Requisito especial en demanda del obligado a prestación de alimentos

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 29486

Por: Marco Antonio Celis Vásquez[1]

1.- INTRODUCCION.-

En el mes de Diciembre del año 2009, entró en vigencia la Ley número 29486, la misma que modificó el Código Procesal Civil, incorporando el artículo 565-A, el mismo que incorpora como un requisito especial  para la admisión de la demanda  de reducción, variación, prorrateo o exoneración de la pensión alimenticia, que el demandante obligado a la prestación de alimentos, acredite encontrase al día en el pago de la pensión alimenticia.

Así pues, antes de analizar tal modificación a la ley adjetiva, es necesario advertir la configuración legal de cada una de las variantes de la pretensión alimentaria:

Reducción de alimentos: Se encuentra prevista en el artículo 482 del Código Civil, prescribiendo que la pensión alimenticia se reduce según la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla.  Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones.

Variación de alimentos: Se encuentra prevista en el artículo 484 del Código Civil, según  el cual, el obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en forma diferente del pago de una pensión, cuando motivos especiales justifiquen esa medida.

Prorrateo de alimentos: Se encuentra previsto en el artículo 477 del Código Civil  según el cual, cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste, si perjuicio de su derecho a  repetir de los demás la parte que les corresponda.

Exoneración de alimentos: Se encuentra previsto en el artículo 483 del Código Civil, según el cual, el obligado a prestar los alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no puede atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desparecido en el alimentista el estado de necesidad. Tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad. Sin embargo si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobada o el alimentista esta siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente.

Así pues, con la entrada en vigencia de la ley 29486, se exige a cualquier deudor alimentario que pretenda accionar judicialmente, exoneración, reducción, variación o prorrateo de alimentos, acreditar encontrase  al día en la pensión alimenticia a la que estuvo obligado, posición parecida pero no similar al requisito de procedibilidad que se exige a la persona que pretenda accionar judicialmente divorcio por la causal de separación de hecho y cuyo sustento normativo se encuentra previsto en la ley 27495, y previsto en el artículo 345-A del Código Civil, pero que en el fondo entrañan diferencias sustanciales debido a la finalidad  distinta de cada acción y que paso a detallar.

2.- EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE EXIGIR ENCONTRASE AL DIA EN LA PENSION DE ALIMENTOS A LA QUE ESTUVO OBLIGADO EL ACREEDOR ALIMENTARIO IMPORTA DIFERECIAS SUSTANCIALES ENTRE LAS DISTINTAS VARIANTES DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA.

 

DESLINDE EN EL CASO DE LA  PRETENSION DE EXONERACION  DE ALIMENTOS

Es preciso remarcar que, dicho requisito de procedibilidad no vulnera en modo alguno el derecho a la tutela judicial efectiva, en el caso de la acción de exoneración de alimentos, por las razones que se detallaron en el Proyecto de Ley elaborado por el suscrito para modificar el artículo 483 del Código Civil y que fue acogido totalmente por nuestro parlamento y cuyo integro se anexa al presente. (Ver Proyecto de Ley presentado como anexo).

Sin embargo en el caso de las pretensiones de reducción, variación y prorrateo de alimentos, la situación real y concreta de los deudores alimentarios es  obtener una pensión alimenticia menor,  por cuanto consideran que la vigente resulta excesiva, y con su ingreso mensual el mismo que ha disminuido no pueden cubrir las necesidades del alimentista,  presentándose en la realidad las siguientes situaciones:

a)     Hay muchas personas a las que se le fijó una pensión alimenticia elevada cuando efectivamente percibían un ingreso alto, pero luego fueron despedidos, o pasaron a laborar a otra institución en donde perciben ingresos inferiores, debido a diversos factores (edad en el caso de entidades privadas, desempleo, quiebra de las empresas, etc.), y quienes por desconocimiento nunca plantearon la reducción de alimentos, hasta que se vieron involucrados en proceso penales de omisión a la asistencia familiar.

b)     Algunos deudores alimentarios, ante una sentencia en la que se fijó una pensión de alimentos, confiados en el letrado que los patrocinaba, “impugnaron el fallo fuera del plazo” o en muchos casos, el letrado por desidia e irresponsabilidad no impugnó la sentencia recaída.

c)      En la realidad existen miles de peruanos que han perdido el empleo, que han incrementado su carga familiar, y que actualmente se ven inmersos en proceso de omisión a la asistencia familiar, inclusive con ingresos a establecimientos penitenciarios.

En consecuencia, es importante antes de analizar la presunta inconstitucionalidad de la ley 29486, precisar claramente, qué concibe nuestro Tribunal Constitucional respecto del derecho a la tutela judicial efectiva.

3.- EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

La Norma Suprema, en el artículo 139º, establece los principios y derechos de la función jurisdiccional, consagrando el inciso 3º.  La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales.

El artículo 4 del Código Procesal Constitucional, establece que “se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona  en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente  oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”[2]

En consecuencia, el debido proceso parte de la concepción del derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva, y se concreta a través de las garantías que, dentro de un íter procesal diseñado en la ley, están previstas en la Constitución Política del Perú.

Rafael Saraza Jimena  plantea que el derecho a la tutela judicial efectiva despliega sus efectos en tres etapas, a saber: en el acceso al proceso y a los recursos a lo largo del proceso en lo que la doctrina conoce como derecho al debido proceso o litis con todas las garantías; en la instancia de dictar una resolución invocando un fundamento jurídico y, finalmente, en la etapa de ejecutar la sentencia.

En ese orden de ideas, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva puede tener lugar, entre otras situaciones, cuando se produce el rechazo liminar de una demanda invocándose una causal de improcedencia impertinente; con la inadmisión de un recurso ordinario o extraordinario; con la aplicación de la reformatio in peius; y con la ejecución  de la sentencia modificándose sus propios términos, o con su inejecutabilidad.[3]

4.- LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y SUS ALCANCES

Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se  busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia.

En el contexto descrito, considera el Colegiado Constitucional que, cuando el ordenamiento reconoce  el derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, prima facie, se sienta en la obligación de estimar favorablemente toda pretensión formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. No es, pues, que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un petitorio a través de la demanda, sino tan solo la posibilidad de que el órgano encargado de la administración de Justicia  pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado. En dicho contexto, queda claro que si, a contrario sensu de lo señalado, la judicatura no asume la elemental responsabilidad de examinar lo que se le solicita y,  lejos de ello, desestima, de plano, y sin merituación alguna lo que se le pide, en el fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que, por principio, tiene derecho todo justiciable, desdibujando el rol o responsabilidad que el ordenamiento le asigna. La tutela judicial efectiva no significa, pues, la obligación del órgano jurisdiccional de admitir a trámite toda demanda, ni que, admitida a trámite, tenga necesariamente que declararse fundada dicha demanda. Cabe también puntualizar que, para la admisión a trámite, el juez solo puede verificar la satisfacción de los requisitos formales de admisibilidad y procedencia señalados en la ley procesal; exigencias relacionadas con la validez de la relación procesal que, como sabemos, se asientan en los presupuestos procesales y en las condiciones de la acción; es decir, exigencias que tienen que ver con la competencia absoluta del juez, la capacidad procesal del demandante o de su representante, los requisitos de la demanda, la falta de legitimidad del demandante o del demandado e interés para obrar (asimila voluntad de la ley-caso justiciable). Se trata del ejercicio del derecho a la acción que no se identifica con la pretensión que constituye el elemento de fondo basado en las razones de pedir y que ha de significar la carga de la prueba.

Es en la sentencia donde el juez declara (dice) el derecho y no liminarmente; por ello, puede haber proceso con demanda desestimada en el fondo. Y es que, como lo expresa Peyrano, cualquiera puede demandar a cualquiera por cualquier cosa con cualquier dosis de razón.[4]

5.- RAZONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD

 

Es por ello que, luego de discernir pausadamente lo expuesto por el Tribunal Constitucional, resulta claro que, al exigir como requisito de procedibilidad a los deudores alimentarios en los procesos de reducción, variación y prorrateo de alimentos, se restringe abiertamente el derecho de acceder a la tutela judicial efectiva de los deudores alimentarios, pues aquellas personas que mantienen deudas inmensas (S/. 50, 000, 100, 000, etc.), nunca podrán acceder a  la jurisdicción si es que no están al día en dicha pensión, lo que por sí resulta contraproducente, por cuanto muchas personas o nunca podrían demandar reducción o tendrían que obtener préstamos para cumplir íntegramente la obligación, lo que significaría irónicamente que, sí pueden pagar la pensión alimenticia originaria, generando una distorsión respecto a la verdadera capacidad económica del demandado. .

Es por ello que, existe una diferencia sustancial entre la pretensión de exoneración y las de reducción, prorrateo y variación de alimentos, pues en la primera la exigencia de dicho requisito de procedibilidad, no es inconstitucional, por la finalidad que persigue, es decir,  se pretende exonerar del derecho de alimentos  al deudor alimentario, pero por el hecho de que el alimentista adquirió la mayoría de edad o ya no existe  estado de necesidad, es decir, allí NO SE OBJETA EL MONTO DE LA PENSION, sino simplemente se exige un derecho  contemplado en la norma, es decir, procede la exoneración  cuando el hijo llega a la mayoría de edad y éste no estudia satisfactoriamente, pero para acceder a tal derecho, el padre debe cumplir con la obligación de haber acudido puntualmente las pensiones alimenticias a la que estuvo obligado, pues no  había objeción respecto al monto y conforme se ha expuesto puntualmente en el proyecto de ley adjunto; mientras que en el caso de reducción, variación y prorrateo, el móvil consustancial es el MONTO DE LA PENSION ALIMENTICIA, lo cual resulta totalmente factible acceder a la jurisdicción, solicitando su reducción y a fin de  amparar una pretensión justa que no perturbe su economía, pues de lo contrario se estaría afectando seriamente a la familia, en consecuencia, concluyo tajantemente en el sentido de que, la Ley  29486, resulta manifiestamente INCONSTITUCIONAL, únicamente en el extremo que  exige como requisito de procedibilidad al deudor alimentario, en las acciones de reducción, variación y prorrateo de alimentos, estar al día en la pensión alimenticia a la que estuvo obligado, resultando  constitucional la exigencia de dicho requisito en las acciones de  exoneración de alimentos.

Trujillo, 07 de Diciembre del año 2011.

Anexo

PROYECTO DE LEY

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 483 DEL CODIGO CIVIL

 

                                                                           Autor: Marco Antonio Celis Vásquez[5]

_____________________________________________________________________

 

1.- EXPOSICION DE MOTIVOS

 

La Constitución Política del Perú, ha consagrado en el artículo 6, un Principio Fundamental sobre Derecho de Familia, referido a la “Paternidad Responsable”, pues indica que, la política nacional de la población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido el Estado asegura los programas de educación y la información adecuada y el acceso a los medios que no afecten la vida o la salud.

También consagra que, es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.

Asimismo el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado enfáticamente sobre el Derecho a la educación de los niños, como pilar fundamental de la construcción de los hombres que mañana decidirán nuestro destino.

Al respecto, el artículo 28, de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala expresamente que: Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos…d) hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas, e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

Es así que el Tribunal, en la Sentencia  052-2004-AA/TC, la cual se trata de la acción de amparo que interpone doña Martha Elena Cueva Morales a favor de su menor hijo J.J.C.C. de siete años de edad, y la dirige contra Richard Astiquilca Mayhuire, Director de la Escuela Primaria de menores número 5006, alegando que se le ha lesionado el derecho a  la educación del favorecido, pues el demandado se ha negado a ratificar su matrícula en el referido Centro Educativo.

Previamente el Tribunal precisa que, resulta indiscutible que, si efectivamente el demandado hubiera impedido que el beneficiario se matriculara para seguir en el siguiente año escolar, se habría afectado el derecho a la educación del favorecido; siendo que no solo se trata de un deber de los padres para con sus hijos, sino también un derecho (el de la educación) que cabe oponer y exigir al Estado. “Si la Constitución ha establecido que los padres tienen el deber de brindar educación a sus hijos, respecto al Estado ha declarado que éste está en la obligación de proteger especialmente al niño y al adolescente. Naturalmente esta protección especial implica primeramente la obligación de permitirle ingresar a un centro educativo, así como que se adopten todas las medidas necesarias y oportunas destinadas a impedir que “nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”. Evidentemente, se incumple ese deber especial, por ejemplo, cuando el Estado, a través de sus órganos y funcionarios competentes, niega a un menor la posibilidad de continuar sus estudios, sin existir motivos razonables para ello.

En esta resolución, el Tribunal resalta el valor instrumental del artículo 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, a tenor del cual: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atendrá será: El Interés Superior del Niño” .

Así pues, el Estado a través de todas sus instituciones y especialmente el Poder Judicial, debe velar por el cumplimiento del Principio de Paternidad Responsable, viabilizando la educación de todos los peruanos a fin de contar con ciudadanos instruidos, pues así se construye ciudadanos  con espíritu crítico y democrático.

2.- PROBLEMA DE LA REGULACON ACTUAL EN LOS PROCESOS SOBRE   EXONERACION DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA

 

Actualmente, el artículo 483 del Código Civil regula la exoneración de la obligación alimentaria, y referido a la facultad que tiene el obligado a prestar alimentos a pedir que se le exonere de su obligación alimentaria si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desparecido en el alimentista el estado de necesidad.

Tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial esta de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad.

Sin embargo si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobada o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente.

Actualmente, se presenta una situación de desamparo legal para aquellos menores alimentistas que llegaron a la mayoría de edad (18 años), y en forma inmediata su padre, solicita judicialmente se le exonere de seguir acudiendo con la pensión alimenticia en estricto cumplimiento de lo normado por el artículo 483 del Código Civil, pese a que adeuda pensiones alimenticias en algunos casos mas de cuatro o cinco años consecutivos.

Otro problema sustancial y muy común, es aquellos adolescentes que iniciaron sus estudios superiores universitarios y/o técnicos en alguna institución privada, inicialmente en forma satisfactoria y debido al incumplimiento de la obligación alimentaria de su padre, quien no ha cumplido con cancelar las mensualidades respectivas, lo que motivó que la institución privada superior, le impida rendir evaluaciones, generando que resulte inhabilitado en el ciclo correspondiente,  hecho que es aprovechado por el progenitor para presentar tales constancias como medio de prueba de que su hijo no cursa estudios superiores con éxito, cuanto tal situación se originó por el incumplimiento alimentario a la que él  estuvo obligado.

Ante ello, resultan inmediatas  las siguientes interrogantes:

  • ¿Cómo puede cursar estudios satisfactorios un niño o adolescente que adquirió la mayoría de edad, si su padre, desde que tenía 13 o 14 años, nunca le proporcionó la pensión a que estuvo obligado?
  • ¿Acaso el padre al adeudar pensiones alimenticias ascendente a periodos que inclusive superan cinco años, ha incumplido con el Principio de Paternidad Responsable?
  • ¿Es el padre irresponsable que adeuda pensiones alimenticias devengadas, el generador de un estado de necesidad en su hijo?
  • ¿Podrá acceder a alguna institución superior pública o privada un adolescente o mayor de de edad inclusive, cuando no cuenta con el recurso económico que su padre estaba obligado judicialmente a otorgarlo?

Las respuestas ante tales interrogantes resultan obvias, pues un alimentistas sin el apoyo económico de sus padres, no podrá acceder a ninguna institución superior ni siquiera de naturaleza pública, pues la educación demanda otros gastos, como movilidad, útiles, ropa, alimentación, vestido, etc., en consecuencia,  si su padre  quien estuvo obligado a otorgarle una pensión alimenticia, no lo hace y por el contrario, es renuente al pago de la pensión, adeudando largos periodos, no puede resultar “premiado” con el amparo de una pretensión sobre exoneración de alimentos interpuesta inmediatamente al cumplir su hijo los 18 años, tomando como argumento que éste no cursa satisfactoriamente estudios superiores con éxito, pues tal situación obedece a la irresponsabilidad del padre, generando en su hijo, un estado de necesidad.

Es por ello que, en la actualidad existe el criterio de amparar tales pretensiones, pues el artículo 483 del Código Civil, prescribe claramente que, tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial esta de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad, y solo subsistirá la pensión,  si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobada o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente.

Ante tal argumento legal, es que en muchísimos casos, se ha dispuesto la exoneración de pensiones alimenticias de personas  de 18 o 19 años, que no estudian y posiblemente no estudiarán, pues su padre nunca cumplió con su obligación alimentaria, adeudándole inclusive pensiones alimenticias de dos, tres, cuatro, cinco o más años.

3.- MODIFICACION AL ARTICULO 483 DEL CODIGO CIVIL SOBRE EXONERACION DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA

 

Es por ello, que a fin de tampoco perjudicar el derecho de una persona a solicitar la exoneración de la pensión alimentaria a la que estuvo obligado, conforme a los requisitos que exige el artículo 483 del Código Civil, debe exigírsele como requisito de procedibilidad, que el obligado previamente acredite estar al día en el pago de la pensión alimenticia a la que estuvo obligado.

Con ello se resguardará el derecho a la educación de los peruanos, se protegerá integralmente a los menores y futuros ciudadanos, pues tal espíritu de la presente propuesta, ya ha sido acogida por nuestro ordenamiento civil en materia de familia, pues no debemos perder de vista que el artículo 345-A del Código Civil, prescribe textualmente que:  “Para invocar el supuesto del inciso 12 el articulo 333, del Código Civil (divorcio por causa de separación de hecho), el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo”

 

Es decir, para invocar un derecho, previamente se debe cumplir una obligación, y mas aún si dicha obligación ha sido determinada judicialmente, en consecuencia, los jueces no pueden ser cómplices del incumplimiento del Principio de Paternidad Responsable, al exonerar de la pensión a un adolescente de dieciocho años que aun no cursa estudios, pese a que esta acreditado que su padre no ha cumplido con su deber de acudirle con la pensión alimenticia  a la que estuvo obligado.

 

4.- FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

 

La modificación del artículo 483 del Código Civil, se circunscribe  a exigir como requisito de procedibilidad, el cumplimiento íntegro de la obligación alimentaria,  únicamente para los procesos de Exoneración de alimentos, pues el fundamento del demandante, tiene un fundamento constitucional, el mismo que está referido a cumplir y hacer cumplir el principio de Paternidad Responsable, pues, si un ciudadano pretende se le exonere de la pensión alimentaría porque su hijo es mayor y no cursa estudios superiores con éxito, debe cumplir en primer lugar con su obligación alimentaria de manera íntegra.

PARA EXIGIR UN DERECHO SE DEBE CUMPLIR PRIMERO UNA OBLIGACION, y mas aún si esta obligación esta referida a una obligación alimentaria, la misma que tienen naturaleza tuitiva en todo el mundo y está reconocido como un derecho irrenunciable y preferencial a cualquier tipo de obligaciones.

 

5.- EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL

 

El efecto de la presente propuesta legislativa, implica modificar el artículo 483 del Código Civil, a efecto de adecuar su regulación actual en el proceso sobre Exoneración de alimentos y permitir a esta institución del Libro de Familia, cumplir su función de manera adecuada, sin atentar contra el derecho de los alimentistas  y violando el Principio de Paternidad Responsable, consagrado constitucionalmente.

 

6.- ANALISIS COSTO BENEFICIO

 

La presente propuesta legislativa no irroga gasto alguno al erario nacional; y por el contrario conlleva los siguientes beneficios:

a)     Se protegerá integralmente a los alimentistas.

b)     Se resguardará adecuadamente el cumplimiento del Principio de Paternidad Responsable, no avalando jurisdiccionalmente conductas irresponsables.

c)      Se impulsará el acceso a la educación superior de muchos alimentistas y por ende se contribuirá con el desarrollo educativo y de instrucción en nuestro país.

d)     Generará seguridad jurídica

e)      Subsana las deficiencias en el marco legal de los procesos de Exoneración de alimentos, cuando es solicitado por una persona que adeuda pensiones alimenticias.

 

7.- FORMULA LEGAL

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 483 DEL CODIGO CIVIL

 

Artículo Único

 

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 483 del Código Civil, en los siguientes términos:

 

Artículo 483 del CC

 

El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere de su obligación alimentaria si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desparecido en el alimentista el estado de necesidad.

Tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial esta de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad.

Sin embargo si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobada o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente.

Para tal efecto, el demandante debe acreditar que se encuentra al día en el pago de la pensión alimentaria a la que estuvo obligado.

Trujillo, 13 de Diciembre del año 2011


[1] Juez del Tercer Juzgado Civil de Trujillo y Profesor de Derecho de Familia en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.

[2] Sentencia el Tribual Constitucional, recaída en el expediente EXP N.°  0032-2005-PHCJUNÍN

[3] Doctrina constitucional aplicada en materia civil y procesal  civil, Madrid, Civitas, 1994

[4] Setencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente judicial número 763-2005-PA/TC, LIMA, su fecha, trece de abril de 2005

[5] Juez del Quinto Juzgado de Familia de Trujillo, Profesor de Derecho de Familia en la Universidad Privada de Trujillo.

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