Abuso de posición dominante

Se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible de no ostentar dicha posición.

El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en conductas de efecto exclusorio tales como:

  1. Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servicios;
  2. Aplicar, en las relaciones comerciales o de servicio, condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales condiciones;
  3. Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos;
  4. Obstaculizar de manera injustificada a un competidor la entrada o permanencia en una asociación u organización de intermediación;
  5. Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia o similares, que resulten injustificados;
  6. Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o procedimientos administrativos, cuyo efecto sea restringir la competencia;
  7. Incitar a terceros a no proveer bienes o prestar servicios, o a no aceptarlos; o,
  8. En general, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a una mayor eficiencia económica.

La Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas se aplica inclusive cuando la posición de dominio deriva de una ley u ordenanza, o de un acto, contrato o reglamento administrativo.

Las conductas de abuso de posición de dominio constituyen prohibiciones relativas.

No constituye abuso de posición de dominio el simple ejercicio de dicha posición sin afectar a competidores reales o potenciales.[1]

[1] Art. 7º de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, Decreto Legislativo Nº 1034, publicado el 25 de junio de 2008.

Posición de dominio

Se entiende que un agente económico goza de posición de dominio en un mercado relevante cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad, debido a factores tales como:

(a) Una participación significativa en el mercado relevante.

(b) Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios.

(c) El desarrollo tecnológico o servicios involucrados.

(d) El acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministro así como a redes de distribución.

(e) La existencia de barreras a la entrada de tipo legal, económica o estratégica.

(f) La existencia de proveedores, clientes o competidores y el poder de negociación de éstos.

La sola tenencia de posición de dominio no constituye una conducta ilícita.[1]

[1] Art. 6º de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, Decreto Legislativo Nº 1034, publicado el 25 de junio de 2008.

Mercado relevante

El mercado relevante está integrado por el mercado de producto y el mercado geográfico.

  1. El mercado de producto relevante es, por lo general, el bien o servicio materia de la conducta investigada y sus sustitutos. Para el análisis de sustitución, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, las preferencias de los clientes o consumidores; las características, usos y precios de los posibles sustitutos; así como las posibilidades tecnológicas y el tiempo requerido para la sustitución.
  2. El mercado geográfico relevante es el conjunto de zonas geográficas donde están ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto Para determinar las alternativas de aprovisionamiento, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, los costos de transporte y las barreras al comercio existentes.[1]

[1] Art. 6º de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, Decreto Legislativo Nº 1034, publicado el 25 de junio de 2008.

Silencio administrativo

Se denomina silencio administrativo a la falta de respuesta de la Administración a una petición formulada por el administrado. Según la legislación, el silencio administrativo puede tener un efecto positivo, admitiéndose la petición, o negativo, denegándosela.

Sobre el silencio administrativo negativo se pronuncia la Corte Suprema en los siguientes términos:

Décimo Primero: De las normas citadas en los considerandos que anteceden se puede colegir que, el vencimiento del plazo para resolver un recurso impugnatorio o la inercia de la administración, provoca el llamado silencio administrativo negativo, y con ello se genera el derecho del administrado para accionar judicialmente; lo que no significa que ineludiblemente se obligue al referido administrado a solicitar tutela jurisdiccional en el plazo establecido de tres meses, luego de vencido el término de treinta días que tiene la administración para pronunciarse sobre el pedido administrativo; puesto que tiene también la alternativa de aguardar a que la administración cumpla con su obligación de resolver, bajo responsabilidad.

Décimo Segundo: Del mismo modo, el numeral 188.5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General prescribe ciertamente que: “El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación”, ello revalida lo anteriormente dicho, ya que la norma no ha previsto plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa, en caso de producirse silencio administrativo negativo. Sin embargo la Sala Superior toma como referencia la fecha en que se produjo el silencio administrativo negativo para computar el plazo perentorio que tuvo el demandante para impugnar judicialmente el acto administrativo.[1]

[1] Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, Casación Nº 2039-2012-Del Santa, publicada el 30 de enero de 2014.