Reposición provisional en lo laboral

Referencia bibliográfica: Arbulú Alva, Luis: «Reposición provisional en lo laboral»; publicado en El Peruano el 20 de octubre de 2009, reproducido en Agenda Magna el mismo día.

Iniciativa lo admite a pedido de dirigentes, gestantes y discapacitados. Analizan nuevas reglas del proceso cautelar en demandas laborales

Por Luis Arbulú Alva,
Abogado laboralista. Especialista en Derecho laboral individual y colectivo. Además de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social.

No obstante la protección que la Constitución brinda a los derechos laborales, la actual Ley Procesal del Trabajo (Ley Nº 26636) no regula ni se refiere a un «proceso cautelar» en toda su dimensión, como lo hace el Código Procesal Civil (CPC), limitándose a la medida cautelar como incidente dentro de un proceso.

La norma vigente desconoce en el fondo el carácter alimentario de los derechos laborales, de impostergable percepción y la protección constitucional y legal que éstos tienen. Los legisladores, contradictoriamente, han preferido una regulación cautelar restrictiva para los derechos de naturaleza laboral y más amplia para la justicia civil; o sea, en la regulación de los derechos disponibles sí se ha considerado una adecuada regulación y una normatividad especial, a través de un proceso cautelar que permite un manejo más adecuado y oportuno de las pretensiones deducidas.

La actual Ley Nº 26636 señala en su art. 96 que «son procedentes en el proceso laboral las medidas cautelares que contempla esta ley». Esto ha llevado a interpretar que las únicas medidas cautelares que podrían ser solicitadas en el proceso laboral son las dos modalidades previstas expresamente: (i) embargo en forma de inscripción y embargo en forma de administración, como formas concretas de medidas para futura ejecución forzada; y, (ii) una medida de asignación provisional como medida temporal sobre el fondo, sea para el caso de impugnación de despido como para el de pago de beneficios sociales. Los requisitos de la pretensión suponen que el peticionario debe exponer los fundamentos y modalidad de la pretensión, indicando, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación, ofrecer contracautela y designar el órgano de auxilio judicial.

Analizando las medidas cautelares laborales vigentes se determinan las dos formas concretas de la medida para ejecución forzada, que estriba en el hecho que el embargo en forma de inscripción sólo procede sobre bienes inscritos, lo cual impide el embargo sobre bienes no inscritos, mientras que la forma de administración resulta onerosa y de difícil ejecución para el trabajador.

Se sostiene que si el proceso laboral debe proteger al trabajador, las medidas de cautela recogidas en la ley procesal especial no deberían ser las únicas que podría utilizar el trabajador para asegurar su pretensión. Se sostiene la aplicación supletoria del CPC en relación con las medidas cautelares que regula, tanto las nominadas como las innominadas; argumentando que los principios laborales del indubio pro operario o principio de favor en la duda y de función tuitiva del juez en materia laboral, además de la interpretatio a contrario sensu, aprueban su posición.

Decisión judicial

En la práctica judicial no existe jurisprudencia uniforme respecto a la aplicación o no de las medidas cautelares contempladas en el CPC, existiendo magistrados que las aplican en el proceso laboral de manera supletoria y otros jueces que se niegan a aplicarlas asumiendo una interpretación literal de la LPT.

Es así que en la interpretación y aplicación del art. 96 de la LPT existen dos posiciones generalmente adoptadas por los magistrados, esto es: (i) una interpretación restrictiva (solo aplican las tres medidas cautelares contempladas en la ley vigente) y (ii) la otra es una interpretación más abierta (siendo posible aplicar otras medidas cautelares reguladas por el CPC en tanto éstas no colisionen con la naturaleza de la regulación especial).

En esto no existe un criterio uniforme en la judicatura, según la exposición de motivos del proyecto de Ley Nº 982/2006-CR, presentado en el año para modificar la Ley Nº 26636.

¿Qué busca el proceso cautelar laboral?

La naturaleza del proceso laboral es distinta a la del proceso civil, toda vez que ha sido concebido para proteger las pretensiones generadas por la afectación contractual de una relación donde las partes son dispares y normalmente los derechos son irrenunciables. Por tanto, la función de las medidas cautelares no solo buscarán asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva, sino solucionar también un problema de alta sensibilidad para el ordenamiento jurídico por la particular configuración del conflicto laboral.

Propuestas

1 En el PLPT, el proceso cautelar laboral admite cualquier medida que sea idónea para asegurar la eficacia de la pretensión principal.

2 Así, cabe la medida especial de reposición provisional.

3 Si ésta es solicitada por un dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad no tendrá la necesidad de acreditar el peligro en la demora ni ofrecer contracautela. Le bastará acreditar su condición de tal al momento del despido y la verosimilitud de su demanda.

4 Se regula igualmente la asignación provisional.

Propuesta legal busca asegurar la eficacia de las pretensiones

El proyecto de Ley Procesal del Trabajo (PLPT), presentado por el Ejecutivo al Congreso, reconoce que el otorgamiento de medidas cautelares se rige por el principio dispositivo, pues establece que “A pedido de parte todo juez puede dictar medida cautelar, (…)”.

Sobre la oportunidad, la iniciativa señala que esto puede ocurrir “(…) antes de iniciado un proceso o dentro de éste (…)”, lo que marca una diferencia con la LPT que sólo permite iniciarla una vez empezado un proceso. Para el proyecto, el fin del proceso cautelar en materia laboral busca garantizar la eficacia de la pretensión principal.

A diferencia de lo que ocurre en la actual LPT, el proyecto considera que cumplidos los requisitos el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando siempre que ésta sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal.

Ante lo señalado, el juez puede dictar una medida cautelar de reposición provisional en caso de despido. Ello se da en dos supuestos: (i) general, si quien lo solicita cumple con los requisitos ordinarios; y, (ii) especial, si ha sido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o impedido, al momento del despido; o, b) el fundamento de la demanda es verosímil.

Es delicada la aplicación de esta norma por los efectos que podrían tener al interior del centro laboral. El juez debería tener la libertad de sustituir el pedido de la medida según la naturaleza de la falta, por el pago de una asignación u otra que tutele la pretensión.

El proyecto prescribe que si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservarán los efectos de la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia.

Por último, se regula la asignación provisional, como una medida temporal sobre el fondo al fijar que procede de modo especial en procesos en que se pretenda la reposición y también considerados en el reclamo de beneficios cuantificados. El monto será fijado por el juez, no pudiendo exceder de la última remuneración ordinaria mensual percibida, con cargo a la CTS.

Si la sentencia ordena la reposición, el empleador restituye el depósito más sus intereses y, en caso de ordenarse el pago de remuneraciones devengadas, se deducirá la asignación percibida.

2 comentarios en “Reposición provisional en lo laboral

  1. Dr. Luis Arbulú Alva me es grato dirigirme a usted soy estudiante de Derecho, quisiera poder contactarme con usted para profundizar un poco mas algunos temas en laboral y sobre todo dentro de las medidas cautelares, por favor si podría enviarme un numero o correo pa localizarlo.
    Atte.
    Ruth Salazar.

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