrativo.

Podemos clasificar la jurisprudencia administrativa, considerando el órgano del cual emanan, propiamente jurisdiccional como el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, o administrativa jurisdiccional como el Tribunal Fiscal, los tribunales de organismos reguladores, Indecopi, etc.; considerando lo jurisdiccional en un sentido lato: “decir el derecho” pero de relevancia interpretativa y en tanto resuelven una controversia o un conflicto de intereses.

Hasta ahora, no existía en el Perú una obra de consulta que presentara a la Ley del Procedimiento Administrativo General a la luz de la jurisprudencia administrativa, que explicara sus alcances a través de los conflictos y controversias que se generan en su aplicación, esto es en el encuentro diario de administrados y autoridades.

No es en el nacimiento de una ley, sino en su aplicación confirmada o corregida jurisprudencialmente, en que saldrán a la luz las virtudes y, con seguridad, también los defectos de la nueva herramienta normativa. Es por ello que en la presente obra se ha otorgado notoria prioridad a la jurisprudencia, sea esta (en atención a un concepto amplio de la palabra) administrativa, judicial o constitucional. Nuestro libro contiene, pues, la síntesis de la profusa jurisprudencia que, desde el 2001, año de la publicación del instrumento legal procedimental, hasta la fecha, ha sido generada, tanto por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales administrativos: cerca de setecientas sumillas jurisprudenciales y un número significativo de jurisprudencias comentadas y presentadas a texto completo.

La jurisprudencia constitucional está constituida por las sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente sobre procesos de inconstitucionalidad y procesos de amparo. La jurisprudencia judicial, casi en su totalidad por sentencias sobre recursos de casación. En cuanto a la jurisprudencia administrativa, el origen y naturaleza del órgano resolutor es muy variada. Así, se ha recopilado las resoluciones que sientan doctrina emitidas por los respectivos tribunales administrativos de Cofopri, Consucode y Osce, Indecopi, Osiptel, Sunarp, Sunass y Sunat (Tribunal Fiscal), pero también se ha tenido en cuenta los actos administrativos generados por organismos públicos de primera o segunda instancia, de competencia nacional o descentralizada.

De este modo, el libro registra la aplicación jurisprudencial de la Ley del Procedimiento Administrativo General, esto es la forma en que se interpretan válidamente los enunciados normativos que contiene.


[1] Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, p. 305.

[2] Cossio, Carlos, La plenitud del ordenamiento jurídico, 2ª ed., Buenos Aires, 1947, pp. 196 y ss.

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