Delitos de lesa humanidad

LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y LAS OBLIGACIONES CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Autor: Augusto Medina Otazu[1][2]

I.- INTRODUCCION.

Recientemente el Tribunal constitucional emitió la sentencia en el caso Teodorico Bernabé Montoya, Expediente N.º 03173-2008-PHC/TC del 11 de diciembre de 2008, suscribiendo en mayoría los Doctores Vergara Gotelli; Mesía Ramírez, Calle Hayen y Álvarez Miranda. Con votos singulares los Doctores Beaumont Callirgos y Eto Cruz por un lado y por otro el Dr. Landa Arroyo.

Los antecedentes son: el señor Teodorico Bernabé Montoya presenta un habeas corpus para dejar sin efecto la decisión fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional del 14 de febrero de 2007, de formular denuncia penal en su contra por la presunta responsabilidad en las ejecuciones arbitrarias ocurridas en el establecimiento penal de El Frontón en junio de 1986. La Tercera Sala Especializada en lo Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima declara fundada el Habeas Corpus, declarando que la acción penal ha prescrito. Contra esa resolución se interpone un recurso de Agravio Constitucional la misma que es rechazada y luego se interpone un Recurso de Queja directamente ante el Tribunal Constitucional la misma que es declarada fundada y es por ello que el caso pasa al Tribunal Constitucional para su pronunciamiento.

Sin embargo la sentencia del Tribunal Constitucional suscrito en mayoría declara NULO el concesorio del recurso de queja y por consiguiente IMPROCEDENTE la queja de derecho e IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. Con ello es evidente que se genera cosa juzgada y opera la prescripción.

Sin embargo lo que se desarrollará en este artículo es saber en qué medida las decisiones jurisdiccionales internas pueden oponerse a las decisiones jurisdiccionales internacionales; más aún cuando la Corte Interamericana en la Sentencia emitida el 16 de agosto de 2000 recaída en el caso Durand y Ugarte, punto resolutivo N.º 7 ordeno al Estado peruano “hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables”.

El contenido de la sentencia y sobre todo los votos singulares, resultan interesantes sobre varios tópicos, pero el presente artículo abordará la institución de la prescripción y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

En el fallo de la Mayoría si bien no existe una interpretación de la prescripción o imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad, si expresa una limitación a la acción penal, en el fundamento 8: “Que por ello, este Tribunal considera que la sentencia de segunda instancia del presente proceso de hábeas corpus tiene la calidad de cosa juzgada, con efectos interpartes, en tanto se encuentre subsistente, pues quien se considere afectado por su contenido tiene expedita la vía del proceso de amparo contra amparo si los plazos procesales lo permiten.”

Sin embargo sin pretender ingresar “al fondo”, el fallo de mayoría si llega a ingresar al fondo, por cuanto se pronuncia por la cosa juzgada pero no se pronuncia por la prescripción. Es decir con cualquiera de estas dos instituciones se pretende concluir la investigación judicial de un delito de lesa humanidad.

Veremos que el análisis jurídico clave del fallo de la mayoría, se encuentra en el fundamento 14 al señalar que “(…) la justicia constitucional debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de los procesos constitucionales.” Vemos que el tema material esta subordinado al tema procesal y considero que ahí está el tema central del debate.

En su voto singular el Dr. Cesar Landa (fundamento 5.22) responde ante esa posición eminentemente procesal “no pueda asumirse una posición excesivamente formalista y de negación de la esencia misma de la justicia constitucional, como se hace en la resolución de la mayoría, cuando se limitan a pronunciarse únicamente por las cuestiones formales de improcedencia, evitando así dictar una sentencia de mérito.

Continúa el Dr. Landa señalando que Sería un contrasentido si una sociedad democrática tolerara la impunidad en nombre de disposiciones adjetivas que tienen otra finalidad.

II.- BRESEÑA HISTORICA DE LA PRESCRIPCION

Haremos una revisión histórica muy somera de la institución de la prescripción y la imprescriptibilidad de los delitos.

Existe la idea generalizada en el sentido de que el origen de la prescripción en el Derecho Penal se encuentra en la llamada “Lex iulia de Adulteris” que data de tiempo de Augusto en Roma, hacía el año 818 A.C., en ella se consigna un término de 5 años para la prescripción de ciertos delitos como son el adulterio, el entonces llamado “stuprum” y el lenocinio.[3] Por otro lado se afirma también que los griegos conocieron antes que los romanos la institución de la prescripción en atención a la defensa que hace Demóstenes cuando fue acusado por Esquines: “sin embargo, cuando era posible imponerme un castigo según las leyes, si había cometido una injusticia en la rendición de cuentas, en las denuncias, en otros procedimientos legales, lo dejaste pasar. En cambio, cuando soy inocente en todos los aspectos, por las leyes, por el tiempo transcurrido, por la prescripción, por haber sido juzgado muchas veces ya acerca de todos los asuntos, por no haber quedado convicto de ninguna injusticia contra vosotros, y cuando es lógico que la ciudad participe en más o menos grado de la gloria de unos actos sancionados por el pueblo ¿ahora me salen al paso?”. (…) [4][5]

Nada tendría de extraño el hecho de que hubiera trasmitido a la cultura romana, de donde resulta la lógica fundada de que al asimilar Roma la tradición helénica, le haya dado la forma institucional y sistemática que empieza a aparecer en la “Lex Iulia de adulteriis”. Lo anterior significa que Roma edifica sobre los cimientos puestos por la Grecia eterna.[6]

Es hasta la época de Diocleciano y Maximiliano (entre 302 y 294 AC) que se admite la prescripción de la perseguibilidad de los delitos, con ciertas excepciones. Estas son, en primer término, las que se refieren a términos de prescripción de cinco años, con base en la lex Iulia y otras relativas a delitos imprescriptibles, como el parricidio. En esta época la regla general establecía un término de prescripción de veinte años.[7]

Autores como Vera Barros, Garraud y Pessina, señalan que los términos de la prescripción “van desde los ya mencionados cinco años tratándose de adulterios, estupros o lenocinios, hasta los veinte cuando se trata de “crimina publica” y llegando a la imprescriptibilidad de los delitos considerados más graves como el parricidio, la suposición de parto y la apostasía”.[8]

Para Becaria, los delitos atroces que dejan en los hombres una larga memoria, sí están probados no merecen prescripción a favor del reo. Los delitos leves, en cambio deben prescribir para librar asi la incertidumbre de la vida de las personas. Fundamenta su criterio en la consideración objetiva del mal producido. [9]

Ferri rechaza la prescripción en absoluto para los delincuentes natos, locos y habituales (incorregibles), admitiendo únicamente para aquellos que no han demostrado peligrosidad, tales como los delincuentes ocasionales o pasionales. Además la prescripción resulta peligrosa para el orden social, constituye un premio para el que ha logrado eludir la acción de la justicia[10]

Garofalo exigía para la prescripción la transformación del delincuente; una transformación que hubiese hecho de él un ser sociable y útil. La prescripción debe excluirse para todos aquellos criminales que con su conducta ulterior han colmado el diagnostico de su incorregibilidad; exige que cada caso sea resuelto en vista de lo que la defensa social requiera.[11]

Hasta aquí puede notarse una diferencia entre aquellos delitos considerados graves y donde se aplica una prescripción más larga e incluso la imprescriptibilidad como mecanismo de protección del estado. Por otra vertiente van los delitos menos graves donde no existe limitación para la aplicación de la prescripción y donde no opera la imprescriptibilidad.

Los delitos de lesa humanidad, que se enmarcan dentro de los delitos más graves, han tenido un desarrollo en el siglo XX como una respuesta a un hecho histórico especialmente en Alemania. Mas adelante se desarrolla sus orígenes.

III.- LA PRESCRIPCION: ¿ES TEMA MATERIAL O PROCESAL?

Se debate en la literatura si las reglas sobre la prescripción tienen naturaleza material o procesal. Vera Barros señala entre una de las características “la distinción tiene influencia en lo que atañe a la forma de concluir el proceso. Según se admita su naturaleza procesal o material, la sentencia debe declarar la terminación del proceso por sobreseimiento o por absolución, respectivamente”.[12] [13]

a).- La prescripción como derecho material

Para Vera Barros, “sostiene que la prescripción es un instituto de derecho material, porque lo que caduca con el transcurso del tiempo es la pretensión punitiva del estado: su derecho a castigar en el caso concreto.[14]

Lo que se pierde por parte del Estado en estos casos, por razón del simple transcurso del tiempo, es el derecho mismo de perseguir y en su caso ejecutar la sanción, es decir, que hay una afectación al ius puniendi que impide al Derecho Penal alcanzar sus fines, sean estos represivos, reeducativos o tendiente a la readaptación social o resocialización del delincuente. [15]

Cuello Calon sostiene que transcurrido un largo período desde la perpetración del hecho delictivo, el recuerdo de éste desaparece, y los sentimientos colectivos que original la intranquilidad y la alarma, el deseo de dar satisfacción al ofendido, el afán de que el criminal pague su deuda, llegan a desaparecer por completo. De lo cual concluye que la sociedad solo debe castigar cuando perdura el malestar y la alarma causados por el hecho criminal.[16]

b).- La prescripción como Derecho Procesal Penal

La prescripción no es sino un impedimento u obstáculo puesto para la iniciación o prosecución de un procedimiento penal, sin anular o reprimir el derecho a castigar, que permanece intocado como facultad propia del Estado, pero sin la posibilidad de actualizarse en función del tiempo transcurrido. [17]

Sauer afirma que la institución de la prescripción no pertenece ya al derecho penal material, puesto que se trata de impedimentos procesales (impedimentos de persecución y de ejecución) que condicional mediante la solución de la querella penal. [18]

Welzel la prescripción de la acción tiene un carácter meramente procesal, vale decir es mero obstáculo para el proceso. [19]

Se ha sostenido que asignarle carácter material a la prescripción penal implica considerar al hecho punible, de cuya prescripción se trata, como no sucedido: Un hecho punible no se convierte en tal recién con el comienzo de la persecución concreta, sino por su absoluta y general conminación penal. Un delito, empero, tampoco pierde esa cualidad a través del mero paso del tiempo, asi como no puede ser despojado de su carácter injusto a través de un acto de gracia. La prescripción es tan solo un impedimento procesal para persecución de un hecho punible perpetuamente vivo como tal.[20]

c).- Posición Mixta

Mezger dice que el transcurso del tiempo excluye la posibilidad de persecución penal (la llamada prescripción de la persecución penal). La prescripción penal produce sus efectos material y procesalmente.[21]

Manzini refiriéndose a la prescripción de la acción señala que los dos ordenamientos jurídicos, materiales y formales, se confunden aparentemente en una zona constituida por normas e institutos de carácter mixto.[22] La prescripción no representa sino una renuncia del estado a la pretensión punitiva del estado o la efectiva potestad de castigar, esto es, contemplando el contenido material de la relación procesal o de la relación ejecutiva. [23]

IV.- LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

La concepción de los delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad aparecen conceptualizados a raíz de los horrores que le toco vivir al mundo especialmente en Alemanía Nazi.

Es asi que los antecedentes relativos a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se remontan a la recomendación que formulara la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa al Comité de Ministros, ante la posibilidad de que, cumplidos veinte años de la capitulación de Alemania, los Estados miembros declararan prescriptos los delitos contra la humanidad cometidos por integrantes del régimen nazi, por aplicación de sus legislaciones locales.[24]

El resultado de tal inquietud fue la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de lesa humanidad”, el 26 de noviembre de 1968 y ratificada por el Perú recién el 1 de julio del 2003 mediante Resolución Legislativa N° 27998 del 12 de junio del 2003.[25]

El derecho internacional consuetudinario establece que cierto tipo de crímenes internacionales son imprescriptibles[26]. Así por ejemplo, son imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. No obstante, hay que tener en cuenta que la imprescriptibilidad no se predica de todos los crímenes internacionales, pues no es un elemento inherente a toda infracción penal internacional y sólo se predica respecto de ciertos crímenes internacionales como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el apartheid (estos dos últimos son una modalidad específica de crimen de lesa humanidad). Así, la tortura y la desaparición forzada aun cuando son crímenes internacionales no son imprescriptibles per se, salvo cuando estos actos son cometidos dentro de una práctica a gran escala o sistemática, pues en ese evento, se convierten jurídicamente en otra entidad, a saber un crimen de lesa humanidad.[27]

El sacrificio de este principio (la prescripción) sólo puede entrar en consideración en situaciones excepcionales, y frente a las cuales la imprescriptibilidad aparece como el único recurso para la persecución de delitos de gravedad extrema cometidos por regímenes políticos en forma masiva y sistemática.[28]

El Preámbulo de la Convención contra

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