Prueba directa

Prueba directa, que se identifica con la histórica, es aquella 1º) en la que el hecho principal que se pretende probar y del que depende la decisión surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni necesidad de raciocinio, del medio o fuente de prueba y 2º) es capaz por sí sola de fundar la convicción judicial sobre ese hecho, pues -hay que suponer, aunque no siempre se diga- la prueba versa directamente sobre el mismo. Por asimilarse la prueba directa a la histórica, los casos típicos de prueba directa son la testifical y la documental. (Gascón Abellán, Marina. Prueba de los hechos, en versión difundida por el magistrado Jean Claude Tron (Website), de México)

A quo

Locución latina que significa literalmente “desde el cual”. Se aplica al término o fecha que señala el inicio de un período o un proceso: “Carecen de la conciencia de lejanía histórica, tan necesaria para disponer de un término a quo respecto del cual considerarse decaídos” (DzCorral Rapto [Esp. 1953-74]). Se opone a ad quem (ad quem) (DPD). Se dice del juez inferior cuando su resolución ha sido objeto de recurso ante el superior (GTDPC).

Derecho de defensa

El derecho de defensa es el derecho constitucionalmente protegido de una persona, a presentar defensa en un proceso judicial o administrativo, con plenas garantías de igualdad y en todas las fases del procedimiento, por los cargos que se le imputan. El Tribunal Constitucional ha declarado que el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Dicho derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso[1].

[1] Auto Exp. Nº 03989-2014-PHC/TC-La Libertad, f.j. 9, visto el 10 de agosto de 2015.

Abogado de oficio

Un abogado de oficio es el jurista asignado por el juez a una parte, ordinariamente carente de recursos (rae). Puede ser asignado también por el organismo administrativo de defensa legal gratuita. Según el Tribunal Constitucional, la designación de un defensor de oficio no puede constituir un acto meramente formal que no brinde una adecuada tutela al contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa[1]. Véase Derecho de defensa.

[1] Auto Exp. Nº 03989-2014-PHC/TC-La Libertad, f.j. 9, visto el 10 de agosto de 2015.