Comentarios al Decreto Legislativo 1097

Referencia bibliográfica: Herencia, Salvador: “Comentarios al Decreto Legislativo Nº 1097”; publicado en La Mula Website, el 9 de septiembre de 2010; reproducido en Agenda Magna, el 10 de septiembre de 2010.


1. El Decreto Legislativo No. 1097 tiene como propósito regular la aplicación de normas procesales para delitos que implican violación a los derechos humanos. Este Decreto fue elaborado por la Rama Ejecutiva, teniendo como fundamento la delegación de potestades dada por el Congreso en virtud de la Ley No. 29.548, para que se legisle sobre normas procesales y penitenciarias relacionadas al personal militar y policial investigado por presuntas violaciones a los derechos humanos.

2. El DL 1097 es una norma de carácter general, por lo que se podría demandar su inconstitucionalidad de acuerdo a lo establecido en los Arts. 200 y 203 de la Constitución. En este sentido, representantes del Congreso, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han manifestado públicamente la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

3. Uno de los puntos en debate es en torno al ámbito de aplicación del DL 1097. Dado que esta norma es de carácter procesal, ésta sola podría ser aplicable a los procesos que se encuentran en desarrollo. Por lo tanto, esta no tendría aplicación a casos con sentencia firme, sea esta condenatoria o absolutoria.

4. Aun en el supuesto que se argumentara que esta norma pudiese ser aplicable a los crímenes ocurridos en La CantutaBarrios Altos, entre otros, esta posición no sería admisible por dos hechos concretos: (i) las sentencias de la Corte Interamericana establecen órdenes específicas al Estado peruano para investigar y sancionar a los responsables en dichos fallos; y (ii) el Art. V del Código Procesal Constitucional peruano establece que las decisiones de los tribunales internacionales del cual el Perú es parte tienen carácter vinculante.

5. Esto significa que para la jurisdicción constitucional (y por consiguiente, a la Rama Judicial), surtiría el mismo efecto jurídico las decisiones de Barrios Altos La Cantuta, así como otros casos de la Corte Interamericana que no hayan sido llevados contra el Perú, tales como Almonacid ArellanoHeliodoro Portugal, entre otros.

Por ende, las reglas de derecho desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana para la persecución de crímenes internacionales serían igualmente aplicables (enforceable) para el Tribunal Constitucional, quien debería tener la última decisión, sea a través de una sentencia de constitucionalidad o un posible recurso de hábeas corpus.

6. Uno de los aspectos controversiales sobre esta norma es la posibilidad de que el ex-Presidente Alberto Fujimori solicite acogerse a los “beneficios” del referido Decreto Legislativo. En sentido estrictamente jurídico, el DL 1097 no podría ser aplicado dado que él es civil y no militar (explicación dada por el propio Ministro de Justicia en los medios de comunicación) y por el hecho que él fue procesado y condenado por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales, de acuerdo con los términos de la sentencia de extradición de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Si bien lo último es una posición discutible dado los términos empleados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú que lo condena a 25 años de prisión, en el caso que la defensa del ex-Presidente presente una solicitud para acogerse a esta norma, este argumento “leguleyo” podría ser incluido en la posición del Ministerio Público, así como aquellos referidos al derecho al debido proceso y el principio de legalidad.

7. La disposición transitoria del DL 1097 establece que la imprescriptibilidad para los crímenes de lesa humanidad es aplicable para el Perú desde el 9 de noviembre de 2003. Esta disposición reitera la declaración interpretativa presentada por el Estado peruano al momento de depositar el instrumento de ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra. Esta fórmula, similar a la adoptada por México, es una declaración que se convierte en la práctica en una reserva encubierta.

Dado que el Tribunal Constitucional no podía pronunciase sobre la constitucionalidad de una declaración interpretativa, al ser incluida dentro de una norma por parte del Ejecutivo, ahora sí se podría examinar la compatibilidad de esta disposición con las obligaciones internacionales del Perú no solo en materia de Derechos Humanos sino también en Derecho Internacional Público.

8. En mi opinión, los argumentos para considerar que dicha disposición transitoria es inconstitucional serían las siguientes:

(i)                 viola el Art. 18 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados por tener una declaración/reserva encubierta que va contra el objeto y propósito de la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra, la cual establece en su Art. I que dichos crímenes son imprescriptibles, “cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”;

(ii)               es contraria a los Arts. 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado que tiene jerarquía constitucional, dado que la interpretación que se le ha dado a estos derechos es que las normas nacionales no pueden ser empleadas con el fin de evitar la investigación y el procesamiento de presuntos responsables de haber cometido violaciones de derechos humanos; y

(iii)             va en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, especialmente los casos Barrios AltosLa CantutaAlmonacid Arellano, los cuales son vinculantes vía el Art. V del Código Procesal Constitucional.

9. En conclusión, la adopción de una norma que tiene incoherencias con las obligaciones internacionales del Estado solo puede ser entendido en el marco de una época electoral dónde las fuerzas armadas y policiales podrán ejercer su derecho a voto. Además, considero que al haber incluido como norma una declaración interpretativa, el Ejecutivo le ha dado la potestad al Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre la vigencia de la misma, y por ende, de la propia declaración presentada el 9 de noviembre de 2003.

10. Por otro lado, sí estoy de acuerdo con el hecho que hay procesos (no todos) en materia de derechos humanos que han sido innecesariamente prolongados por los órganos de administración de justicia. En algunos casos, no sólo en el Perú pero en otros países de América Latina, se ha (mal) empleado las normas de derechos humanos para minimizar el derecho de defensa, violando el principio de igualdad de armas.

11. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido ambivalente en asegurar los derechos de la defensa y del debido proceso de un procesado. Sin embargo, la opción del sobreseimiento para casos de violaciones a los derechos humanos adoptada en el DL 1097 no es la solución para un problema sistémico: el retardo en la administración de justicia.

8 de septiembre de 2010

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