Ilusión de justicia

Referencia bibliográfica: Ramírez Varela, Lilia: “Ilusión de justicia: más sobre los decretos legislativos 1097, 1094, 1095 y 1096”; publicado en Justicia viva Website, el 9 de septiembre de 2010; reproducido en Agenda Magna en la misma fecha.


Declara el Presidente: “[…] a mí no me van a venir con amnistías ni esos cuentos a esta altura de la vida” (El Peruano, 09/09/2010), como último argumento para sustentar que el decreto legislativo 1097 no se aplica al grupo Colina, y que si se interpreta correctamente la norma es útil y constitucional, pese a todas las opiniones contrarias emitidas por instituciones nacionales e internacionales. El jurista Alan García y el Ministro de Justicia llegaron a esa conclusión luego de un amago de renuncia del último. Sin embargo, la realidad es otra. Parece que poco les importó que este decreto genere privilegios ilegales a integrantes de las Fuerzas Armadas y busque la impunidad de crímenes de guerra, prescribiendo o sobreseyendo causas que han esperado tanta justicia.  Los pedidos de sobreseimiento (cese del proceso) de los Colina no se hicieron esperar.

Quienes estamos acostumbradas a ver las leguleyadas de los abogados/as de estos procesados no esperábamos menos. Y ciertamente, no confiamos —aunque esperamos equivocarnos—en que todos/as los/as jueces/as vayan a aplicar tan bondadosa interpretación para un conjunto normativo que te lleva a pensar todo lo contrario[1]; sobre todo teniendo a un Ministro de Defensa y a las Fuerzas Armadas presionando para que sus integrantes dejen el banquillo de los acusados, por más pruebas y evidencias en contra de éstos.

Por ello, la Fiscalía ya aprobó la Directiva Nº 01-2010 que pide la inaplicación del D.L. 1097, dado que “tiene los efectos de una sentencia absolutoria y que ello propiciaría la impunidad”. Así, se ha ordenado que “los representantes del Ministerio Público en todos los casos tienen que actuar de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales, del TC y la CIDH” (La República, 09/09/2010). Una decisión que saludamos y apoyamos.

Más bien, estamos a la espera de un pronunciamiento parecido de parte del Poder Judicial, pero hasta ahora, una semana después de la emisión de estas leyes, no se oye padre de sus máximas autoridades. Nunca fue más prioritario un Acuerdo Plenario, y preocupan —pero no sorprenden— las declaraciones de su Presidente, Javier Villa Stein, coincidiendo con la posición del gobierno al tratar el tema: “Ahí me parece que hay una mala interpretación de la norma. Esa norma se está anticipando a otras cosas más bien” “no vamos a iniciar una carrera a la impunidad ni una carrera a la persecución indefinida” (Andina, 07/09/2010).

A su vez, la posición del gobierno en relación a este decreto no sorprende. Su abierto apoyo sólo busca confundir a la ciudadanía que no entiende adecuadamente el detalle de procesos y la complejidad de las normas, tal como ocurrió en 1995, año en que haciendo uso de las peores argucias legales y del peor lenguaje leguleyo, se emitieron y se defendieron las leyes amnistía. Ahora, quince años después de la dación de esas normas se aprueban otras con el mismo fin. Para nosotras es claro que el gobierno aprista no quiere eliminar obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, sino todo lo contrario: crea normas para complejizar aún más este tipo de casos que ya bastante son, por la materia, el tipo y número de procesados.

Sobre esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clara: “preocupa a la CIDH la posibilidad de que en virtud de este decreto queden en la impunidad cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado que atravesó Perú en las décadas de 1980 y 1990. En especial, teniendo en cuenta que la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo de Perú han planteado reiteradamente que el Poder Ejecutivo ha obstruido el avance de estos juicios […] han alegado que el Estado no ha asignado suficientes recursos a las Fiscalías para procesar estos casos, y que órganos vinculados al Poder Ejecutivo, en especial el Ministerio de Defensa, se han negado a entregar información, incluso en casos en que les fue requerida judicialmente” (ver: comunicado de Prensa Nº 10/90 CIDH).

Decretos 1094, 1095 y 1096: FFAA empoderadas

Los problemas no sólo son del decreto legislativo 1097. Junto a esta terrible norma que beneficia indebidamente a militares y policías acusados, se han emitido otros decretos que han aprovechado para “blindar” legalmente a los militares que a futuro cometan nuevas violaciones de derechos humanos o incurran en delitos comunes (ver: Los decretos de la impunidad y el blindaje). Estos son los decretos 1095, 1094 y 1096.

Estas normas generan mayores riesgos para el respeto de los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que participen en acciones de protesta, o que puedan verse afectados como consecuencia de la actuación de las fuerzas armadas en contra de grupos subversivos.

Por ejemplo. En el decreto 1095 que establece reglas de uso de la fuerza por parte de las FFAA, llama la atención la amplia delimitación de competencias del Fuero Militar Policial, en el sentido de establecer que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas, en aplicación del presente Decreto Legislativo o en ejercicio de su función, son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial” (artículo 27°). Es decir, todas las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos que los miembros de las fuerzas armadas pudieran cometer en el control del orden interno, serán competencia de la justicia militar. Un escándalo.

Junto a ello, el 1096 y 1094 se refieren al fuero militar y policial. Mientras el 1096 sigue manteniendo como jueces a militares en situación de actividad, el 1094 pone en vigencia un nuevo Código de Justicia Penal Militar Policial (CJPMP). La parte más grave de esta nueva normatividad es que se haya vuelto a incorporar y tipificar supuestos de delito de función que en el año 2006 fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, expulsados del ordenamiento jurídico.

Debido a ello, la incorporación de estos tipos penales (un total de 21) ya extraídos del marco jurídico significan el incumplimiento de la Constitución y las normas internacionales por dos razones: (i) se viola el derecho al juez natural, porque con esta norma se otorga competencia a jueces que no tendrían por qué tener facultades para desarrollar cierto tipo de procesos por integrar el fuero militar policial, en tanto que la jurisdicción competente es la ordinaria; y (ii) porque el gobierno con la dación de estas normas incumple varias sentencias del Tribunal Constitucional: explícitamente la 0012-2006-PI-TC, ratificada posteriormente en el caso Linares Torres (02284-2007-HC/TC, del 2 de septiembre del 2008), además del Exp. Nº 0017-2003-AI/TC, en relación al concepto de delitos de función.

Además de esta re-incorporación, se han agregado “nuevos delitos de función” que no son otra cosa que delitos comunes: devastación (artículo 81º), saqueo, apropiación, destrucción (artículo 82º) y otros (arts. 83º al 87º). Se llega incluso a establecer la muerte como un agravante de los “delitos de función” de devastación y de saqueo, apropiación y destrucción (artículo 33.17º).

Dalmo de Abreu indicaba que había que tener en claro que “para la real protección judicial de los derechos humanos no es suficiente, y por lo contrario es peligroso, sólo cumplir formalidades judiciales, tener apariencia de protección judicial, que adormece la vigilancia y que no es, todavía, más que una ilusión de justicia”[2]. Y eso es lo que sucede con la actual configuración de la justicia militar policial.

Regreso al pasado

La lección de lo ocurrido parece que duró sólo hasta diez años después de terminada la dictadura de Fujimori. Hoy tenemos ante nuestros ojos nuevas normas que buscan la impunidad para militares perpetradores de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, y otras leyes que blindan el futuro actuar de las fuerzas armadas empoderando a una ilegal justicia militar, permitiéndoles juzgarse entre ellos por delitos como: usurpación, devastación de la propiedad privada y hasta homicidio.

Qué dirán ahora los y las familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca, El Santa y más de cien casos. No creo que la frase del presidente García: “a mí no me van a venir con amnistías ni esos cuentos a esta altura de la vida”. Más bien, la indignación regresa. Es una tragedia que nuevamente nuestros gobernantes nos quieran negar el derecho a la verdad, parece que piensan que en Perú la justicia es privilegio de algunos/as y sólo una ilusión para otros/as.


[1] Ya hay una primera resolución archivando el proceso contra Agustín Mantilla y el Comando paramilitar Rodrigo Franco. Señala que estos crímenes no constituyen de lesa humanidad, y por lo tanto ya habrían prescrito. No se utiliza como fundamento legal el D. L. 1097, pero es muy raro que se atreva a sacar un fallo de ese tipo basándose en argumentos parecidos a la 1ª disposición final y transitoria del famoso decreto (La República, 08/09/2010).

[2] De Abreu Dallari, Jurisdicciones nacionales y derechos humanos, en: Jornadas internacionales contra la impunidad, Ginebra, Comisión Internacional de Juristas y Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia, 1993, p. 209.

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