Peculado

“[…] el delito de peculado se configura cuando el sujeto activo — funcionario o servidor público— se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo; la particularidad de este delito es que tanto el objeto de percepción, administración o custodia son los caudales o bienes pertenecientes al Estado y además el deber positivo se origina en base a una relación funcional específica por razón del cargo encomendado, por ello, no cualquier funcionario o servidor público puede incurrir en delito de peculado, sino que es necesario, para que opere el comportamiento típico de apropiarse o utilizar, que los bienes se hallen en posesión del sujeto activo en virtud a los deberes o atribuciones de su cargo […]”.

(R. N. 4894-2208, Ejecutoria Suprema emitida el 23 de marzo de 2010)

Procesamiento penal de un particular por delito de peculado

Referencia bibliográfica: Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00910-2008-PHC/TC, Sobre procesamiento penal de un particular por delito de peculado; vista el 21 de mayo de 2008; reproducido en Agenda Magna el 3 de febrero de 2009.


EXP. N.° 00910-2008-PHC/TC
LIMA
JULIO CÉSAR
VERA ABAD

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de mayo de 2008, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Freddy Jesús Rivera contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 158, su fecha 20 de noviembre de 2007, que declara infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de mayo de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Julio Vera Abad, y la dirige contra el titular del Sexto Juzgado Penal Especial, señor Saúl Peña Farfán. Asimismo, con fecha 22 de junio de 2007 el recurrente amplió el petitorio de la demanda, dirigiéndola además contra el titular del Tercer Juzgado Penal Especial, señor Marco Lizárraga Rebaza. Alega la vulneración del principio de legalidad penal, así como de su derecho a la tutela procesal efectiva, en conexión con la libertad individual.

Refiere que el beneficiario viene siendo procesado por ante el referido Sexto Juzgado Penal Especial (Exp. N.º 8262-2000), por la presunta comisión del delito de peculado en grado de complicidad y que se ha dispuesto orden de captura internacional en su contra, así como orden de impedimento de salida del país mediante resolución de fecha 12 de marzo de 2004, que fue confirmada por resolución expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 10 de noviembre de 2004 (Exp. N.º 758-03). Manifiesta también que el Tercer Juzgado Penal Especial emplazado le ha iniciado proceso penal por la presunta comisión del delito de peculado, en calidad de cómplice, mediante auto de apertura de instrucción de fecha 9 de marzo de 2001 (Exp. N.º 17-2001), imponiéndole mandato de detención y disponiendo asimismo orden de captura internacional así como impedimento de salida del país. Alega que las resoluciones emplazadas vulneran los derechos invocados del favorecido porque el referido delito de peculado que se le imputa, al tratarse de un delito especial, que puede ser realizado únicamente por un funcionario público, no puede ser imputable a un particular.

Realizada la investigación sumaria el demandante se ratifica en todos los extremos de la demanda. A su turno el juez del Sexto Juzgado Penal manifiesta que su labor al momento de calificar la denuncia fiscal se ha realizado con imparcialidad y con arreglo a ley, habiéndose realizado la investigación penal contra el beneficiario sobre la base de los elementos de prueba existentes en la mencionada denuncia fiscal. Por su parte el titular del Tercer Juzgado Penal Especial afirma que el auto de apertura de instrucción dictado por su despacho, y mediante el cual se le inició al favorecido proceso penal N.º 17-2001 por la presunta comisión del delito de peculado, se encuentra debidamente motivado, toda vez que de conformidad con el principio de accesoriedad limitada recogida en el artículo 25 del Código Penal, los cómplices que dolosamente presten auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, serán reprimidos con la pena prevista para el autor, siendo aplicable dicho dispositivo al caso del beneficiario; teniendo en cuenta además que los delitos cometidos por funcionarios públicos pueden ser realizados con el auxilio de particulares, como en el caso de autos.

El Quincuagésimo Primer Juzgado Penal para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de Lima, con fecha 27 de agosto de 2007, declaró infundada la demanda por considerar que: a) el inicio de la instrucción seguida en contra del favorecido se ha realizado con sujeción al debido proceso y al principio de legalidad penal; b) la medida cautelar dictada contra el favorecido se encuentra debidamente motivada, considerando además que éste se encuentra fuera del país; c) el recurrente pretende cuestionar las resoluciones que ordenan la captura y el impedimento de salida del país del favorecido sobre la base de la ausencia de tipicidad del delito de peculado respecto de la conducta realizada por el beneficiario, señalada por el Poder Judicial de Chile -lo que además motivó el rechazo del proceso de extradición- cuando dicho análisis corresponde ser merituado por el juez competente del proceso penal; además de que la determinación de la responsabilidad penal implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, por lo que corresponde ser analizado por el juez penal y no por el juez constitucional.

La Sala Superior competente recurrida confirmó la demanda por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La demanda de hábeas corpus está dirigida a cuestionar los procesos penales N.º 8262-2000 y N.º 17-2001, seguidos contra el favorecido por la presunta comisión del delito de peculado, por considerar que se viene vulnerando el principio de legalidad penal. El recurrente afirma que resulta vulneratorio del referido principio el considerar a un particular como partícipe del delito de peculado, toda vez que se trata de un delito especial.

Análisis del caso concreto

2. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que aquellas pretensiones dirigidas a cuestionar la aplicación de una norma de rango legal, así como la labor de subsunción de los hechos investigados en el tipo penal correspondiente, deben ser declaradas improcedentes toda vez que son aspectos que corresponden dilucidar al juez ordinario en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución y la ley. Solamente se podrá efectuar, de manera excepcional, un control constitucional sobre una resolución judicial por afectación del principio de legalidad penal, en concreto en aquellos casos en los que, al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, el juez penal se aparte del tenor literal del precepto o cuando la aplicación de un determinado precepto obedezca a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazonables, incompatibles con el ordenamiento constitucional y su sistema material de valores (Cfr. STC. Exp. N.º 2758-204-PHC/TC, caso Luis Bedoya de Vivanco, fundamento N.º 8).

3. Es preciso indicar, además, que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en un caso similar al que motiva la presente sentencia, es decir, en el que se ha alegado que el procesamiento penal de un particular por delito de peculado en calidad de partícipe constituye una interpretación de la ley que excede el marco legal y en consecuencia vulnera el principio de legalidad penal (lex stricta). En efecto, en la ya referida sentencia recaída en el expediente N.º 2758-2004-PHC/TC (caso Luis Bedoya de Vivanco) este Tribunal señaló que aquella interpretación del tipo penal de peculado según la cual podía imputarse la comisión de dicho delito en calidad de partícipe a quien no detente la calidad de funcionario público, no resultaba vulneratoria del principio de legalidad penal ni colisionaba con el sistema de valores consagrado por la Norma Fundamental. Es por ello que, la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS., LANDA ARROYO, MESÍA RAMÍREZ, VERGARA GOTELLI, BEAUMONT CALLIRGOS, CALLE HAYEN, ETO CRUZ, ÁLVAREZ MIRANDA


TC: debe evitarse impunidad en delitos de corrupción

Referencia bibliográfica: Nota de Prensa Nº 010-OII/TC: “TC declara que se debe evitar la impunidad de los delitos de competencia del sistema anticorrupción”; publicado en Tribunal Constitucional Website el 29 de enero de 2009; reproducida en Agenda Magna el 3 de febrero de 2009.


 

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) desestimó la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de Julio César Vera Abad en contra de los juzgados especiales penales que tienen a su cargo el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado en agravio del Estado.

La demanda invocaba la violación del principio de legalidad, al haberse considerado a Julio César Vera Abad como cómplice de un delito especial (peculado) que sólo puede ser realizado por un funcionario público. El TC al resolver dicha demanda (Expediente N° 0910-2008-PHC/TC) rechazó esta posición, por considerar que el procesamiento penal de un particular por delito de peculado, en calidad de partícipe y que no ostenta la calidad de funcionario público, no vulnera el principio de legalidad ni colisiona con el sistema de valores consagrados por la Norma Fundamental, ratificando así el criterio establecido en el caso Luis Bedoya de Vivanco (Expediente N° 2758-2004-PHC/TC).

El Tribunal Constitucional precisa que el delito que se le imputa al favorecido forma parte del conjunto de conductas ilícitas de competencia del sistema judicial anticorrupción, las mismas que por su modo de perpetración han merecido el repudio generalizado de la sociedad, y que si la autoridad judicial chilena ha rechazado el pedido de extradición de Julio César Vera Abad, resulta plausible que el Poder Judicial proceda a revisar la calificación de los hechos que se le imputan en aras de viabilizar su extradición y posterior juzgamiento, impidiendo una eventual impunidad.