Introducción de El razonamiento fiscal

En forma cotidiana se observan en la Sociedad diversas conductas que generan la atención de la colectividad, debido al mayor impacto que producen. Nos referimos a los hechos considerados como comportamientos delictivos.

El Estado es el órgano de persecución de tales conductas, función constitucional que efectúa a través del Ministerio Público, institución autónoma integrada por fiscales de diferentes competencias e instancias. El Ministerio Público está dirigido por la Fiscalía de la Nación y los órganos deliberantes, los que establecen las políticas institucionales.

Es sólo en el ámbito penal donde el Fiscal analiza el carácter delictivo de las conductas mencionadas, que son de su conocimiento por criterios de competencia con el fin de decidir o no el inicio de la investigación. Esta decisión es expresión de su condición de titular del ejercicio público de la acción penal, facultad competencial que se realiza en todas las instancias del Ministerio Público, de acuerdo con las prerrogativas personales del implicado.

La mencionada labor de análisis, ejecutada por el Fiscal, se inicia luego de tener noticia de un hecho que puede ser penalmente relevante, función que se reproduce, con mayor intensidad, en el primer nivel de la estructura jerarquizada del Ministerio Público. La mayor carga procesal corresponde a las Fiscalías Provinciales, entre las que incluimos a las Fiscalías de Investigación Preparatoria, éstas últimas en proceso de implementación progresiva de acuerdo con el diseño del nuevo Código Procesal Penal.

Dicha función no es un proceso simple. El razonamiento fiscal dependerá de muchos factores. Aunque no se trata de una decisión judicial que resuelve un conflicto, no se puede negar que, al disponer el inicio de los actos de averiguación penal, se materializa una función de suma importancia por su dimensión constitucional y por los efectos que produce en la persona sospechada por dicha averiguación, sea un funcionario público o un ciudadano particular, sin dejar de tener en cuenta la posibilidad de constituirse en noticia de “primera plana” afectándose su imagen ante la colectividad, y en muchos casos produciéndose un daño irreparable.

En el razonamiento fiscal se puede encontrar, a diferencia del razonamiento judicial, elementos singulares, como el ámbito temporal. Podemos señalar así que, recibida la noticia de un delito, en el Fiscal se exige una calificación inmediata. Puede tratarse de un delito potencial o en flagrancia; de una u otra manera tiene que investigar prontamente. Todos los casos, sean o no complejos, en la variable temporal requieren una atención temprana o inmediata.

Cabe recordar la época en que los actos de terrorismo se realizaban en forma frecuente, cuando el Fiscal era transportado en los patrulleros. En tales circunstancias se recibía el requerimiento de presencia del Ministerio Público en determinados lugares, informándose sobre hechos que tenían características de delito. Al evaluarse la información resultaba, que en su gran mayoría eran falsas, siendo posible igualmente encontrarse con denuncias sobre hechos no reales o falsos.

La decisión del Fiscal debe responder a criterios de racionabilidad, debe efectuarse a la luz de la lógica acusatoria y garantista, que establece límites a la actuación de los órganos del Ministerio Público, que, en nuestro caso, se escenifica dentro de una vigorosa reforma del proceso penal.

La presente investigación se circunscribe al conocimiento del nuevo rol del Ministerio Público, en el escenario nacional, que incide en la atribución de competencia de dirección en la investigación preliminar en sede penal, y específicamente es un esfuerzo descriptivo inicial del razonamiento fiscal y los criterios que deben preceder a la decisión del inicio de dicha investigación, que constituirá el marco teórico, pretendiéndose hacer un breve análisis comparativo con la función desarrollada en los ministerio fiscales de países a los que se reconoce también su modelo acusatorio, para después, en un capítulo final, tratar la sospecha y los indicios, como elementos medulares en el razonamiento fiscal en la fase de la investigación de un presunto delito, informando sobre la verificación o no de la hipótesis planteada.

Los acotados cambios producidos por la Reforma introducen nuevas fases en el proceso penal, que modifican su estructura estableciendo un nuevo diseño del proceso. El nuevo Código Procesal Penal, vigente en algunos distritos judiciales de nuestro territorio nacional de acuerdo con los criterios de implementación progresiva, nos plantea cambios que responden a la lógica del sistema acusatorio, materializada en la dirección de la investigación preparatoria por el Fiscal, lo que se hace necesario esclarecer debidamente. Ello nos obliga a realizar un análisis de sus instituciones desde una perspectiva diferente; así, podemos señalar que sus fases principales se definen en la investigación preparatoria, fase intermedia y Juicio Oral, siendo la primera la que en forma exclusiva se ha encargado al Ministerio Publico en su condición de titular del ejercicio público de la acción penal y sobre quien recae la carga de la prueba, ineludible función de dimensión constitucional[1]. Es esta fase de la que nos ocuparemos en el presente trabajo, y esencialmente en el inicio de la investigación de todo hecho que revista caracteres de delito, en la que tienen capital importancia las justificaciones que debe brindar el Fiscal de Investigación Preparatoria sobre tal decisión en el marco de la argumentación bajo el Sistema Acusatorio.

Al hablar de la justificación de la decisión del Fiscal, entraremos en el ámbito de la teoría de la argumentación jurídica, en una perspectiva normativa, tema de relevancia en un sistema basado en el paradigma acusatorio. Es precisamente la capacidad para argumentar, la habilidad para ofrecer buenas razones a favor o en contra de una forma de aplicar derecho, la que va a establecer diferencias entre buenos o malos abogados, jueces y fiscales, sin descuidar que tales justificaciones tienen base jurídica y axiológica.


[1] Confirmándose de esta manera lo aseverado por Ferrajoli Luigi (Derecho y razón, Trotta, Madrid, 1995, pp. 52-53), en el sentido de que la separación del Juez y la acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás.

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