Protección de colaboradores con la justicia

Referencia bibliográfica: Ugaz Zegarra, Fernando: La prueba en el proceso penal, BLG, Trujillo (Perú), 2010.


1.   Aspectos generales

En muchas ocasiones, los testigos, peritos o cualesquiera colaboradores de la justicia, pueden mostrarse reticentes a declarar ante la autoridad. Esto puede deberse a muchas razones, pasando desde “el temor de sufrir represalias por parte de los imputados o de personas u organizaciones afines a ellos”[1], hasta el soborno por parte de los mismos. En tales circunstancias la actividad probatoria peligra.

El Estado adopta medidas con las que se protege la eficacia de la prueba en situación de riesgo, tratando de realizar así el objeto del proceso penal, que es la búsqueda de la verdad.

Con estas medidas se busca poner a salvo a testigos, peritos, agraviados o colaboradores ante un peligro considerable. Este peligro grave recae sobre la persona, la libertad o bienes de quien se pretenda amparar en ellas, su cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, descendientes o hermanos (247°).

Existen dos clases de medidas de protección, las generales y las especiales, las que varían según la clase de testigo al cual se protege. El Juez o el Fiscal, según corresponda, adoptará, aun de oficio, de acuerdo al grado de peligro, cualquiera de las siguientes medidas de seguridad (248°):

a. Medidas generales de protección.- Se dan desde el inicio del proceso penal hasta la finalización del juicio. Podrán consistir en la sustitución de la identidad y en la provisión de los recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupación, entre otros.

b. Medidas especiales de protección.- El derecho cautelar especial se refiere a la situación del testigo dentro del proceso, es decir, durante la audiencia ante el tribunal donde cumple su función de órgano de prueba. Estas vendrían a ser medidas especiales de protección. Estas medidas no se aplican siempre en todos los países, porque, como dice Mario Rudi, están “disconformes con esa opinión permisiva, y para despejar cuál es el rango de hermetismo legalmente permitido en el asunto, es prudente hacer un deslinde entre las circunscripciones del testimonio a puertas cerradas, del testimonio por video, del testimonio por oídas y del testimonio anónimo”[2]. Tales medidas son las citadas por Rudi, a la que podemos agregar el testimonio por videoconferencia, que admite nuestro nuevo Código.

2.   Medidas de protección

Este mismo Código prevé las siguientes medidas de protección:

  1. Protección policial: Se designa personal policial permanente en el domicilio del beneficiado y en sus desplazamientos cotidianos. También puede incluir el cambio de residencia a un lugar no conocido, el traslado del protegido a un local o vivienda especial y, de modo general, la ocultación de su paradero para todos los efectos (arts. 248°.a, del Código y 9º .a del Reglamento de Medidas de Protección de Colaboradores, Victimas, Testigos y Peritos).
  2. Cambio de residencia. Se otorga cuando le colaborador es amenazado en razón de su ubicabilidad domiciliaria (248°. b).
  3. Ocultación de paradero. Se dispone no revelar el paradero del beneficiado con esta medida. Por las mismas razones que la anterior (248°. c).
  4. Reserva de identidad y demás datos personales en las diligencias que se practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar, a fin de individualizar al sujeto, un número o cualquier otra clave[3] (248.d; arts. 22°. 2 de la Ley 27378 y 9°. b de su Reglamento). Debido a que el simple testimonio no prueba nada si no está corroborado con otras pruebas, no peligra el principio de contradicción.
  5. Utilización de cualquier procedimiento que posibilite su identificación visual normal en las diligencias que se practiquen (248°. e; y arts. 22°. 3 de la Ley 27378 y 9°. c de su Reglamento). Siempre ante el peligro de ser reconocidas por el acusado o cualquier allegado suyo, y de sufrir una ulterior represalia, pero, además, se prevé el no reconocimiento por parte de los medios de prensa, con los mismos fines.
  6. Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede de la Fiscalía competente, a la cual se las hará llegar reservadamente a su destinatario (248°. f; y arts. 22°. 4 de la Ley 27387 y 9°. e de su Reglamento).
  7. Utilización de procedimientos tecnológicos, tales como videoconferecias u otro adecuados, cuando peligre el declarante y se requiera preservar el derecho de defensa de las partes (248°. g, y art. 9°.d del Reglamento de la Ley 27378). Estas medidas se adoptaran para evitar que se ponga en peligro la seguridad del protegido, una vez desvelada su identidad y siempre que lo requiera la preservación del derecho de defensa de las partes en el proceso penal.

Las medidas adicionales son: a) Se evitará que los protegidos sean fotografiados o que de cualquier otro modo se le tome su imagen, procediendo al decomiso de las imágenes captadas, b) se les facilitará traslados en vehículos para las diligencias y un ambiente reservado para su uso exclusivo en las dependencias judiciales para su declaración, c) si el Fiscal estima que se mantiene el peligro grave, una vez finalizado el proceso, dispondrá la continuación de las medidas de protección, y d) excepcionalmente, el Juez, a pedido del Fiscal, podrá ordenar la emisión de documentos de nueva identificación y de medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo (249º).

Existen otras disposiciones adicionales para los mismos sujetos en los proceso por el delito trata de personas: “El Estado directamente, o en coordinación con otros Estados, organismos no gubernamentales y sociedad civil, proporcionan a las víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus familiares directos o dependientes como mínimo: la repatriación segura; alojamiento transitorio; asistencia médica, psicológica, social, legal, y mecanismos de inserción social”[4].

El Juez competente para el juicio se pronunciará sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o alguna de las medidas de protección adoptadas por el Fiscal o el Juez durante la investigación preparatoria o la etapa intermedia, así como si proceden o no otras nuevas (250°. 1).

Si alguna de las partes solicita motivadamente, antes del juicio oral o para actuar una prueba anticipada referida al protegido, el Juez evaluará la necesidad de otorgarlo. Ello no afecta garantías de protección (250°. 2).

Dentro del tercer día de la notificación de la identidad de los protegidos, las partes pueden proponer nuevas pruebas tendentes a acreditar alguna circunstancia que pueda incluir en el valor probatorio de su testimonio (250°. 3).

El afectado por una medida de protección dictada por el Fiscal, puede recurrir al Juez de la investigación preparatoria para que examine su procedencia (251º. 1). Suele suceder que el afectado por la medida de protección sea el acusado, puesto que se puede dificultar la tarea de su defensa; sin embargo, también puede ocurrir que lo sea el mismo sujeto sobre el que recae la medida, bien porque su alcance no le garantiza su protección o porque su aplicación es irrazonablemente excesiva, alterando innecesariamente su vida cotidiana.

Contra las resoluciones sobre medidas de protección procede la apelación, con efecto devolutivo (251°. 2).

Las medidas de protección a los órganos de prueba también están desarrolladas en la legislación chilena, en los arts. 78º. b, 308º y 322º de su Código. Ellos mencionan protección de testigos y de terceros involucrados, incluyendo, como nuestro Código, a peritos, colaboradores y agraviados.

El artículo 252° del NCPP está dirigido a los órganos estatales directamente, y en especial al Ejecutivo. Ordena reglamentar los alcances del título referido a las medidas de protección y definir el Programa de protección de agraviados, testigos, peritos y colaboradores de la justicia. Hay una norma reglamentaria, ya mencionada muchas veces, es la Ley N° 27378.


[1] SOLÉ RIERA, Jaime, “La tutela de la victima en el proceso penal”, Barcelona, 1997, pág. 109.

[2] RUDI, Daniel Mario, “Protección de testigos y proceso penal”, pág. 116.

[3] El Código chileno también prevé la ocultación del domicilio del testigo, pero tratándose de su identidad sólo se restringirá su conocimiento público, mas no ante el procesado. Ver HORVITZ LENNON, op. cit., pág. 282. En cambio, en Alemania, con la declaración de ocultación de la identidad, el testimonio sólo es incorporable al juicio oral mediante un testigo de referencia, ya no está disponible en el proceso; ver SCHLÜCHTER, op. cit., p. 125.

[4] Art. 7° de la Ley N° 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes, publicada el 16 de enero del 2006.

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