Derecho de defensa

El derecho de defensa es el derecho constitucionalmente protegido de una persona, a presentar defensa en un proceso judicial o administrativo, con plenas garantías de igualdad y en todas las fases del procedimiento, por los cargos que se le imputan. El Tribunal Constitucional ha declarado que el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Dicho derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso[1].

[1] Auto Exp. Nº 03989-2014-PHC/TC-La Libertad, f.j. 9, visto el 10 de agosto de 2015.

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